Alejandro Deustua
30 de dic de 2004
En los últimos días la estabilidad hemisférica ha sido fuertemente alterada. Mientras la subregión andina se uniformiza hacia abajo en términos de gobernabiliad política luego de la reciente crisis peruana, en el Caribe el levantamiento contra el presidente Aristide proyecta renovada inseguridad en toda esa cuenca. A pesar de ello, en el Pacífico sur suramericano la posibilidad de establecer un nuevo equilibrio estratégico comienza a emerger menos por la alteración significativa de la capacidad militar peruana que por la voluntad nacional de apuntar a ese objetivo.
A la luz de una historia de violencia, que nace con la independencia en 1804, y de pobreza estructural (80%), el problema de Haití no puede considerarse como circunstancial. La confrontación civil, cuyo motivo inmediato se encuentra en el fraude de las elecciones parlamentarias del 2000, no sólo agudiza la crisis humanitaria en ese Estado inviable, sino que puede generar una nueva ola migratoria desestabilizadora de los vecinos e indeseada en Estados Unidos.
Peor aún, de no controlarse a tiempo, la crisis de seguridad haitiana puede desembocar en una guerra faccional en la que las partes ya no puedan identificarse como oficialista ni de oposición, contagiar la violencia a los países centroamericanos cuyos procesos de pacificación no se traducen aún en progreso e incrementar un vacío de poder en el corazón del Caribe que puede ser llenado por fuerzas del narcotráfico y del narcoterrorismo. Ello, sin contar la fuerte intestabilidad que el conflicto va a producir en regímenes excéntricos como el cubano o especialmente vulnerables como el dominicano.
En el lado de la solución desde fuera, la OEA ha decidido respaldar a Aristide y llamar a la oposición a deponer la violencia, mientras resalta el plan de paz del Caricom (la opción por una solución política que encargue el gobierno a un Primer Ministro y que permita al Presidente culminar su período, fórmula conocida por los peruanos acompañada de desarme y regulación de la movilización callejera). La ONU, a su vez, afirmará su rol en el terreno pero repaldando la acción de los organismos regionales. La preferencia multilateral en el manejo de esta crisis evidencia, además, de una expresión de seguridad colectiva, un par de novedades. En primer lugar, la negativa de los Estados Unidos a intervenir en Haití (por ahora). Ello revela tanto indisposición norteamericana a estirar más su sobrextensión militar como la vulnerabilidad política de la Casa Blanca en un año electoral.
La indisposición de Estados Unidos a tomar más riesgos, a pesar de tratarse de un área geopolítica de primera importancia, dice mucho de esa vulnerabilidad o de las lecciones aprendidas en Irak.
En segundo lugar, se destaca el interés de Francia en contribuir militar y políticamente a la solución del problema en su ex colonia alegando presencia hemisférica (Guyana, algunas dependencias caribeñas). Este no ha sido rechazado indicando flexibilidad de las grandes potencias en relación a las zonas de influencia tradicionales de cada una. La participación abierta francesa en la zona de influencia estadounidense puede ser interpretada como una forma de compensar la intervención norteamericana en zonas de influencia europeas. Ello desafía la tendencia a los regionalismos en materia de seguridad y abre las puertas para un rol extrazona mayor entre los miembros de la OTAN.
Mientras tanto, en el Pacífico sur ocurre todo lo contrario a los procesos de desestabilización caribeño y andino. La decisión peruana de adquirir -con clamorosa demora- dos fragatas Lupo manteniendo la opción por dos más y la disposición a recuperar (que no es lo mismo que repotenciar) parte de la flota de la FAP, indica que nos estamos moviendo hacia la obtención de un nuevo equilibrio en la zona estrechando la brecha estratégica con Chile (al respecto, aún falta optar por restablecer la capacidad de enrolamiento y la modernización del Ejército, entre otros requerimientos). Ello es bueno para ambos países, en tanto la asimetría extrema entre las partes tiende a generar desconfianza a pesar de los esfuerzos diplomáticos para lograr lo contrario. La aspiración a ese equilibrio -que se ubica en el ámbito disuasivo en ambos países- debe venir acompañada de inversión en tecnología en el Perú -lo que debe ser parte del paquete que se negocie con los proveedores- y de una disposición peruano-chilena a cooperar dentro de la región (operaciones conjuntas, p.e.) y fuera de ella (a través de las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU, p.e.), aun en el marco de la competencia. Ello contribuirá a la estabilidad hemisférica ahora debilitada.