Alejandro Deustua
15 de feb de 2010
La organización interamericana por excelencia –la OEA- necesita renovarse con urgencia y revertir el proceso de pérdida de representatividad e influencia coincidente con la proliferación de organismos regionales en las últimas décadas.
Ello es especialmente urgente en nuestro hemisferio, América, en el que la creación de nuevos organismos regionales, como Unasur, han acelerado el proceso de fragmentación hemisférica cuya marcha ha estado inspirada, por no pocos de sus fundadores, en la quiebra del sistema interamericano y en la confrontación con Estados Unidos.
Como resultado, la OEA es hoy un foro que puede producir considerable estruendo pero escasos resultados en las tareas fundamentales de promover la seguridad colectiva, el desarrollo y la democracia representativa entre otros más específicos establecidos en el artículo 2 de su Carta constitutiva.
En efecto, la redefinición del sistema de seguridad colectiva está estancada en la OEA por la inoperatividad del proceso iniciado a principios de la década de los 90, la promoción del desarrollo ha sido postergada (dejándolo a cargo de organizaciones como el BID mientras se abandonaba el proceso de promoción del comercio intrarregional con el fracaso del ALCA), y el gran avance del régimen de defensa colectiva de la democracia representativa realizado hasta el 2001 ha sido fuertemente revertido.
Si ésta es la situación actual de uno de los organismos regionales más importantes del mundo inmediatamente después de la creación de la ONU en 1945, la autoridad a cargo de su más alto puesto ejecutivo (el Secretario General) debería tener claro que el sistema en el que ese organismo se asienta debe recomponerse. Especialmente si la OEA tiene la tradición, la presencia y la práctica multilateral que puede resarcir, parcialmente, la considerable pérdida de poder relativo de la mayoría de sus miembros.
Esa tarea no estaría exenta de potencial de poder si se logra activar en ella a la única superpotencia, a dos de las cuatro BRIC (México y Brasil), a cuatros miembros de la OCDE (Canadá, Estados Unidos, México y Chile), a cinco miembros de la APEC (Perú. Chile, Canadá, Estados Unidos y México) y a dos miembros de la OPEP (Ecuador y Venezuela).
Y si la fragmentación ideológica y estratégica es el impedimento fundamental para esa recuperación, pues el Secretario General debería poder plantearse ese problema para, primero, atenuarlo procurando disminuir la dinámica divisionista y para, luego, incrementar mínimos niveles de cohesión que reflejen intereses comunes elementales.
Lamentablemente, éste no ha sido el rol del actual Secretario General en su primer ejercicio (desde el 2005). A ello se ha agregado su predisposición a legitimar la fragmentación mediante una cierta propensión a favorecer las iniciativas de los miembros del ALBA, el insuficiente debate sobre la readmisión de Cuba, el manejo ideológico de la crisis hondureñas (donde promovió la aproximación coercitiva sin evaluar adecuadamente la crisis) y la indisposición a llamar la atención del Consejo o de la Asamblea General por la flagrante violentación de los términos de la democracia representativa en varios países del área (que han evolucionado hacia la democracia directa y de allí a la “democracia” delegada” y al autoritarismo en ciertos casos cercanos a la dictadura).
Frente a esas realidades que algunos hemos expuesto antes, el Secretario General sólo ha reaccionado al resumen planteado por el Washington Post. Y lo ha hecho otra vez de manera ideológica: según esa autoridad, estas imputaciones provienen del golpismo hondureño.
Si ello revela error de juicio, nada lo muestra mejor que la activa participación del Secretario General en la reciente campaña electoral chilena. Primero, intentando definir espacios para una eventual candidatura y luego, tomando partido abierto por uno de los candidatos.
Con ello, el Secretario General confirmó que su parcialidad en el ejercicio del cargo no sólo ocupaba el ámbito interamericano sino que involucraba a su propio país de origen (y su propio interés político) en contraposición con lo que se espera de un funcionario internacional que debe responder sólo a la Organización que lo ha elegido (art. 119 de la carta de la OEA).
Este hecho revela que no todo hombre de Estado puede ser un buen gestor de un organismo internacional. El actual Secretario General sin duda ha sido un hombre de Estado. Tanto que ha ejercido las carteras más importantes de su gobierno bajo diferentes mandatarios. La medida de su influencia radica en el hecho de que quizás nadie como él ejerció tantas funciones de alto nivel.
Es más, antes de ello fue un excelente académico. Pero esos magníficos antecedentes no lograron producir en su gestión la separación de su particular percepción del interés nacional del que prioriza la comunidad internacional.
Si a pesar de toda su brillantez, el actual Secretario General de la OEA ha mostrado que tiene un diferente entendimiento de los intereses hemisféricos percibiéndolos como fuertemente ligados a su personal ideología y a su particular comprensión del proceso político de su país, no debería postular para la reelección al más alto cargo de la OEA. Y menos cuando el sistema internacional ha ingresado en una intensa redistribución del poder mundial agravando los problemas de inserción de los miembros del sistema interamericano.
Y si lo hace en ausencia de otros candidatos (lo que revela la inercia autodestructiva de la OEA), los Estados miembros deben asegurarse de obtener garantías explícitas de que el Secretario General corregirá su comportamiento.