Alejandro Deustua
16 de mar de 2007
Si el narcotráfico se sustenta en una compleja red de múltiples funciones, varios de sus agentes, directa o indirectamente comprometidos, acaban de iniciar en Perú y Bolivia una campaña política para lograr la legitimación local internacional de su insumo principal: la coca ilegal.
Veamos. En el Perú el denominado "paro cocalero" de Tocache, que es en realidad una amenaza violenta contra el Estado, no sólo ha logrado imponer una peculiar negociación al gobierno sino que ha comprometido la capacidad coercitiva de su autoridad.
En efecto, la organización cocalera ha logrado comprometer, inicial e inaceptablemente, un instrumento básico de la lucha contra el narcotráfico (la erradicación), ha conseguido, preliminarmente, la incorporación de su organización a la gestión de la fiscalización de la hoja de coca (que, en el ámbito del empadronamiento, corresponde a Enaco) y ha materializado la interlocución de un emisario débil (el ministro de Agricultura) que sustituyó la función del ministro del Interior bajo cuyo comando se encuentra el Corah (la entidad erradicadora).
La rectificación posterior del ministro de Agricultura precisando que la suspensión de la erradicación en realidad tenía plazo (10 días que no figuran en el acta correspondiente) y la afirmación de que el gobierno no ha abandonado esa función, sólo confirma la debilidad con que se enfrentó esa negociación. Ésta es mayor si se la contrasta con las seguridades brindadas, un par de días atrás, por el Presidente, quien afirmó que la erradicación voluntaria y la forzosa eran instrumentos que el Estado no dejaría de aplicar.
A esa muestra de vulnerabilidad se agrega la disposición del gobierno de admitir una cierta participación cocalera en la tarea de fiscalización en un contexto en que la autoridad de Enaco no se ha librado aún de su eventual traslado a Cuzco (región donde la autoridad local se ha mostrado inclinada a favorecer la legalización de la coca ilegal).
Pero si el Ejecutivo ha mostrado aquí debilidad (que ya había sido anunciada por Devida a través del escamoteo de la erradicación que fue subordinada en el capítulo de interdicción del plan antidrogas de esa entidad), el Legislativo acaba dar muestras de similar fragilidad en la materia.
En efecto, el Congreso ha aceptado que su foro sea empleado, por iniciativa de una parlamentaria andina electa por la organización cocalera, para discutir la "despenalización" de la coca con el propósito de socializar su consumo y su producción.
El hecho de que la propuesta de "despenalización" haya logrado acceder al foro parlamentario otorga status inicial a la pretensión cocalera que, luego de superar su discusión "académica", probablemente se someterá a la discusión legislativa. Ciertamente, el Congreso es libre de discutir lo que se desee. Pero en este caso se está haciendo uso de su ámbito para hacer proselitismo a favor de lo que ahora es un delito (la inacción frente a la existencia de la coca ilegal) contraviniendo la ley local e internacional.
Como si ello no fuera suficientemente preocupante, la discusión que se llevará a cabo en el foro parlamentario contará con la eventual presencia del embajador de Bolivia que, según la convocatoria, intervendría en el panel correspondiente. Si, con anterioridad, otro representante diplomático andino había participado en foros de propaganda a favor de la "despenalización" de la coca, ello había ocurrido en ámbitos académicos. Si ello fue cuestionable, la participación del embajador en el Congreso constituiría un acto de intervención en asuntos internos. Ello sería aún más grave cuando la materia en cuestión está vinculada a la seguridad nacional.
Pero el despliegue de la actividad diplomática boliviana en el Perú puede comprometer también nuestra política exterior. En efecto, es noticia pública que el gobierno de Bolivia se apresta (probablemente en mayo) a retomar la campaña de "despenalización" sobre la base de un estudio que, luego de ser presentado al Organización Mundial de la Salud, requeriría de su anuencia para proseguir el proceso "despenalizador" en otros foros de la ONU. Ello requerirá el apoyo de un buen número de países que integran la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
Entre los primeros países a ser consultados seguramente estarán los andinos. Ello requerirá el amparo de ciertas organizaciones subregionales, como el Parlamento Andino. Como éste está integrado por la representante cocalera que busca la legitimación del Congreso peruano, la inclinación favorable del Parlamento Andino no es improbable.
A ese problema se agregará el que sobre, la materia, presentará el Parlamento Latinoamericano. En él, según un cable de Prensa Latina, representantes cubanos con acceso a ese foro, mientras promueven la desaprobación del "bloqueo" a Cuba, estarían brindando apoyo a la posición boliviana.
En lo que concierne a la actividad de Ejecutivo boliviano, el Perú será seguramente consultado por ese vecino antes de reactivar el proceso "despenalizador". Y si el gobierno muestra la debilidad evidenciada para lidiar con la amenaza cocalera en Tocache, la respuesta podría no ser una negativa enérgica como la que debiera esperarse.
iertamente el gobierno debe medir mejor las consecuencias de sus actos en esta materia que afecta a la seguridad nacional.