Alejandro Deustua
26 de mar de 2010
Si la visita que ha realizado la Presidenta argentina al Perú era “de Estado”, ésta debía enfatizar los intereses comunes entre las partes sobre el grado de proximidad ideológica entre ambos gobiernos. Así ha ocurrido.
La distinción es además útil en la coyuntura porque aletarga las diferencias propias de la orientación política de ambos Estados al tiempo que diluye el insuficiente sustento económico de la relación bilateral. Y en tanto estas diferencias no son irreconciliables, la distinción permite reafirmar el fundamento diplomático que pudiera dar pie a una mayor convergencia propia de toda evolución estratégica.
En este marco se entiende mejor el hecho de que la Presidenta Fernández haya calificado su visita como un “desagravio” en relación a la venta de armas que, en 1995, el gobierno de Carlos Menem hizo al Ecuador cuando este país enfrentaba militarmente al Perú. El conflicto peruano-ecuatoriano se resolvió con el acuerdo de Brasilia de 1998, pero el distanciamiento con Argentina, que era garante del Protocolo de Río de Janeiro, se mantuvo.
Aunque esa venta de armas no hubiera tenido mayo influencia en los acontecimientos bélicos (en apariencia la munición no era útil), sí redefinió los términos de la vinculación tradicional con el Perú y también la posición argentina en América del Sur. Ello indujo al Perú a variar sus prioridades en Suramérica: en el 2003 Perú suscribió con Brasil una serie de acuerdos definidos como una “alianza estratégica” cuya racionalidad –hacer de esa potencia el interlocutor prioritario en el área- no ha sido plenamente realizada.
En su versión diplomática, esa situación estratégica parece haber cambiado nuevamente ahora que el quid pro quo del distanciamiento peruano-argentino ha sido removido. Ese entendimiento bilateral ha brindado el marco adecuado para la suscripción de un acuerdo de “asociación estratégica, complementación y cooperación” entre las partes.
Por ello sorprende que ese acuerdo –y el Comunicado Conjunto que lo anuncia- no haya tenido la difusión correspondiente a la intención de redefinir sustantivamente la relación bilateral.
Entre otras razones (algunas circunstanciales) ello puede deberse a que este acuerdo multisectorial carece de compromisos equivalentes a su motivación “estratégica”. O a que su intención complementaria haya sido el simple replanteamiento de una agenda de trabajo en una relación bilateral bastante adormecida.
Nada grafica mejor esa inconsistencia que la relación comercial como le consta a la Cámara de Comercio Peruano-Argentina. Según esa institución, el Perú exportó a Argentina en el 2008 apenas US$ 137 millones (un monto que, a pesar de sus escaso valor, reflejó un incremento de nada menos que 615% en relación al 2003) e importó US$ 1367 millones (132% más que en el 2003). Estos niveles contrastan fuertemente con el total de los intercambios de ese año con Brasil (US$ 3167 millones) y con Chile (US$ 2960 millones).
La situación es distinta en el ámbito de las inversiones. Aquí el que el stock estimado de origen argentino es de alrededor de US$ 3 mil millones (concentrados en el sector energético). Aunque ese monto es inferior a la mitad del más desconcentrado stock chileno (US$ 7 mil millones, aproximadamente), es superior de lejos a los escasos US$ 350 millones brasileños registrados en el 2008 (al respecto debe tomarse en cuenta, sin embargo, que el Consulado del Perú en Sao Paulo estima ese stock en US$ 1.5 mil millones mientras que los proyectos hidroeléctricos brasileños en el Perú agregarían US$ 2 mil millones en el mediano plazo).
Para incrementar el flujo económico peruano-argentino se ha establecido un Consejo Empresarial Binacional (complementario, en apariencia, a la existente Cámara de Comercio Peruano-Argentina). Por el tipo de agente involucrado (sector productivo y de servicios) y del contacto establecido entre los empresarios, es más probable que el monto de las inversiones se incremente (es posible establecer cadenas productivas) antes de que mejore el intercambio comercial (su estructura está muy condicionada por los productos básicos y bienes de bajo valor agregado).
Pero más allá de ello, y de la disposición a dinamizar el acuerdo de complementación económica Perú-Mercosur (ACE 58), no ha habido en esta visita una transacción o compromiso del sector privado involucrado alrededor del cual se pueda esperar un empuje económico sustancial al vínculo peruano-argentino.
En el ámbito de seguridad, el acento ha estado puesto en áreas tradicionales y en evolución, no en grandes proyectos innovadores. Así, los compromisos han girado en torno a operaciones de mantenimiento de la paz (entrenamiento y coordinación), en cooperación para la defensa (donde el ámbito de la producción ofrece buenas perspectivas y eventuales novedades) y en coordinación diplomática (la generación de una zona de paz en la región).
Estos compromisos tampoco marcan un punto de inflexión estratégico en tanto forman parte del estándar en el Cono Sur (mantenimiento de la paz) o son complementarios con otros esfuerzos (los de la incipiente industria militar, especialmente en el caso brasileño).
Es en el campo de los principios (el de no uso de la fuerza) donde se ha producido aquí una innovación llamativa. De manera extraordinaria (pero poco realista, creíble o deseable), los presidentes de Perú y Argentina se han comprometido a renunciar al uso de la fuerza en la región sin distinción alguna (lo que incluiría a la defensa). Como se sabe, aunque la predisposición militarmente ofensiva no es reconocida por nadie en la región, nadie en el área se ha comprometido a no hacer uso defensivo de la fuerza.
Si este acuerdo de idealismo desatento revela imprudencia, probablemente será revertido por los hechos. En el complejo y emergente siglo XXI revivir el pacto Briand-Kellogg es un error de tal calibre que se anulará a sí mismo. Sí Perú y Argentina desean mantener un rol importante en la región tendrán que revisar este acuerdo. Por lo demás, éste no tendrá arraigo en el área aun cuando se intente la construcción colectiva de un régimen de paz suramericano que no parece haber tenido en cuenta aún la realidad de la hostilidad narcoterrorista.
Donde sí se ha producido una innovación realizable es en el ámbito político. Al margen de lo lugares comunes sobre coordinación en asuntos multilaterales, se ha acordado la reunión periódica de los gabinetes de ambos países. Este mecanismo ejecutivo, muy superior a la consulta y coordinación (al estilo 2+2), ha sido extraordinariamente eficiente en la relación peruano-ecuatoriana. Adecuadamente manejado (es decir, no sobreutilizado), el mecanismo procura soluciones concretas a concretos problemas bilaterales y genera altos niveles de confianza entre los participantes (que es lo que requieren Perú y Argentina). Lo que faltó al respecto fue el señalamiento de la primera reunión interministerial para otorgar a este gran avance una dimensión de realidad inmediata.
Por lo demás, el encuentro presidencial produjo en el ámbito social un acuerdo administrativo sobre seguridad para los migrantes. En este punto sin embargo, que por la gran cantidad de peruanos residentes en Argentina (alrededor de 100 mil sólo en Buenos Aires y su periferia), es un fuerte eslabón de interdependencia, no ha habido innovación sustantiva.
Sobre lo alcanzado en cooperación técnica se puede decir lo mismo teniendo en cuenta las grandes oportunidades en el área (manufactura, recursos hídricos, medio ambiente) y los escasos compromisos asumidos.
Si fuera discutible el hecho de que la visita de la Presidenta argentina ha implicado un replanteamiento estratégico de la relación peruano-argentina de potencial de impacto regional o que su dimensión diplomática predomina aún sobre la realidad de su interdependencia, lo cierto es que hay una agenda de trabajo que debe ser implementada por las partes. A ello deben dedicar ambos gobiernos sinceros e inmediatos esfuerzos.