Alejandro Deustua
1 de may de 2005
2 de mayo de 2005
La evolución de una relación de competencia interestatal hacia una de cooperación, como la peruano-chilena, tiende a ser compleja y con tendencia a la volatilidad. En ella, la madurez de una política exterior se mide también por la consistencia en la gestión de crisis en el curso del progreso bilateral.
Lamentablemente nuestra gestión en el recrudecido caso de la venta de armas por Chile al Ecuador durante el conflicto de 1995 no ha sido la mejor. Un problema de seguridad nacional ocurrido hace una década y en otra etapa histórica (la de tensión y guerra con Ecuador) ha sido manejado como si hubiera ocurrido hoy a propósito de noticias periodísticas y dichos de oficiales extranjeros, desmereciendo el trato diplomático peruano-chileno ad hoc del momento y presentando eventualidades (la transferencia adicional de armas chilenas) como hechos.
Para empeorar las cosas, un tema de defensa nacional se ha tratado al margen de la reserva que merece el caso, postergando a las instituciones interestatales creadas para estos efectos (el “2 más 2” peruano-chileno) y divulgándolo a través de un comunicado oficial de Relaciones Exteriores cosuscrito con el Ministerio de Defensa en preocupante alteración del proceso de toma de deciones en la materia.
Por lo demás, pocas veces un reclamo de tal sensibilidad se ha presentado en un contexto tan inadecuado: un conjunto hemisférico que se alínea con el candidato chileno a la Secretaría General de la OEA y un ambiente interno irritado por el perjuicio a la imagen nacional causado por una empresa chilena (Lan). Como resultado estamos frente a un daño autoinflingido:el Perú, que fue el primero en propiciar un candidato de consenso para el organismo interamericano, se ve obligado a no participar de él cuando el escenario es propicio al tiempo que registra el deterioro de una importante relación bilateral sin proporcionar salida a la crisis.
Si el Perú tiene algo que reclamar a Chile por la venta de armas a Ecuador que no haya sido aclarado en 1995, está en la ineludible obligación de plantearlo y exigir explicaciones al respecto. Pero para ello la nueva fundamentación debe ser impecable, de fuente propia y empleando la reserva que reclama la diplomacia a través de los canales establecidos. Lo que nuestras autoridades no pueden hacer, además de vulnerar estas formas tradicionales, es pretender que en el escenario del conflicto con el Ecuador el comportamiento de los garantes –excepto Chile- fue impecable, separar punitivamente a uno de ellos de esa condición cuando la función de todos ha caducado en los hechos (art. 5 del Protocolo) y obviar la forma cómo se produjo la solución del conflicto.
Chile, a su vez, debe coadyuvar a esclarecer el escenario interesándose nuevamente en llevar su “malestar” a la reserva del “2 más 2”, revisar la investigación de sus propios hechos y estar dispuesto a plantear las excusas a que hubiere lugar.
El interés de ambas partes radica en incrementar y equilibrar su interdependencia, no en complicarla y el del Perú en incrementar sus capacidades en ese proceso, no en entorpecerlas.