Alejandro Deustua
10 de jul de 2005
11 de julio de 2005
La solución de una crisis es siempre bienvenida por los involucrados en tanto éstos perciban un beneficio actual o potencial en el resultado. Si éste se mide en relación a lo retrocedido durante la etapa de contienda, la normalización de la relación debe evaluarse en función de lo recuperado primero y lo avanzado después.
En la relación peruano-chilena se acaba de recuperar la funcionalidad de las instituciones de coordinación política y de seguridad cuya operatividad fue cuestionada tanto por las dudas sobre la buena fe recíproca como por el mal manejo de una emergencia política. En cuanto a los contenidos, el nivel de confianza aparentemente restablecido deberá evaluarse tanto en relación a la magnitud del emprendimiento diplomático que acabamos de presenciar como en función del futuro cumplimiento de los acuerdos establecidos.
En términos diplomáticos, el esfuerzo desplegado por ambas partes ha sido inmenso. La concurrencia, en Lima de ocho ministros de Estado –los de Relaciones Exteriores, Defensa, Educación y Economía- y la entusiasta calificación del resultado por los respectivos Jefes de Estado, da muestra suficiente de la voluntad de los gobiernos de Perú y Chile de restaurar, por lo menos, el nivel de relación anterior a la crisis. Sin embargo, el despliegue de autoridades de la más alta jerarquía debe complementarse con una adecuada evaluación sobre la forma cómo discurrió la reunión de la instancia principal (el 2+2), la ausencia en ella de temática contenciosa y la continuidad del proceso que se reinicia. El acápite económico, vinculado a la interación energética, merece trato aparte a la luz de su dimensión plurilateral.
En términos inmediatos, el éxito de la reunión de los mecanismos de consulta y coordinación política y de defensa parece asegurado por la sólida disposición de los respectivos ministros a sujetarse a los términos de una agenda concreta relativa al tema que originó la crisis –la desconfianza en torno a las adquisiciones y transferencias de armamento- y de tratar, “por cuerda separada” los temas controvertidos –como el de la delimitación marítima- . En el corto plazo, el proceso diplomático continuará con una visita oficial del Canciller del Perú a Chile en agosto próximo. Allí veremos cuánto y cómo se espera progresar.
Para remarcar el muy buen resultado de la reaproximación, el predominante ámbito de seguridad ha querido ser complementado por acuerdos de cooperación en materia educativa no alejados del acápite principal de la convocatoria (p.e. la presentación de trabajos académicos sobre un siglo de historia, que comprende la Guerra del Pacífico, desde la perspectiva de autores peruanos y chilenos) así como en materia de libre tránsito de personas (los acuerdos para que turistas de ambos países puedan visitar Perú y Chile supliendo el requisito del pasaporte por el documento de identidad). Este acuerdo también sigue el leit motiv de la reunión principal: siendo esencialmente un convenio de integración –que aún debe ser ratificado por los respectivos Congresos- éste ha sido calificado como una medida de fomento de la confianza que incrementa la interdependencia (en consecuencia, asumimos, que las medidas para prevenir el tránsito de agentes irregulares han sido debidamente consideradas).
El avance fundamental en el campo no militar, sin embargo, no provendrá de estos sectores sino de la eventual integración energética entre Perú y Chile en el marco de la integración suramericana. A este punto nos referimos en otros artículos (1).
En lo que toca a los acuerdos sobre control y limitación de armamentos se puede decir que su carácter reiterativo (p.e. cumplir con las obligaciones de informar a las instancias de la ONU y la OEA sobre compras y transferencias de armamentos en función de acuerdos multilaterales sobre transparencia existentes) parece asumir que estos acuerdos no estaban siendo respetados. En tanto ahora debieran serlo, éstos debieran generar mejor disposición de trato entre las partes sobre la base de la recuperación del terreno perdido en este acápite fundamental. El avance, si se se desea, tiene acá la virtud de reparar una omisión.
De otro lado, la cuestionable política de acordar el inicio de la ejecución de una materia cuyos trabajos previos aún no han culminado –práctica que sembró serias dudas sobre instancias tan importantes como la Comunidad Suramericana de Naciones, p.e.- se ha vuelto a repetir en esta oportunidad. Ésta se refiere acá a la decisión de pasar a la fase de ejecución de las medidas estandarizadas de medición de los gastos de defensa cuando tales medidas aún no superan la fase de estudios. Sin embargo, en tanto que esos estudios –que lleva a cabo la CEPAL- existen y el efectivo tránsito es posible en un futuro cercano, el acuerdo debe tomarse como una muestra de buena fe y de reiteración de una obligación que las partes tienen la certeza que cumplirán.
Similar apreciación merece el entendimiento para coordinar esfuerzos en operaciones de mantenimiento de la paz. En materia de entrenamiento estos desarrrollos ya se realizan en el Cono Sur mientras que Perú aún carece de logística suficiente. Sin embargo, aunque Chile tiene mayor capacidad de despliegue externo, la cooperación potenciará la proyección conjunta de intereses compartidos en el ámbito de la seguridad colectiva. Lamentablemente, no se han dado a conocer detalles operativos de este esfuerzo que tiene un extraordinario potencial conjunto.
Desde de nuestro punto de vista, tanto o mayor relevancia tiene la disposición mutua de aceptar las adquisiciones de defensa de cada parte bajo los principios de que éstas “no serán excesivas” y de que “no desatarán una carrera armamentista”. Este es un acuerdo realista y flexible que deja de lado un imposible acuerdo inmediato sobre limitación de armamentos (cuyos esfuerzo se concentrarán en la OEA) al tiempo que legitima la potenciación de cada Estado de acuerdo a sus necesidades en el entendimiento de que éstas adquisiciones no serán consideradas hostiles. Este es un acuerdo novísimo que, de cumplirse, debiera atenuar la desconfianza propio del debate estratégico en la zona.
Sin embargo, en tanto este entendimiento acepta implícitamente la superioridad militar chilena y la racionalidad de la búsqueda de equilibrio razonable por el Perú, es nuestro país el más obligado en el intento de lograr ese objetivo en el Pacífico sur suramericano. En esta materia, que implica la disminución de la asimetría militar, el esfuerzo nacional ad hoc debe ser incorporado a toda política exterior y de defensa futura y reposar menos en una supuesta protección de terceros.
Y ya que el tema de las asimetrías se incorpora a la agenda implícita de la relación peruano-chilena, ésta deberá tenerse en cuenta también en las futuras negociaciones de un acuerdo de libre comercio con nuestro vecino. Aunque ésta acápite no fue mencionado en la reunión, es necesario reconocer desde ahora que dicho acuerdo no será de comercio de mercancías (la transacción del 85% de las mismas ya coforman una TLC “técnico” en el ámbito del vigente acuerdo de complementación económica) sino de servicios y asuntos vinculados al comercio. En tanto en ambas materias –que incluye inversiones-, Chile es la parte fuerte en el mercado nacional, deberán adoptarse las salvaguardias del caso para asegurar una mejor y real participación de agentes económicos peruanos en los beneficios de ese eventual acuerdo y dejar establecida la importancia de los sectores sensibles (puertos, aereopuertos, transporte, etc) que deben ser vistos con especial atención.
Ahora que la relación con Chile acaba de “relanzarse” luego de un manejo inadecuado de una crisis insensata, la prudencia en el manejo de los equilibrios en la distribución de beneficios de los acuerdos presentes y futuros resulta indispensable para no volver a desandar el camino avanzado.
Y también será necesario evaluar conjuntamente, y a la brevedad, mecanismos de prevención y control de crisis que, como la que acabamos de superar, traten sobre temas del pasado o del presente que puedan ser actualizados por agentes exógenos –como, p.e., “el caso del general Bayas”-, por los medios de comunicación o por otras instancias. A la luz de la tortuosa historia bilateral, éstos se seguirán presentando y seguirán influyendo intensamente en la política exterior de ambos países. La auscultación de estos mecanismos son tanto más urgentes en tanto que hasta las instancias institucionales existentes (el 2+2) pueden ponerse en riesgo por su ausencia y crear, en consecuencia, una crisis mayor como la que Perú y Chile acaban de experimentar.