Alejandro Deustua
11 de jul de 2017
Teniendo como prólogo una reunión de cancilleres y ministros de Defensa (el 2+2), el Perú ha empezado a organizar la relación con Chile empleando el mejor instrumento de su diplomacia vecinal: el gabinete binacional encabezado por los presidentes de ambos países.
Estrenado en la relación con Ecuador (ahora complicada) y aplicado a la relación con Bolivia y Colombia, el gabinete binacional busca, en el caso peruano-chileno, lograr “etapas superiores de integración”.
Si bien ésta debiera descansar en más sólidos fundamentos económicos (nuestras exportaciones a Chile en el 2016 fueron apenas 2.6% del total), el propósito del Gabinete parece doble. Primero, lograr una red de cooperación intersectorial. Si ésta se prolonga en el tiempo los beneficios directos para la población debieran incrementarse y dependerían menos del control de las cancillerías (cuyo rol tiende a ser coordinador).
Estos desarrollos funcionalistas se han expresado con el vecino en acuerdos para combatir la trata de personas y facilitar el uso de licencias de conducir. Y también en compromisos sobre gestión de desastres naturales, desarrollo productivo de mypes, avances en interconexión eléctrica, entre otros.
Sin bien la no publicación de estos acuerdos y compromisos de “baja política” impide identificar adecuadamente sus beneficios, su marco arroja un claro dividendo: la homogenización del formato de la relación vecinal.
En segundo lugar, este gabinete binacional sirve para dar cuenta de actos y hechos de “alta política”. En este caso, por ejemplo, la insistencia en buscar áreas de aplicación del TPP neutralizado por el retiro norteamericano y la negociación de la incorporación, como estados asociados, de Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Canadá a la Alianza del Pacífico.
Aunque su naturaleza no ha sido especificada, esa nueva categoría, a diferencia de la de observadores, implicaría derechos y obligaciones para los Estados que se asociarán. Eventualmente aquéllos podrían participar en todos o parte de los acuerdos de libre flujo de personas, bienes, servicios y capitales y quizás en los procesos decisorios.
Esta decisión ampliaría estratégicamente la proyección de la Alianza a Norteamérica y Oceanía como entidad liberal. Y podría motivar luego el interés de la ASEAN mejorando notablemente la inserción marítima del Perú y Chile.
Para que este escenario no devenga en otra sobredimensionada arquitectura, es indispensable que los flujos dentro de la Alianza mejoren: un comercio intrarregional de apenas 3.2% es un muy mal indicador del sustento material de una zona que dispone hoy del 92% de apertura.
Pero más importante es liberar de controversia territorial la relación peruano-chilena. Como se sabe, Chile ambiciona el territorio peruano por debajo del paralelo del hito No 1 desconociendo el Tratado de 1929. Al respecto, no es aceptable que el Perú insista en obviar el problema y que el principio de fiel cumplimiento de los tratados se escabulla en la Declaración de Lima en la vaga referencia al respeto del derecho internacional.