Alejandro Deustua
8 de jun de 2005
9 de junio de 2005
El Perú debe establecer la mejor relación con China si desea una inserción competitiva en la cuenca del Pacífico. Especialmente si los miembros de la APEC han incrementado su disposición a establecer acuerdos de facilitación o de libre comercio y a calcular conjuntamente reducciones tarifarias para bienes no agrícolas.
Pero si la dimensión estratégica de esa gran potencia emergente y de su excepcional mercado importador no puede desatenderse, tampoco se puede ignorar que China no es un socio político natural y que es un competidor directo en los mercados de capitales (desvía inversión que originalmente se orientaba a la región), laborales (compite con el Perú en el empleo de un factor de producción abundante: mano de obra barata) y de comercio exterior (puede sacar del mercado a productores nacionales especializados de acuerdo a ventajas comparativas con el resto del mundo).
Bajo estas condiciones cabe preguntar ¿cómo es entonces que el interés nacional podría ser mejor satisfecho estableciendo una “asociación de cooperación integral” con esa potencia que evoluciona hacia el reconocimiento de la misma como “socio estratégico” y de “economía de mercado”?
En el primer caso, la integralidad cooperativa ciertamente no puede establecerse con una potencia totalitaria y menos en condiciones de asimetría manifiesta. Y si de asociaciones estratégicas se trata, sería necesario establecer cuánta complementariedad asociativa existe entre una pequeña potencia que busca un arraigo en Occidente y otra que está empeñada en una contienda sistémica que emplea intensamente el poder para la generación de un orden multipolar que sería bastante distinto al que se aspira en la región.
Pero si esas tipologías pudieran ser diplomáticamente administradas para modular los efectos de algún acuerdo vinculante, no ocurriría lo mismo con la concesión del status de economía de mercado a una que, como la china, califica oficialmente sólo como economía en transición. El reconocimiento crudo de aquella condición supone para el Perú la neutralización de los mecanismos de defensa previstos en la OMC para el caso de que las exportaciones chinas generen distorsiones y competencia desleal como consecuencia de sus condiciones productivas.
Hasta hoy esas condiciones se caracterizan por su escasa transparencia, fuerte interferencia del Estado en la economía, control selectivo en la formación de precios, intenso dirigismo empresarial, falta de apertura del mercado de capitales y mantenimiento de un mercado laboral que fija salarios extremadamente bajos para estándares de países en desarrollo.
Si ello contrasta con el esfuerzo de apertura unilateral y de reforma estructural realizado por pequeños países en desarrollo que, como el Perú, han sufragado un alto costo por incorporarse al sistema multilateral de comercio, la desventaja debe ser compensada.
En consecuencia el proceso de negociación del status anunciado por el Presidente Toledo sólo sería legítimo si se condiciona al otorgamiento de garantías explícitas por China de que el productor nacional no va a ser afectado interna o externamente, que las distorsiones de precios serán corregidas, que el desvío de recursos (especialmente de inversión directa) se revertirá y que la demanda china será suficientemente intensa y diversificada como para no incrementar el carácter primario-exportador de nuestra economía.
Estos requerimientos son necesarios aún en un contexto suramericano en que la aproximación a China ha devenido en una competencia por mejor acceso (Chile) o poder (Venezuela). Es más, por razones estratégicas y de eficiencia, quizás esta competencia debiera ser moderada por mayores dosis de cooperación regional en la materia.