Alejandro Deustua
23 de sep de 2008
Mientras el Congreso norteamericano procesa el plan de rescate del sistema financiero de ese país, sólo se conoce una referencia de su cobertura máxima (hasta US$ 700 mil millones), un plazo aparente (dos años), su orientación (comprar toda o parte de la “deuda tóxica” -o subprime hipotecaria- para ser vendida después) y una disposición de la Secretaría del Tesoro para incluir en él los pasivos de ese origen adquiridos por bancos extranjeros con “importantes” compromisos en Estados Unidos.
A este plan se sumarán, en apariencia, el respaldo a los ciudadanos endeudados que no puedan cubrir sus hipotecas, un control más estricto sobre la Secretaría del Tesoro (que adquiriría poderes extraordinarios en la gestión del plan) y un compromiso para limitar las bonificaciones a los ejecutivos del mercado de capitales.
Ese plan indispensable se limita, por ahora, a aliviar la carga de activos incobrables del sistema fortaleciendo los fundamentos del mercado de capitales, a generar confianza para reactivar el crédito y a evitar un mayor deterioro de la situación económica norteamericana que, por su dimensión, tiene efecto global.
En consecuencia, resulta inviable, de momento, pedirle a los formuladores del plan mayores ampliaciones. Finalmente, éstos podrían procurarse luego, por ejemplo, en el campo de las responsabilidades que deben ser reclamadas.
En cambio, sí es posible solicitar a los congresistas norteamericanos que establezcan un buen balance entre la urgencia del plan y sus dimensiones sistémicas para obtener un resultado en el menor plazo posible. Bajo circunstancias normales, es claro que la discusión de tamaño endeudamiento debería poder postergar los requerimientos de su ejecución. Pero la coyuntura que vive la economía norteamericana y la global son circunstancias excepcionales.
En ese marco, el apoyo político expedido por el G7, la OCDE y el FMI es imprescindible. Sin embargo, sigue siendo aún insuficiente.
En efecto, el G7 se reunirá recién en octubre para examinar esta situación extrema. Mientras tanto, se ha comprometido a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la estabilidad del sistema financiero. Pero no ha establecido qué medidas serán éstas. Para comenzar, Francia y Japón ya han asegurado públicamente que no seguirán el camino del rescate norteamericano porque sus respectivos sistemas financieros no lo requieren (es más, la banca japonesa ya ha dado muestra de ello en tanto ha salido a la compra de la banca de inversión norteamericana en problemas en el caso de Morgan Stanley y hasta Lehman Bros.).
De otro lado la OCDE, cuya secretaría sólo se puede expresar en casos como éste sobre la base del consenso de sus miembros, tampoco ha definido cuál sería su aporte sistémico al margen del apoyo político al plan norteamericano.
A la luz de la dimensión sistémica de la crisis, es indispensable que estos dos organismos expresen con mayor claridad los términos de su cooperación. De no hacerlo, el plan norteamericano puede perder un puntal externo fundamental y evolucionar hacia el lado perverso de lo que la tipología francesa ha denominado, como norma de gobierno, “patriotismo económico”.
Si no se desea incrementar la desconfianza internacional, cautelar el predominante régimen de apertura global (una diferencia fundamental con 1929), prevenir un repliegue nacionalista de las economías (que podría activarse a la luz de los fracasos sucesivos de la Ronda Doha) y morigerar el incremento de la fricción interestatal, es imprescindible que las instituciones multilaterales transformen en medidas las garantías políticas que ofrecen al sistema financiero global.
Éstas no se refieren al rescate de empresas quebradas por su propia falta de previsión en el desarrollo de las sucesivas burbujas financieras, sino a plataformas normativas que mejoren considerablemente las tareas de previsión de crisis, de supervigilancia bancaria y de mecanismos de pagos. Entre ellas, es imprescindible disponer y regular la reducción de la actividad especulativa en los mercados especialmente en momentos de alta volatilidad.
A ello deben contribuir también los organismos regionales. De allí que no sea del todo apropiada la convocatoria de una nueva reunión de UNASUR (ésta vez, en el ámbito de la nueva sesión ordinaria de la Asamblea General de la ONU) para evaluar, otra vez, el problema boliviano sin que aparezca en la agenda los criterios o medidas que pudieran adoptar los Estados suramericanos en relación a la crisis financiera.
Si UNASUR debería procurar soluciones a la crisis boliviana, esa disposición debería abrir la discusión en el ámbito de la OEA. Una vez hecho esto, es fundamental que contribuya al diseño, entre países afines, respuestas a los problemas futuros de erosión de ingresos por exportaciones, de disminución del crédito y de decaimiento de la inversión extranjera que podría afectar a la región sea en el escenario de una mayor desaceleración o en el de recesión globales.
Sobre esta base UNASUR debe procurar además sugerir normas a los organismos multilaterales para disminuir la vulnerabilidad de los mercados de capitales del área, procurar medidas de fortalecimiento de los mismos y mecanismos cooperativos de estabilización en caso de que la crisis se intensifique.
Si la crisis es sistémica, entonces todos los miembros del sistema deben concurrir a su solución. Menos que un deber moral, esa actitud corresponde al interés nacional de cada uno de los que establecieron que la globalización es el escenario de su política exterior y que su mejor inserción internacional es su prioridad consecuente. Con grandes diferencias y matices n i el G7, ni la OCDE ni UNASUR están respondiendo aún como debieran.