Alejandro Deustua
30 de jul de 2019
Cuando el Vicepresidente Vizcarra regresó de Canadá lo hizo para gobernar un país traumatizado por una profunda crisis moral en la Jefatura del Estado que ahondaba la crisis en otras instituciones. Su gestión debía ser una segunda transición hacia una democracia limpia desde que Valentín Paniagua lo intentara por primera vez en este siglo.
En consecuencia, el Presidente no puede alegar hoy que confronta dificultades nuevas ni disponerse a abandonar la tarea empujando una tercera transición que la fragilidad del Estado puede no resistir.
Y menos cuando, en medio de una fuerte desaceleración económica en un contexto externo extremadamente áspero, los problemas se han agudizado.
En efecto, el esfuerzo anticorrupción de la fiscalía peruana se ha complicado por evidencia que muestra que Odebrecht y asociados sólo han revelado parte de la actividad delictiva que instigaron en el Perú. El humus de esta podredumbre que ha implicado carcelería efectiva de dos presidentes, extradición de otro y suicido de uno más no ha hecho sino crecer.
La propuesta de adelanto de elecciones generales agrava esta situación de fragilidad estatal arrastrándola hacia un peligrosísimo vacío de poder. Antes que milagrosa, la adopción de esa medida puede apurar el paso hacia la anarquía o el autoritarismo. Especialmente si el Congreso no da señas de compensar la irresponsabilidad presidencial con disposición a afirmar el terreno y a tender puentes porque muchos de sus miembros son simplemente incapaces de ello.
Por lo demás, la propuesta no está exenta de sospecha de propósito colateral. El anuncio bajo presión de una nueva ley de minería, hoy inviable, no hace sino incrementar la sensación de que los gobiernos regionales del sur, tan vinculados a los planteamientos antimineros y al MAS boliviano, parecen haberse incorporado a la orientación decisoria del Presidente.
Y al margen de cualquier maniqueísmo, esta percepción se refuerza cuando el Jefe de Estado opta por reiteradas propuestas del Frente Amplio sobre adelanto de elecciones y cambio de la Constitución para llegar al poder.
Finalmente, el Presidente, volviendo a práctica de fines del siglo XX, ha alegado deliberadamente medias verdades al esgrimir como razón última de su propuesta, la mantención en el Congreso de la jurisdicción plena para el levantamiento del fuero a parlamentarios que deban responder ante el Poder Judicial. El Presidente sabe que la imperfecta norma aprobada indica que, luego de un plazo, esa jurisdicción se traslada al Tribunal Constitucional vía la Corte Suprema. La omisión de ese extremo indica una disposición manipulatoria que se acerca a prácticas de la vieja política que él debía eliminar.
El señor Vizcarra asumió el poder para guiar al Perú a mejores horizontes y no para convertirlo en una República plebiscitaria, de democracia delegada o un Estado fallido. Es indispensable que cumpla sensatamente con su mandato original en lugar de arrimar al Perú de nuevo al precipicio.