Alejandro Deustua
5 de jul de 2005
6 de julio de 2005
La segunda reunión de evaluación del proyecto de interconexión de gasoductos suramericanos se acaba de llevar a cabo en Lima a nivel de ministros sin una adecuada participación boliviana. La reunión reservada sólo analizó la viabilidad del proyecto cuyo estudio contará, en apariencia, con financiamiento del BID. Ello revela que la idea del “anillo energético” no se habría expresada aún en un proyecto sólido que supere el nivel de su genérica presentación.
La buenas noticia al respecto consiste en que los países de la región insisten en examinar , al mayor nivel posible, las posiblidades efectivas de llevar a cabo una importante fase de integración infraestructural que pondría piso a la aún frugal integración suramericana.
Otra buena nueva es la que, según fuentes oficiales y privadas, el Perú explorará lotes con potencial real de ampliar las reservas existentes además de haberse realizado una revisión hacia arriba del estimado de reservas en Camisea (alrededor a 14 trillones de pies cúbicos) Si ello se confirma, como intentará hacerlo el Ministerio de Energía y Minas, el Perú sí tendría una oferta potencial para los países del Cono Sur complementaria a la demanda del mercado interno y a los iniciales compromisos con México.
Un noticia menos buena consiste en la persistente indefinción de la participación boliviana que, considerada indispensable por todos, sigue sujeta a la evaluación de la política exterior del vecino por las nuevas autoridades y a la consolidación o redefinición de un marco jurídico sujeto a revisión constitucional. En esta perspectiva, las posibilidades de interconexión de gasoductos se demorían tanto como tarde la definición del complejo proceso político interno boliviano.
Sobre este punto, las proyecciones no son necesariamente negativas en tanto las autoridades de la empresa pública boliviana –YPFB- participa en el proceso de establecimiento de la factibilidad del proyecto y en cuanto un próximo cambio de administración en Chile y Bolivia tendría algún potencial de restablecimiento de un diálogo constructivo entre las partes.
Sin embargo, mientras el desarrollo de ese proceso de integración energética parcial se decide quizás sea necesario, a la luz de sus superables inconvenientes, considerar también cuáles son las ventajas comparativas regionales en la materia y cuál es la situación de América Latina al respecto.
Según la OLADE, la región sólo produce el 8.7% del total de la energía mundial y consume 6.9% de la oferta global. Comparada con la producción asiática (23.5%), norteamericana (20%), la ex -soviética (14%) y del Medio Oriente (12.1%), nuestra región es pequeña a pesar de que la CAN considere que el peso subregional en materia de hidrocarburos es mayor.
Al respecto debe señalarse que, según la estadística reportada por Organización Latinoamericana de Energía el 2003, América Latina sólo produce 12.4% del total de la producción de petróleo con una capacidad actual de refinamiento de 8.7% del procesamiento global.
Y en lo que concierne al gas, el organismo en referencia, establece que la región produce 7.4% del total mientras que sus reservas son proporcionalmente menores (4.3%). Un escenario aún más precario es el que concierne al carbón: 1.5% de la producción mundial.
En cambio, la región sí tiene una dimensión mundial en materia hidroenergética con un potencial de 22.7% del total superado sólo por Asia y, eventualmente por los países de la ex Unión Soviética. Ese potencial multiplica su importancia si se considera que el 51.5% de la energía global provendría de fuentes hidroenergéticas.
Si la teoría de las ventajas comparativas sirve para algo y sugiere la especialización en lo que lo que se produce con mayor eficiencia, habría que concluir que la producción de energía hidoeléctrica debería ser reevaluada como principal fuente de oferta para satisfacer la demanda regional y como factor medular de integración.
Ciertamente estamos al tanto de los altos costos infraestructurales (represas) que esta fuente demanda, de que los proyectos subregionales de mayor alcance (los brasileño-argentino-paraguayos) no han sido todo lo eficientes que debieran y de que los organismos mutlilaterales han desarrollado una línea de oposición a estos proyectos. Una combinación de altos costos, fuerte impacto ambiental y corrupción parecen haber influido en la desestimación de esta alternativa.
Pero si, a la luz de las nuevas aspiraciones políticas (en las que democracia y fiscalización deben interactuar) y de la generación de un nuevo y creciente consenso ambientalista regional, estos costos pudieran reducirse, ciertamente nos encontraríamos frente a un potencial energético superior que, con menor cuestionamiento geopolítico, podría ser mejor empleado por todos.
Ahora que las oportunidades de la integración energética suramericana se revalúan estimuladas por un crecimiento de la demanda y una incertidumbre de la oferta, he aquí una alternativa que debe poder ser reexaminada en nuestra región. La decisión de evaluar la interconexión de gasoductos podría incluir también la de incorporar el redimensionamiento de la interconexión de redes eléctricas alimentadas por la fuerza de nuestros ríos, especialmente los amazónicos (los costeños están más amenazados por los cambios climáticos).
Las autoridades nacionales y subregionales deben poder pronunciarse sobre un escenario de integración energética que involcurara múltiples fuentes.