Alejandro Deustua
17 de mar de 2015
Un par de resultados formales han emergido de la reunión de Cancilleres de UNASUR sobre la situación en Venezuela y las sanciones norteamericanas a ese país: separar los temas y evitar que el leguaje antimperialista empañe toda posibilidad de estabilizar –ya no de recuperar- un Estado que el chavismo ha conducido al despeñadero.
Lo demás son apenas llamados al diálogo sin demandas específicas al gobierno venezolano y reafirmación de la tendencia progubermental con que los suramericanos ven la materia, sin importar ya si la alternativa al conflicto abierto en Venezuela es el totalitarismo.
Escudada tras las normas del consenso, UNASUR pretende ayudar a rescatar a un vecino cuyo gobierno carece de legitimidad mientras desatiende a una oposición dividida y da por legal una próxima elección parlamentaria que, debiendo realizarse en el segundo semestre, carece aún de fecha por voluntad del Consejo Nacional Electoral (¡ningún resguardo se ha tomado al respecto!).
En efecto, UNASUR trata al gobierno venezolano como si éste respetara el Estado de Derecho, la separación de poderes, la igualdad ante la ley y las libertades del individuo cuando éste, se esmera en demostrar lo contrario. Tal es la ceguera o el cinismo de UNASUR que una minimalista propuesta peruana para que los presos políticos puedan ser visitados por la Cruz Roja no fue incluida en Comunicado respectivo.
Por lo demás, UNASUR reconoce como único marco legal para el diálogo interno la Constitución de ese país sin recordar ya no la Carta Democrática interamericana sino la cláusula democrática suramericana suscrita en Georgetown. Los miembros de UNASUR han puesto así el último clavo en el ataúd de defensa colectiva de la democracia de fines del siglo XX y han regresado a la defensa de los principios absolutos de no intervención de la primera parte de ese siglo.
Al hacerlo, UNASUR ha retornado al camino de un anacrónico nacionalismo que refuerza la naturaleza socialista del totalitarismo chavista y justifica medidas como la enésima ley habilitante que permite a Maduro legislar a su gusto por nueve meses, por razones de seguridad, enmarcando así la contienda electoral.
De momento, Maduro ha movilizado 80 mil hombres para defenderse de la infundada calificación de Venezuela como una “amenaza inusual extraordinaria” para la seguridad de Estados Unidos. Este desmesurado diagnóstico contrasta con la micromedida de congelar de la actividad económica de apenas siete represores venezolanos. Como esta movilización puede tornar al gobierno aún más represivo, calentar el Caribe y convocar alianzas irredentistas, UNASUR debió añadir al rechazo de esa calificación la advertencia de que, luego de la fragmentación ideológica de la región, Venezuela no incentivará otros conflictos externos.
Sin exigir esos resguardos, UNASUR se ha limitado a invocar el diálogo con Estados Unidos sin asumir responsabilidad alguna salvo la ritual mención a los crudos principios del Derecho de la pre- Guerra Fría. Este es un mal camino para los pocos países liberales del área.