Alejandro Deustua
19 de mar de 2007
En el complejo marco constitucional de la política exterior norteamericana la yuxtaposición de autoridades es un hecho distintivo de la primera potencia. En el ámbito del comercio exterior esa realidad se aclara en beneficio del Congreso y no del Ejecutivo.
Sin embargo, para no entorpecer la capacidad de acción del Estado, el Congreso puede delegar en el Ejecutivo la capacidad de celebrar acuerdos en los que el rol del Legislativo consiste, al margen de la coordinación necesaria, en aprobar o desaprobar lo pactado por la Presidencia. Ésta delegación se denomina hoy Autoridad de Promoción Comercial mejor conocida como "fast track". El Presidente Bush negocia internacionalmente ejerciendo esta autoridad concedida en el 2002 hasta junio del presente año.
La suscripción del TLC acordado por el Perú y Estados Unidos se ha llevado a cabo bajo esos términos. Es decir, el Congreso norteamericano, habiendo delegado su competencia en la materia, no está en capacidad de someter a condicionamientos posteriores los acuerdos que el Presidente, a través su Representante Comercial, ha concluido. Para aprobar o no los mismos el Congreso sólo debe ser adecuadamente informado (lo que, a la luz de la complejidad del proceso legislativo norteamericano, no es un fácil emprendimiento).
Y sin embargo, no es esto lo que está ocurriendo. En efecto, más en la Cámara de Representantes que en el Senado, el acuerdo comercial con el Perú está siendo objeto de una serie de requerimientos para variar el acuerdo (especialmente en el capítulo laboral) afectando la viabilidad del mismo.
Peor aún, esta indebida intervención está fuertemente impulsada por factores exógenos al acuerdo derivados de la aguda confrontación partidaria incrementada por las diferencias generadas por la guerra de Irak, el estilo de gobierno del Presidente Bush y la tradicional contradicción entre las tendencias aislacionistas-aperturistas de la política exterior norteamericana agudizadas por el impacto de la economía global en ellas.
Como es evidente, el Perú no tiene incidencia mayor sobre esos factores en ese debate interno. Sin embargo, éstos no sólo bloquean la aprobación del TLC sino que fomentan las exigencias de determinados congresistas sobre modificación de un capítulo, como el laboral, en el que las asimetrías con Estados Unidos son mayores.
En efecto el nivel de desarrollo del Perú hace imposible que el mercado laboral sea hoy igualmente eficiente que el norteamericano o esté mejor regulado que aquél. Los desbalances entre exceso de oferta de trabajo y escasa demanda persistirán mientras el subdesarrollo califique a la economía nacional. Bajo esas condiciones se podrán suscribir normas internacionales (como la de la OIT), pero la propensión al incumplimiento subsistirá de manera estructural antes que deliberada.
A ello contribuirá también la novísima flexibilidad del mercado laboral cuya reforma (entendida esencialmente como desregulación) ha sido reclamada por los organismos multilaterales, las grandes empresas y los Estados Unidos bajo gobiernos demócratas y republicanos. Ello ha generado una considerable reducción de los salarios que ha sido entendida por esas entidades, sin excepciones, como conveniente para la economía y como una ventaja comparativa lamentablemente destacada.
Por lo demás, el ámbito de aplicación de esas normas sólo podría exigirse al sector formal mientras que el predominante sector informal quedaría fuera de ellas. Y aún cuando éstas versaran sobre ámbitos genéricos (como el trabajo infantil), será imposible y eventual inconveniente que esas normas se apliquen con rigidez (la necesidad de las familias de lograr ingresos a más temprana edad es una consecuencia de su bajo status económico y de la falta de oportunidades económicas de quienes deben hacerse cargo de ellas).
Finalmente, los términos del interminable debate parlamentario sobre este punto ha alcanzado niveles que rozan el cinismo: con un salario mínimo de 500 soles (unos 158 dólares) percibidos por una población empleada minoritaria no existe posibilidad alguna de que la "mano de obra barata" peruana pueda dañar la economía norteamericana. Por lo demás, el bajo grado de educación del trabajador informal impedirá también mayor impacto en tanto éste probablemente no será contratado por empresas con gran capacidad exportadora.
En el marco de este razonamiento, y luego del extraordinario esfuerzo colectivo realizado en el Perú (la aceptación local del TLC es ampliamente mayoritaria), el condicionamiento adicional de ese acuerdo por el Congreso norteamericano afecta el interés nacional peruano. Esta afectación es tangible e intangible.
En el ámbito cuantitativo, el Perú no sólo está dejando de agregar al PBI entre 1% y 3.5% a su crecimiento económico sino que la incertidumbre sobre la aprobación del acuerdo estimula a un cierto número de empresas a reconsiderar su disposición a invertir (a pesar de nos encontremos en un ciclo expansivo de compra de bienes de capital). Esta situación ya ha impactado la tasa de crecimiento de ciertas exportaciones no tradicionales al mercado norteamericano. Por lo demás, el sector informal no tendrá mayores posibilidades de salir de esa situación si no encuentra oportunidades que el TLC puede ofrecer.
En el ámbito cualitativo, las dudas del Congreso norteamericano puede aproximar el punto de erosión de la percepción local sobre el compromiso norteamericano con el Perú. Ello puede afectar las relaciones de seguridad y estratégicas.
Lo primero puede ocurrir en proporción directa a la pérdida de credibilidad de las razones que motivaron el ATPA y el ATPDEA (las disposiciones unilaterales de acceso franco al mercado norteamericano). Si éstas se basaron en la necesidad de complementar la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, esa fundamentación podría perder sustento hoy si el compromiso comercial norteamericano se retrae.
En cuanto al impacto estratégico de una no aprobación del TLC, es evidente que parte de la estructura normativa de los países asociados a Estados Unidos en esta parte del continente quedaría mellada. Ello estimulará la decisión venezolana orientada a debilitar todo contacto entre los países suramericanos y la primera potencia.
unque en esta situación hay cierta corresponsabilidad (los negociadores peruanos, tan pretenciosamente tecnocráticos, sencillamente no adoptaron mínimas precauciones para anticipar el escenario presente), el Congreso norteamericano debe terminar con la dilación actual que causa daño a terceros. Un sencillo sí o no en relación con un país amigo y pequeño no es una decisión que debiera demorar hasta que se venza, en junio próximo, el plazo para aprobar un convenio comercial con más contenido político que económico para Estados Unidos.