Alejandro Deustua
17 de nov de 2008
Aunque la reunión de ministros del G-20 realizada en Sao Paulo señaló el rumbo de la declaración de la cumbre de Washington, algo más concreto se esperaba de ese Grupo frente a la crisis financiera. Finalmente, tal concentración de poder (80% del PBI mundial) permitía a los asistentes adoptar decisiones incontestables.
La transición de la presidencia norteamericana puede haber influido en ello pero el horizonte de largo plazo de la crisis hizo más. Salvo por Japón, cuya recesión no impidió el anuncio de un programa de apoyo de US$ 100 mil millones a las instituciones multilaterales, los participantes no se apartaron de su aproximación normativa al problema: establecer al respecto principios fundamentales, fijar un entendimiento compartido de la crisis y prepararse para una reforma del sistema financiero antes que para su refundación.
Así, si pudiéramos estar frente a un cambio de época, ésta tendrá mucho de continuidad: el G-20 confirmó su compromiso con el sistema de libre mercado, llevará a cabo de manera cooperativa un programa de reformas operativas antes que un cambio fundamental del sistema financiero y se reforzará el rol de las instituciones multilaterales existentes subrayando su condición interestatal antes que supranacional.
Este marco de acción aseguró, nominalmente, la apertura del sistema y rechazó tanto soluciones meramente nacionales como tendencias proteccionistas. En teoría, ello favorece la coordinación, minimiza la acción inconsulta de los actores más poderosos (Estados Unidos, entre ellos), evita aquellas que, para prevenir el desastre local agrava la situación del vecino (el caso de Irlanda) y margina, de momento, la imputación de responsabilidades.
Por lo demás, el G-20 ha asegurado a sus socios emergentes un rol mayor en las decisiones que adopten organismos como el FMI (un tema hace tiempo en agenda) al tiempo que recupera para este organismo y sus pares la legitimidad perdida y procura para ellos recursos suficientes para cumplir con sus funciones. Al respecto, es muy interesante que Brasil y, especialmente Argentina, hayan aceptado esta reforma conservadora.
Sobre esta base se adoptarán, en una próxima reunión del Grupo, las medidas correspondientes. Éstas oficializarán la expectativa general: mayor regulación, supervigilancia y control del mercado financiero, mayor transparencia y rendición de cuentas de sus agentes y nueva responsabilidad del Estado y del sistema al respecto.
La conclusión de la etapa de desregulación financiera iniciada por Reagan y Thatcher y legalizada a fines de los 90 implica en este caso mayor atención a agencias que toman riesgos excesivos, generan productos financieros complejos, manipulan los mercados o hacen mal uso de ellos sin preocuparse por conflictos de intereses.
Así, la especulación andará esta vez por los rieles de nuevos estándares de conducta, nuevas exigencias de aprovisionamiento de capital y alertas frente a la imprudencia de la ingeniería financiera. Éste es el código de conducta. Ahora quisiéramos ver sus resultados económicos y las punciones por su incumplimiento.