Alejandro Deustua
15 de ene de 2010
El terrible terremoto que ha asolado Haití ha movilizado extraordinariamente a la comunidad internacional. Pero a nadie escapa que la prioridad inmediata de salvar vidas y de proveer de elementos básicos para la subsistencia y seguridad de la población haitiana es hoy acompañada por una preocupación de mediano y largo plazo: la reconstrucción quizás ya no de un Estado fallido sino de uno que ha desaparecido en pocos minutos de conmoción sísmica.
En efecto, si Haití ha estado bajo la protección o asistencia de la comunidad internacional materializada por la ONU y la OEA desde 1993 lo ha sido bajo el supuesto de que la escasísima capacidad estatal haitiana podía evitar la anarquía alcanzando, en un tiempo prudente, mínimos niveles de sostenibilidad mediante el adecuado emplazamiento de la autoridad democrática, del estado de Derecho y de un entorno seguro.
Hoy la base física de esa expectativa se ha quebrado. Más allá de la abrumadora destrucción de la infraestructura, los cimientos mismos del Estado (el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial) han perdido, casi toda capacidad soberana y jurisdiccional que no sea la de su ficción jurídica.
La destrucción física de ese cimiento político ha empujado a la quiebra de la infraestructura económica. En efecto, a la improductividad del sector rural se ha sumado hoy la pérdida de las condiciones materiales elementales para el funcionamiento del mercado urbano. Las consecuencias de esa disfunción en la sociedad más pobre y más golpeada del Hemisferio serán todavía más críticas.
Bajo estas circunstancias, la catástrofe humanitaria que padece Haití ha devenido en un inmenso problema de seguridad que supera de largo las condiciones previas de su inviabilidad.
En efecto, quizás hoy los objetivos y fuerzas de la MINUSTAH que, en el 2004 reemplazó a un Fuerza Multinacional Provisional establecida por el Consejo de Seguridad de la ONU para apoyar la gobernabilidad, el desarme faccional y, entre otras paradójicas cosas, atenuar el impacto de los desastres naturales, han sido superados por la realidad de la destrucción. No sólo el centro de operaciones de la MINUSTAH ha desaparecido (y muerto sus principales autoridades), sino que las condiciones mínimas de convivencia social, orden político y supervivencia económica en el escenario se han diluido de momento.
Si la perspectiva corto plazo prevaleciera, Haití sería ya un gran agujero negro en el centro del Caribe que, además del gran problema humanitario, puede atraer los apetitos geopolíticos de ciertos vecinos al tiempo y que tiende a expulsar a sus sobrevivientes a su entorno llevando consigo gran capacidad de generar desorden.
De allí que la masiva asistencia humanitaria deberá ser completada con más asistencia y protección política y de seguridad en el futuro inmediato. Ello requerirá un redoblado esfuerzo de la ONU (y de la OEA) y de las potencias occidentales que deberá ir más allá de los programas de reconstrucción institucional dispuestos por el Consejo de Seguridad.
De momento surgen tres modelos para aproximarse a este gran desafío. El primero recuerda las experiencias de la reconstrucción del escenario bélico después de la Segunda Guerra Mundial (el Plan Marshall y/o el plan de reconstrucción del Japón) (NYT). El segundo (el que se propone acá) consiste en que, bajo las excepcionales circunstancias actuales, quizás se requiera apelar a los mandatos que establecieron los antiguos territorios en fideicomiso sometidos a la protección de la ONU hasta que éstos, ya ordenados, estuvieran prontos para la independencia. Alternativamente el Consejo de Seguridad de la ONU podría colocar a Haití bajo su protección pero delegando el trabajo en el terreno a un grupo de potencias (como ocurrió con Irak hasta hace poco).
Ninguna de estas alternativas, entre otras, debe ser descartada bajo el apuro de la terrible coyuntura porque ningún gobierno haitiano (o lo que se le parezca) podrá sostenerse sin la determinante asistencia y presencia externas. Ni la magnitud de la tragedia ni la historia de Haití permiten plantearse un escenario de reconstrucción bajo condiciones de autonomía plena.
Al respecto, tampoco la OEA tampoco podría eludir sus responsabilidades si no desea que el evidente fraccionamiento del sistema interamericano devenga en desbalance sustancial en una de sus subregiones más inestables del Hemisferio como lo es el Caribe.