Alejandro Deustua
26 de dic de 2006
27 de Diciembre de 2006
Si la propuesta contemporánea de que la economía se ha desvinculado de la política es un espejismo, la aseveración de que la economía se ha desvinculado de la seguridad ciertamente es una trampa de abrumadoras consecuencias.
En ambos casos, estas cuestionables afirmaciones se basan principalmente en percepciones de agentes económicos que activan el ciclo expansivo prevaleciente.
El primer caso se sustenta en la continuidad del incremento de las perfomances nacionales (en América Latina, cuatro años de crecimiento consecutivo) bajo gestiones económicas convencionales en el marco de condiciones de confrontación social y de cuestionable conducción política (p.e., el caso de Bolivia).
El segundo caso se argumenta en el hecho de que, no obstante que la primer potencia se encuentra en guerra de incierto destino, los conflictos regionales se intensifican y las amenazas globales no son revertidas, la economía global crece a 3.9% según el Banco Mundial (aunque el FMI estima esa cifra en 1 punto adicional), el volumen del comercio exportador se incrementa en 9% (la OMC dice 6%) y los mercados bursátiles siguen boyantes (el Dow Jones alcanzó un récord de 12400 puntos a mediados de diciembre).
Aunque hay argumentos adicionales que sustentan tales afirmaciones, éstos se comprobarán errados cuando el ciclo expansivo termine y la percepción de las plurales amenazas se corrija hacia abajo.
Para agentes de racionalidad distinta (los agentes estatales) esa percepción no cambiará sustantivamente, sin embargo, en tanto ellos están al tanto de que la inseguridad actual ha crecido en casi todos los ámbitos geográficos a pesar de la multiplicación de los Estados que se rigen por normas liberales.
Para ellos el hecho es sencillo: la primera potencia está en guerra (y “no la está ganando”), la amenaza del terrorismo global no ha cejado, los conflictos regionales –aunque concentrados- se han intensificado, la proliferación de armas nucleares (una variante de las armas de destrucción masiva) está en pleno aumento, las potencias emergentes contribuyen a la inestabilidad de un orden global que nunca estuvo en equilibrio desde 1989 y las nuevas amenazas (desde el narcotráfico hasta la pobreza y las pandemias) distan de haber sido controladas.
Sin embargo una versión optimista de este escenario es posible si se emplea un compuesto de instrumentos “realistas”. Si la única superpotencia decae y la emergencia de otras es visible, es posible pronosticar para el largo plazo un mundo más estable sustentado en la revalorización del Estado, la realidad de la multipolaridad, el ejercicio del balance del poder y una mejor identificación y defensa del interés nacional. Kissinger suscribe esta aproximación.
Ese orden será más estable que el actual aunque no asegure el multilateralismo. Bajo estas condiciones los parámetros liberales podrán no ser tan uniformemente extendidos pero probablemente se podrán adaptar mejor a las condiciones locales. Y si ello ocurre, fenómenos como el terrorismo global menguarán.
Una lectura más pesimista de los mismos hechos pronosticará, sin embargo, que si la primera potencia decae –siendo ésta es un baluarte del liberalismo-, el compromiso colectivo con la democracia, los derechos humanos y el libre mercado se erosionará peligrosamente.
Y si las capacidades existentes de establecer un orden global se deterioran más, las tendencias anárquicas que involucran a grupos o individuos en conflicto desbordarán a los Estados contribuyendo a su fragmentación, generando mayor inviabilidad y pobreza en los países en desarrollo e incrementando la vulnerabilidad general. Ello conducirá al ejercicio de la fuerza por agentes armados no estatales una vez que el Estado haya perdido el legítimo monopolio del poder. Como consecuencia, la imposibilidad de contrarrestar fenómenos como la pobreza o el narcotráfico se incrementará generando mayor violencia urbana. Entonces los mercados perderán el optimismo que hoy prevalece.
Si la realidad no se encuentra en ninguno de esos escenarios alternativos, sino en una mezcla de ellos y sus efectos se sentirán globalmente, no es posible seguir insistiendo que América Latina es un ámbito geográfico privilegiado porque se encuentra físicamente lejos de los principales centros de conflicto.
En efecto, cualquiera que sea el cambio de la estructura de poder global o la intensidad de la interdependencia de la conflictividad global, éstos nos afectarán. De allí que sea necesario atender mejor nuestros problemas de seguridad. Y el narcotráfico, el terrorismo, la violencia urbana, el medio ambiente o la pobreza no son los únicos.
Si en términos convencionales, América Latina es una de las regiones que menos gasta en armamentos (1.4% del total según el SIPRI), es necesario obtener mejores beneficios de esa realidad y corregir los desequilibrios que, dentro de parámetros menores, generan mayor acumulación de capacidades en algunos Estados. El equilibrio (que no es lo mismo que paridad) es una condición necesaria para la consolidación de la confianza entre Estados con tradición de conflicto (p.e., el caso de Perú y Chile siendo éste país, junto con Venezuela, el que más gasta en defensa).
Por lo demás, es necesario prevenir el estado de indefensión a que lleva un gasto en seguridad y defensa demasiado bajo (en el caso peruano, hoy tenemos que recurrir a un “núcleo básico operativo” para cumplir tareas mínimas de cobertura territorial). Un gasto razonable en defensa asegurará, además, la adquisición de capacidades normales permita contribuir a la generación de estabilidad regional y global (p.e. mediante operaciones conjuntas de tareas de mantenimiento de la paz como las que se han planteado con Chile) así como a adquirir tecnología militar de aplicación civil.
Ello supone consolidar la legítima capacidad de coacción del Estado para combatir amenazas que atentan contra intereses nacionales como el narcotráfico y el terrorismo, entre otros. Para hacerlo resulta indispensable incrementar la cooperación entre los vecinos amenazados (hoy extremadamente baja), con las potencias que lideran la lucha global correspondiente y plantear esa confrontación en el ámbito del de la ONU para incrementar el trato regimental de estos problemas.
Ello conlleva incrementar la cooperación con Estados Unidos y la Unión Europea y consolidar con quienes participan de los principios occidentales vínculos cooperativos eficaces. La generación de asociaciones estratégicas y de regímenes de seguridad para confrontar amenazas convencionales (como la proliferación de armas de destrucción masiva), no convencionales (como el la proliferación del crimen organizado) y tareas de seguridad colectiva en el marco de la ONU tiene mejores posibilidades de realización para el Perú ahora que nuestro país forma parte, hasta fines del 2007, del Consejo de Seguridad. En este acápite es indispensable realizar todos los esfuerzos para que los compromisos de la ONU con la reconstrucción de Irak tengan el éxito adecuado.
Una consecuencia de ello es procurar el consenso necesario para desactivar los conflictos regionales en el Medio Oriente y Asia. Tal decisión obliga a cortar los vínculos suramericanos de potencial financiamiento de los mismos (p.e., los de la zona de la “triple frontera”) y los de apoyo político (los vínculos de Venezuela con Irán y los que organizaciones que ese último país introdujo, por ejemplo, en Argentina en el caso AMIA).
En el caso de la Comunidad Suramericana de Naciones, ésta debe equilibrar las relaciones que mantiene con los países árabes con las que pueda establecer con Israel.
En el caso del Asia, los acuerdos que el Perú negociará con Corea del Sur y Japón deben incluir un vínculo de seguridad y de apoyo a la lucha contra los intentos de proliferación nuclear por Corea del Norte.
La membresía no permanente en el Consejo de Seguridad debe contribuir también a que la energía que libera la emergencia de nuevas potencias en el sistema internacional no ocurra a través del conflicto ni de la desestabilización general de un sistema en proceso de cambio.
Ello supone también desactivar la agresividad política con la que actúan potencias antisistémicas en el contexto suramericano (especialmente Venezuela y Bolivia) y organizar, en ese marco regional, efectivos mecanismos de seguridad colectiva. Este esfuerzo debe ser especialmente intenso en el sistema interamericano que, desde la década pasada, se mantiene en una infértil proceso de negociación política. Éste, a su vez, debe patrocinar, separadamente, la acción hemisférica contra amenazas no convencionales y vulnerabilidades económicas (como en caso de la energía y del aprovisionamiento de agua).
Finalmente, el esfuerzo nacional para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo debe maximizarse empleando todo el instrumental disponible. Lo mismo ocurre en la lucha contra la pobreza, los gravísimos problemas del calentamiento global y otros males asociados. Aquí la coordinación entre el esfuerzo nacional y los que requieran los Objetivos del Milenio es indispensable es indispensable en el primer caso. En el segundo, los niveles de cooperación internacional deberán evolucionar hacia ciertos de transnacionalidad para lograr eficiencia (el protocolo Kyoto y otros instrumentos similares deben encontrar un instrumento ejecutivo similar al de OIEA, por ejemplo).
Cuando ello ocurra, las percepciones optimistas de la seguridad tendrán fundamentos mejores que los que hoy asume el mercado.