Aunque la orientación política de la mayoría de los países latinoamericanos encontrara o consolidara el camino adecuado en el 2016, la notoria pérdida de legitimidad de algunos gobiernos, la inestabilidad social e institucional y la fuerte erosión de la perfomance económica muestra que el año no fue un buen año para América Latina.

Por lo demás, la propensión a una mayor convergencia política no se reflejó en incremento de la cohesión regional mientras la inseguridad interna (con notorias diferencias nacionales) y la disminución del comercio intra-regional erosionó la capacidad integradora en el área.

Brasil:

Así, si el gran cambio político que experimentó el Brasil con el reemplazo de la señora Rousseff quiso mejorar el horizonte de la potencia regional, la inestabilidad precedente y la agregada por aquella circunstancia complicó enormemente sus perspectivas. La causa fundamental de la inestabilidad brasileña se fundó, sin embargo, en el gran desencuentro entre expectativas sociales y pérdida de autoridad del gobierno.

Entre ambas fuerzas, la corrupción sistémica tuvo un impacto inmenso en el clima político que se reflejó en la bajísima aprobación del presidente Temer (apenas 14%) con una desaprobación de 49% según la Confederación Nacional de Industrias. La fuerte vulnerabilidad presidencial indica que el Presidente tendría que lograr resultados de gran impacto este año si desea concluir su mandato en el 2018.

Ello explica que la perspectiva optimista de la evolución brasileña esté dominada por la gestión de los fiscales anti-corrupción, que la esperanza del país radique en la extirpación de esa lacra y que la superación de la recesión (una contracción de -3.5% en el 2016) sea una aspiración máxima este año.

Sin embargo, esta última expectativa es también incierta a la luz de la fuerte pérdida de confianza de los agentes económicos y de las dificultades de pasar reformas necesarias (seguridad social, p.e.) en el marco del descontento popular producido por la ley de limitación del gasto público indexado (que afecta los programas de asistencia).

Argentina:

En Argentina la gran esperanza que representa el Presidente Macri tras doce años de gobierno kirchnerista ha perdido brillo por la mala perfomance económica. Sin embargo, el Presidente mantiene una aceptación superior al 50%. Aunque esa percepción contrasta con la aceptación alcanzada el inicio del gobierno (62%) implica una recuperación del descenso a 42% a mediados de año.

Los aciertos de la gestión de Macri se concretan en la liberación de impuesto a las exportaciones agropecuarias (35%) establecido por el gobierno de Kirchner, la liberación del tipo de cambio, la recuperación progresiva de la credibilidad estadística (que el gobierno kirchnerista hipotecó extraordinariamente) y del status crediticio (fruto de una buena negociación con los “fondos buitre”).

En cambio, el recorte del gasto (que, con un ajuste gradual, ha cuidado de minimizar el impacto social en un país con un tercio de la población en pobreza) y el control de la inflación (que, en niveles de 40% al cierre del año, se ha probado extremadamente pertinaz) no han contribuido al crecimiento. Una contracción de -2% indica la seriedad de la situación que este año debiera mejorar: la CEPAL indica que Argentina crecería este año 2.7%.

México:

Aunque con menor apremio que Brasil, México enfrenta serios problemas de gobernabilidad reflejados en el bajo índice de aprobación de la gestión presidencial (en los alrededores del 30%). Este grado de aceptación sería el peor desde 1995 en un país en que el predominio del PRI (el partido del Presidente Peña Nieto) dio la aprobación por descontada a lo largo del siglo XX.

Habiendo cedido 7 de 12 gobernaciones en las elecciones de mediados de año, la capacidad de gestión presidencial ha mermado. El impulso de las grandes reformas antimonopólicas de los sectores energético (PEMEX) y de telecomunicaciones y la eliminación de los vacíos tributarios en los que medraban grandes corporaciones, ha perdido considerable dinamismo.

Y la corrupción que coloca a México en el puesto 103 del índice de Transparencia Internacional entre 175 países (aunque lejos de Venezuela), los costos de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y la gran desaprobación con que la ciudadanía recibió la invitación a Donald Trump cuando éste no era aún presidente electo (e insultaba a los mexicanos como recurso electoral) han restado también sitio al Presidente.

A la sombra de la gran vulnerabilidad de la economía mexicana en relación a Estados Unidos (mercado donde México coloca alrededor del 80% de sus exportaciones y del que recibe la mayor proporción de la inversión extranjera), el Presidente acaba de designar como Secretario (ministro) de Relaciones Exteriores a Luis Videgaray. Éste, siendo Ministro de Hacienda, se impuso sobre la entonces Canciller Claudia Ruiz Massieu (que hoy ha debido renunciar para allanar este nombramiento), para facilitar la visita del candidato Trump.

Se entiende que esa designación está directamente vinculada a la próxima toma de posesión del presidente electo norteamericano y a la primacía de los intereses económicos mexicanos sobre los políticos. A año y medio de las elecciones presidenciales en México esa decisión le costará al Presidente Peña Nieto mayor desaprobación si Trump no modera sus amenazas y agresiones (acaba de coactar a la Ford y la GM para que desvíen hacia Estados Unidos inversiones ya comprometidas en México) y complicará la candidatura del candidato del PRI en esos comicios.

Por lo demás, la perfomance económica mexicana no ha ayudado a paliar estos inconvenientes. No obstante haber mantenido el rumbo de un modelo exitoso que las reformas implementadas debían haber mejorado, la economía creció alrededor del 2% en el 2016 (por debajo del 2.5% del año anterior). A la desaceleración contribuyeron los menores precios petroleros, la contracción de la inversión pública y la pérdida de dinamismo de los sectores vinculados a la economía norteamericana (el manufacturero de las que el recientemente afectado sector automotriz forma parte). La pérdida de perfomance no implicó, sin embargo, desorden en la gestión económica.

---------------------------------------------------------------

Las complicaciones políticas y económicas de estas tres potencias (las mayores en la región) dan cuenta, en alguna laxa medida, de la problemática de potencias medianas del área como Perú, Chile y Colombia. Felizmente, para América Latina todas se mantienen abiertas y democráticas. Sin embargo, esos factores de convergencia política y económica han sido matizados por los graves obstáculos que afrontan.

-------------------------------------------

Chile:

Según el ex-presidente Ricardo Lagos Chile vive la peor crisis política desde 1973 en la que grupos de interés habrían capturado el Estado y la representación ha perdido legitimidad y capacidad de reacción (LT). Puede que el Sr. Lagos exagere o se contradiga (especialmente si afirma que la crisis no es institucional cuando la credibilidad de las instituciones está en cuestión). Pero el hecho es que la aprobación de la Presidenta Bachelet es de apenas 24% (muy baja para Chile) mientras los candidatos presidenciales a las elecciones de noviembre de este año, no parecen convocan una gran aceptación.

En este contexto Chile ha dejado de ser el exitoso modelo democrático que inauguró la Concertación en la última década del siglo pasado. Y, a la luz de la protesta social, del impacto de credibilidad que ha producido la corrupción (asociada ahora al financiamiento irregular de campañas electorales y a la colusión en el establecimiento de ciertos precios de productos básicos) y de la mala perfomance económica (un crecimiento de apenas 1.6% en el 2016 tampoco es ya el modelo económico de referencia.

En el marco de las dificultades de financiamiento de las reformas distributivas de la Presidenta Bachelet la preocupación prioritaria parece ser, como en el resto de economía abiertas del área, la de ordenar la gestión, eliminar obstáculos a la menguante inversión y contrarrestar los graves problemas de inserción derivados de la complicación de los mercados externos.

Colombia:

En el transcurso del año la situación política colombiana fue determinada por la etapa final de las negociaciones con las FARC cuyo proceso se inició en el 2012. Luego de que el Congreso aprobara con carácter transitorio, antes de la suscripción del acuerdo, su eventual incorporación a la normatividad interna, la oposición que votó en contra se consolidó dentro y fuera del foro legislativo. Luego de la suscripción del acuerdo en setiembre pasado, el poder de la oposición se probaría determinante cuando, con 50.2% de los votos, ganó el plebiscito convocado para lograr la aceptación popular del entendimiento.

Pocos días después el premio Nobel de la paz le fue concedido al Presidente Santos que, recuperado de la derrota plebiscitaria, recogió el 65% de las sugerencias de todos los interesados en una nueva negociación para mejorar el acuerdo. Esta versión final se suscribió en noviembre y el Congreso lo aprobó pero sin los votos de la oposición.

A pesar de que el Presidente Santos declaró victoria, el hecho es que la implementación del acuerdo puede ser más compleja de lo esperado por el oficialismo. Por lo demás, los contenciosos sustantivos –como los referidos a la justicia transicional- probablemente se incorporarán a las agendas de las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2018.

Con una economía creciendo sólo 2% impactada por bajos precios petroleros y por una producción agrícola disminuida por factores climatológicos, los recursos que el acuerdo permitirá desviar hacia la inversión pública añade valor a ese compromiso.

En un hipotético escenario de implementación ordenada del mismo las ganancias en recuperación soberana, orden interno y proyección de estabilidad al resto del área tienen evidente valor estratégico. Pero si la ejecución se complica por remanencia de la actividad ilegal de la militancia subversiva, por su sólida vinculación con el narcotráfico y por la persistencia de la oposición en cuestionar la legitimidad del acuerdo, la eventual reanudación de la violencia interna tendría un muy peligroso efecto de fragmentación añadida en una sociedad ya dividida y, que después de medio siglo de conflicto, habrá perdido parte del impulso confrontacional contra el enemigo terrorista.

Seguridad interna:

En cualquier caso los problemas de seguridad interna siguen desafiando a la mayoría de los países del área. Éste es ciertamente el caso de México en el que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado se ha escalado en intensidad y degradado en sus efectos. Y lo es también en Argentina, Perú, Brasil que se sitúan en la parte inferior del Índice Mundial de Seguridad y Policía del Instituto de Economía y Paz y que tienen en ese acápite un desafío principal.

A su dimensión regional contribuye especialmente Venezuela que registra el peor coeficiente de seguridad del área.

Venezuela:

En el 2016 fracasó la convocatoria del referendo revocatorio en Venezuela saboteado por el Ejecutivo, por el Consejo Nacional Electoral (que luego de la presentación de firmas suficientes, exigió una nueva e ilegal consulta para confirmar la voluntad de los ciudadanos que ya habían firmado la planilla correspondiente) y por el Tribunal Supremo de Justicia (que exigió que el recuento de 20% de las firmas necesarias no se hiciera a nivel nacional sino en cada Estado federal). Con estas argucias el gobierno ganó el tiempo necesario para que el referendo, de realizarse, sólo pudiera revocar al presidente Maduro pero no al vicepresidente evitando la convocatoria a elecciones anticipadas.

Ad portas del estallido social se reiteró entonces la propuesta del diálogo que ya antes UNSAUR, parcializada como estaba con la dictadura venezolana, había sugerido. Esta vez la convocatoria la hizo el Vaticano con la participación de un grupo de mediadores que, sin exigencias al gobierno para que restableciera el Estado de derecho o las normas del revocatorio, actuaba ya en Venezuela.

El resultado ha sido la pérdida de impulso y de soporte opositor, la afirmación del gobierno de Maduro y el extraordinario sacrificio de derechos, seguridades y satisfacción de necesidades básicas que se ha impuesto sobre la ciudadanía. En ese contexto se incrementó la inaccesibilidad a la canasta básica familiar (su valor equivale a 17 salarios mínimos en una remontada de 481% en el 2016). Y la carestía superó todo límite (no están disponibles 60% de los productos de la canasta y 90% de las medicinas según Qué Pasa).

Esta intolerable situación ocurrió en el marco de una extraordinaria contracción económica de -9.7% en el año (-4.7% es la proyección del 2017 según la CEPAL), una inflación superior al 785% este año (Infobae, mientras el Banco Central reporta 181%) con una proyección de 2200% en el 2017 según el FMI y un déficit fiscal de 20% del PBI a fines del 2015 (BM). La dispersión de fuentes citadas se debe a la ausencia de estadística consolidada sobre Venezuela como ocurre en las dictaduras o los Estados fallidos.

En este dramático contexto, la impotencia de la oposición y de la comunidad internacional para exigir elecciones adelantadas en Venezuela es sólo superada por la indolencia de la dictadura venezolana frente a la destrucción de su Estado y de su sociedad. Al respecto el acontecimiento más notable ha sido la suspensión de la participación venezolana en el MERCOSUR.

Integración regional:

En este marco, que tiene a Venezuela como excepción dramática, la integración regional ha sido víctima de la decepcionante perfomance económica en los países del área y de los obstáculos internos a la plena recomposición liberal en ella. En consonancia con la caída de las exportaciones regionales (de 15% a 8% en el primer semestre de 2016) el comercio intra –regional descendió por debajo de los pésimos niveles del 2015 a apenas 12.9% en el MERCOSUR, 7.9% en la Comunidad Andina y 3.5% en la Alianza del Pacífico, la más prometedora subregión de la América hispana.

A pesar de que se insista en que la integración no es principalmente económica, la experiencia dice que el comercio es su primer eslabón. Esos niveles son hoy paupérrimos en el área. Su recuperación es indispensable si América Latina quiere tener mayor presencia inter-regional.

Al respecto debe recordarse que la región es la única que experimentó una contracción del producto agregado en el 2016 (-0.6% según la proyección de octubre del FMI) en contraste con el Asia Pacífico que habría crecido 5.3%, el Medio Oriente (3.4%), África (1.5%), la Eurozona (1.7%) y Europa del Este (1.3%). La escasa productividad y la pérdida de competitividad del área están acompañadas acá por preocupantes indicadores de desinserción que es indispensable sanear.

FUENTES: FMI, BANCO MUNDIAL, CEPAL, IFEP, DIARIOS.