La COP 20 ha sido un avance en el proceso para llegar a un acuerdo que reemplace al acuerdo de Kyoto. Pero quizás no lo haya sido tanto desde el punto de vista de las acciones que efectivamente mitiguen el cambio climático.
Desde el punto de vista procesal esta multitudinaria conferencia –cuyo formato lastra aún más todo progreso- ha avanzado en la elaboración de opciones para ser consideradas en la COP 21 aunque no necesariamente para que en París, el próximo año, se concrete un acuerdo ambicioso, balanceado, vinculante y, especialmente, eficaz en el objetivo global de no sobrepasar el temido umbral de un incremento del calentamiento de 2º C en relación a la era preindustrial.
Si se mide el avance por los compromisos de reducción de emisiones lo que tenemos son tanto opciones como falta de consenso. Lo primero es ciertamente un avance en la configuración de parámetros (o elementos) sobre cortes para un acuerdo. Pero ello implica, paradójicamente lo segundo: límites en el avance en tanto no hay consenso sobre las responsabilidades y posibilidades de cada quien.
Aunque de esta reunión no se esperaba acuerdos de reducción, la expectativa de un número sustantivo de compromisos voluntarios sobre la materia debía haberse concretado. Y no parece que ello haya ocurrido.
En efecto, si a la COP 20 se llegó con compromisos unilaterales y específicos de los principales contaminadores, se sale de ella con alternativas generales resumidas por la presidencia de la reunión.
Como se sabe, Estados Unidos ya había ofrecido una reducción de 26%/28% de emisiones hacia el 2025 sobre la base del 2005, la Unión Europea ofrecía reducir 20% de emisiones sobre la base de 1990 e incrementar en 20% la eficiencia energética y China se había pronunciado, aunque vagamente, por reducciones a partir del 2030.
Estos compromisos no sólo no se han consolidado en Lima sino que tampoco se conocen nuevas ofertas de potencias emergentes o de países chicos con alta responsabilidad climática.
En lugar de ello los organizadores y los órganos competentes de la ONU han planteado a los demás países que presenten sus ofertas de corte en el primer trimestre del 2015. Al respecto cabe preguntar si estos países van a proceder a cumplir con esa demanda a fines del verano meridional, ¿no lo podían haber hecho antes de llegar a Lima? Y si no lo han hecho ahora, ¿qué habrá cambiado en tres meses para ofrecer un compromiso sobre la materia?.
Quizás nada salvo esperar la COP 21 para decidir si optan o no por reducir entre 40% y70% de las emisiones hacia el 2050 por debajo de los niveles del 2010 y cerca del 100% hacia el final del siglo (lo ideal); esperar a que las emisiones lleguen a su pico en el 2020 y reducirlas en 50% hacia el 2050 (algo muy parecido a la posición china); o reducir significativamente emisiones hacia el 2050 de manera consistente con el objetivo global y con el de desarrollo sostenible (el caso de algunos países en desarrollo a los que, con esta laxitud compromisoria, podrían sumarse los países más ricos luego de replantear sus posiciones).
Entendemos que la presidencia peruana ha hecho lo posible (y en todo caso, el progreso consiste en que se han superado de lejos –aunque en el papel- los niveles de 5% con referencia a 1990 del Protocolo de Kyoto). Pero, de haber contado la organización con el compromiso de los participantes más responsables, pudo complementarse este menú con los nombres propios genéricos de los ofertantes (países desarrollados, emergentes, y en desarrollo, por ejemplo) en cada una de las opciones de corte.
A pesar de esa carencia, en este acápite se avanzó, sin embargo, en el intento de establecer términos comunes de medición de esas reducciones aplicadas y ofertadas.
De otro lado, no parece adecuado comparar ese avance (que no es significativo) con la COP 15 (Copenhague, 2009) cuando la voluntad internacional por confrontar el calentamiento global se derrumbó por completo. Lo pésimo no puede ser la medida de lo bueno si lo bueno desea ser transparente y claro (es decir, Kyoto de 2005 cuando el tratado entró en vigencia en lugar de 1997 cuando se firmó) como mandan los principios del régimen que se pretende reemplazar.
Y tampoco se puede aducir sin que nadie salte de su ardiente asiento, que en la COP 21 se consolidó la adecuación al cambio climático como complemento de la mitigación de ese cambio. Mucho menos cuando los desarrollos del Protocolo de Kyoto incorporaron hace algún tiempo un fondo de adaptación que, escaso o no, estuvo destinado a facilitar las cosas a los países en desarrollo. Éste debe servir para financiar parcialmente los planes nacionales de adaptación a los que también se refirió la reunión de Lima.
En ese marco, la COP 21 también avanzó levemente al comprometer los US$ 10 mil millones inicialmente necesarios para el Fondo Verde. El ritmo de las ofertas de nuevos compromisos, sin embargo, no parece seguir el compás de exigencia de los US$ 100 mil millones que harán falta en el 2020.
En lo que hace al Perú, el país ha logrado compromisos de Noruega y de Alemania para contribuir a reforestar lo que ha sido perdido por tala y minería ilegal. A esos aportes deben sumarse alrededor de media docena de compromisos de cooperación adicional.
Ello es importante para mejorar los términos de adaptación nacional. Sin embargo, esa contribución no equivaldrá ni a una gota de agua si la comunidad internacional no decide de manera contundente que no cruzará el umbral de un calentamiento global de 2º C a la brevedad.
Para ello, la responsabilidad delegada en el Grupo de Trabajo ad hoc de la Plataforma de Durban para consolidar el borrador de texto de un nuevo acuerdo contra el cambio climático es una medida inteligente (nadie pensará que los representantes de 195 país pueden acometer la redacción conjunta de un régimen perentorio de esta naturaleza). Pero ello no servirá de nada si los compromisos unilaterales ya ofrecidos se diluyen (especialmente en el caso de China que, a la vaguedad política, agrega hoy también desaceleración económica) y si los de otras potencias emergentes no se manifiestan (especialmente en el caso de aquéllas que, como Brasil, tienen responsabilidades especiales en la buena gestión de áreas de impacto global.
Estos casos proliferan no sólo en el caso de la Amazonía, los glaciares (el Ártico, la Antártida como espacios y los Andes e Himalayas como cordilleras) o de bosques (especialmente en el Asia y América Latina) sino en el de megaciudades (que siendo inmensas contaminadoras, ya son mayoría en los países emergentes) a las que parece haberse concedido menor atención.
