Con el tercer Consejero de Seguridad Nacional chamuscado por el presidente Trump es probable que ni el Sr. Abrams, “enviado especial” para Venezuela, tenga certeza de la posición de la Casa Blanca sobre la situación de seguridad en ese país.
Ésta se ha complicado con la reincorporación de uno de los más altos líderes de las FARC “Iván Márquez” a la lucha armada. Además de agravar la polarización en Colombia sobre los acuerdos de paz suscritos con ese grupo, ello ha estimulado al dictador Maduro, que cobija a la organización narcoterrorista, a redoblar su amenaza a la región.
Ahora el dictador no sólo instrumenta esa amenaza no convencional contra Colombia trascendiéndola, sino que ha dispuesto la realización de ejercicios militares convencionales en la frontera, el despliegue misilero y replantear la controversia territorial sobre el Esequibo.
Tal situación altera claramente la paz y la estabilidad en el área y reclama una respuesta en el ámbito de la seguridad colectiva. Ése es el escenario del TIAR, un tratado en revisión pero vigente. El presidente Guaidó desea invocarlo. ¿Querrán los cancilleres del área, tan indispuestos a estas consideraciones, consultarse en su marco? Aunque ya es hora, no está claro que quieran mirar su reloj al respecto.
Especialmente cuando la ausencia de respuesta proporcional al desafío dictatorial ha seguido una infértil línea diplomática que ni la negociación directa, mediada por Noruega, ha resuelto.
La gestión del Grupo de Lima ha sido un ejemplo de insuficiencia al respecto (se ha limitado al sustento del presidente Guaidó y al reclamo de una salida ordenada). Y también de costo político: su desgaste favorece a Maduro y genera la pérdida de influencia de sus integrantes en el sistema internacional.
Estados Unidos, el articulador mayor de la respuesta coercitiva limitada contra Maduro no escapa con claridad de esa situación. En efecto, la superpotencia ha optado por sanciones económicas y por reclamar, con razón, de sus pares europeos acción similar. Pero ello no ha cambiado la conducta del dictador y ciertamente no es una respuesta adecuada a la calificación de la crisis humanitaria en Venezuela como una amenaza a la paz y seguridad regional actualizada por el Jefe del Comando Sur, Craig Faller.
Pero en el ámbito multilateral esta inconsecuencia es insignificante si se considera que representantes del verdugo de los venezolanos y manipulador de las FARC tenga hoy serias posibilidades de ocupar uno de los ocho asientos que corresponden a América Latina y el Caribe como miembro del nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Oppenheimer). Ello puede ocurrir a pesar de que la Alta Comisionada de ese Consejo reiterara en estos días los cargos de lesa humanidad contra el gobierno de Maduro.
En este marco la situación venezolana debe evaluarse en el marco de la seguridad colectiva. Si no una acción militar, de esa consulta puede emerger una política eficaz de coerción hemisférica para contener y revertir la amenaza que plantea el dictador.
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