El presidente Mauricio Macri ha culminado su gobierno y entregado el poder “como se debe” al presidente Alberto Fernández quien ha prometido una redefinición del rol del Estado en un marco de enorme crisis económica.
Al respecto es un aliciente que, luego del 40% obtenido en las elecciones de octubre y el multitudinario despido del expresidente, éste haya asegurado al peronismo que contará con una “oposición constructiva”. Ello, sin embargo, no basta para asegurar que habrá estabilidad política en Argentina. Las formas iniciales ayudan (la trasmisión de mando ha sido fluida en contraste con el accidentado proceso de entrega del mando del 2015 cuando la actual vicepresidenta se negó a participar en el protocolo del cambio de mando) pero la construcción de un nuevo “pacto social” en medio de la crisis es harina de otro costal: depende dramáticamente de que la fricción interna se atenúe en el país.
En efecto, con niveles de inflación de más de 50%, 32% de pobreza (y 6% de indigencia), 11% de desempleo, 90% del PBI de deuda externa es difícil pronosticar estabilidad. Y también exaltar los logros del gobierno saliente y atenuar los reclamos del entrante.
Pero los primeros existieron y se expresaron en grandes avances en infraestructura física, recorte de subsidios, puesta en valor de recursos y capacidades, reducción (lenta y tardía) del persistente déficit fiscal y mayor orden burocrático y transparencia. Macri sostiene que esa herencia define un piso para crecer. Pero el edificio macroeconómico dista de estar firme y el entorno lo sabe: el riesgo país supera los 2 mil puntos básicos cuando el regional es de 400.
Tal fue el precio del gradualismo (mesura inicial para reducir el déficit fiscal) y su tránsito al ajuste respaldado por FMI que prestó a la Argentina US$ 57 mil millones (un récord de financiamiento externo) con los resultados a la vista. Ese respaldo pudo haber sido una expresión de confianza y de compromiso con la Argentina, pero el préstamo del FMI pareció también un dramático acto de respaldo a un socio predilecto y privilegiado que mantuvo abierto el contacto operativo (y que luego tuvo que adoptar medidas de control de capitales “de emergencia” para evitar la fuga de divisas).
El presidente Fernández ha señalado al respecto que la Argentina desea pagar su deuda pero que para proceder, la economía debe primero crecer. Ese pronunciamiento ha sido ya escuchado en América Latina en el siglo pasado y su recuerdo no es grato. Como consecuencia, el mercado interno devaluó entonces el peso adicionalmente y la incertidumbre creció quizás recordando las motivaciones iniciales de Néstor Kirchner en el 2003 al calor del colapso y del corralito.
Sin embargo, el nuevo presidente ha anunciado que mantendrá la apertura y no repudiará las exigencias de la globalización aunque primero debe atender la emergencia social y el interés nacional. Este eufemismo anuncia una renegociación en que, a la luz de la experiencia rioplatense, los acreedores probablemente sufrirán un recorte en sus acreencias (The Economist).
El impreciso lenguaje globalizador del presidente tuvo un giro aún más ambiguo en el discurso inaugural: la integración será con el mundo (una fórmula que pareció minimizar a la región) en un escenario multipolar en el que se mantendrán relaciones con todos los países (un lugar común con significados para todo uso).
Lo primero puede indicar que el “fortalecimiento” del Mercosur seguirá concentrado en la relación con Brasil (US$ 27 mil millones de intercambios, con sectores de especial articulación como el automotriz). Y también que la resistencia a culminar un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea no ha disminuido (lo que no impediría una revisión de las negociaciones).
Lo segundo indica que no habrá alineamientos y que la relación con Venezuela quizás no sea la de la filiación que mantuvo la vicepresidenta. Pero al calor de la propuesta de una salida “dialogada”, ciertamente no habrá repudio de la dictadura. La cobertura de esa posición y el compromiso de apertura explican la permanencia de Argentina en el ineficiente Grupo de Lima (que, a la luz de las circunstancias, quizás se torne aún más flexible).
Un indicio sobre la orientación que el Sr. Fernández adoptará al respecto es el otorgamiento de la calidad de refugiado (inicialmente asilado) a Evo Morales. Éste, luego de escuchar la insistencia formal del Canciller Solá de que el expresidente boliviano se abstuviera de hacer política, anunció que su base para recuperar el poder en Bolivia será la Argentina considerada al respecto un escenario estratégico que México no provee (salvo para el rápido contacto con Cuba).
A pesar de ello, lo razonable (por no decir lo realista) es que el presidente Fernández entienda bien las enormes limitaciones internas y la vulnerabilidad externa que padece y que, en consecuencia, Argentina se abstenga de intentar una gran rol innovador en el área en el corto y mediano plazo. Pero la extraordinaria persistencia del activismo peronista, a pesar de sus múltiples variantes, es legendaria.
Al respecto, el cambio de era en América Latina (pero especialmente en Suramérica) que impulsa una redefinición del rol del Estado y un nuevo rechazo a las políticas de ajuste (que la Cepal acaba de oficializar), puede ser el resorte impulsor del activismo peronista en la región. Estados Unidos ya tomó nota al respecto apresurándose a ofrecer cooperación al nuevo gobierno y el FMI no ha perdido tiempo en respaldar las iniciativas sociales del nuevo gobierno aunque no políticas económicas que aún desconoce.
Argentina hoy no generará balance de poder en el área pero sí puede incrementar o atenuar el tránsito a un nuevo equilibrio. De momento esa potencia se suma al actual desorden en la región. En consecuencia, la necesidad incremental de cooperación competirá con la las urgencias de cada quien. Que ello no desemboque en el triunfo de fuerzas centrífugas depende de cada Estado y, en lo que toca a Argentina, de la forma en que cada uno se aproxime al gobierno del Sr. Fernández.
