6 de marzo de 2006
El ambientalismo ecológico (hay otros tipos) es una disciplina que congrega a individuos generalmente liberales, pacíficos, transnacionalmente responsables y científicamente sólidos. Pero cuando su temática deviene en causa ideológica, los fundamentalistas que escapan a su organización democrática (los “partidos verdes”) pueden generar serios problemas políticos, económicos y de seguridad.
De esto hay algún ejemplo. Por ejemplo, a mediados de la década de los 80, integrantes de una organización tan solvente como Greenpeace provocaron una confrontación violenta con las fuerzas de seguridad francesas. Hoy en América Latina, extremistas que alimentan el amasijo ideológico que comparten con los postergados de la historia (generalmente, grupos anarquistas y marxistas reciclados), con marginados sociales (los efectivamente excluidos por el mercado) y con irredentistas “étnicos” (mestizos que reclaman el “neoindigenismo” y sus “símbolos ” -la coca- como causas “sagradas”) pueden hacer caer gobiernos (los casos de Bolivia y Ecuador). Pero su eficacia no queda allí: también pueden generar conflictos internacionales entre vecinos que mantienen buenas relaciones políticas y diplomáticas. Si ello es hoy grave, en otros tiempos estos conflictos inducidos habrían llevado a niveles de confrontación mucho más peligrosos.
Entre ello, grupos como la Asamblea Ambiental de Gualyechú (provincia de Entre Ríos, Argentina) han procedido al bloqueo de dos puntos vitales de la comunicación entre Argentina y Uruguay (el puente General San Martín, que une Fray Bentos –Uruguay- con Gualyechú –Argentina-, y el puente General José Artigas que vincula a Paysandú -Uruguay- con Colón –Argentina-). El pretexto: su oposición al establecimiento de dos plantas de procesamiento de pulpa de madera en el departamento de Río Negro (Uruguay) que, a su juicio, contaminarán el río Uruguay. Es más, ese grupo ha incurrido en esta acción hostil al compás del “grito nacional” por “el ambiente, la vida, la dignidad y el trabajo” encontrando, además del probable sustento de la ONG que los financia, el apoyo del gobernador de la provincia de Entre Ríos. La Cancillería y la Presidencia argentina no sólo no se han preocupado de aplacar este acto hostil, sino que le han dado legitimidad externa. El nacionalismo del peor origen regionalista ha encontrado acá, curiosamente, un pretexto transnacional.
Sin darse cuenta de la naturaleza del problema –o sin querer hacerlo- la insistencia argentina de que, efectivamente, la protesta de los fundamentalistas entrerianos tiene sustento en un acuerdo bilateral sobre el manejo del río Uruguay ha llevado al gobierno uruguayo a plantear un reclamo ante las instancias pertinentes del MERCOSUR y de la OEA y a considerar la posibilidad de llevar el caso a la OMC y a la Corte Internacional Justicia. ¿Está realmente en peligro el río Uuguay y su entorno?. Según las autorizaciones ambientales emitidas por las autoridades uruguayas, no. Lo que, en su perspectiva, está realmente en peligro es una inversión de US$ 1500 millones en dos plantas de procesamiento de pulpa de madera (Ence –española- invertirá US$ 500 millones y Botnia –finlandesa- invertirá US$ 1000 millones en Fray Bentos) en una zona forestal que, según la información oficial, asegura la adecuada gestión de residuos y la ampliación del área de bosques.
¿Tienen sustento las garantías ambientales que ofrece el gobierno uruguayo? Evidentemente sí desde el punto de vista de sus autoridades. La respuesta del lado argentino es obviamente no (pero ese gobierno no puede saberlo a cabalidad). Infortunadamente para saberlo el gobierno argentino propone la paralización de las obras por 90 días en lugar de una investigación conjunta que no afecte la fase inocua del proyecto. En última instancia, su conocimiento de los hechos no será pleno mientras mantenga el compromiso con los sesgados bloqueadores de Gualyechú. Mientras persita en ello, el gobierno del señor Kirchner lamentablemente estará anunciando que no sólo no puede o no desea restablecer el orden interno en ciertos lugares de su país, sino que estará permitiendo que los “piqueteros” influyan peligrosamente en su política exterior (algún artículo de La Nación sostiene lo mismo), al tiempo que vulnera el derecho internacional y deteriora aún más el frágil clima de integración del MERCOSUR. En efecto, hoy el libre tránsito y el libre intercambio normado por tratados de ámbito global (la OMC) y regionales (el MERCOSUR) están siendo violentados por ciudadanos argentinos con el apoyo de su gobierno. Y ello está conduciendo al bloqueo de facto, aunque parcial, de una economía pequeña que, por sus particulares condiciones, depende muy intensamente de la buena vinculación económica con sus vecinos.
Efectivamente, alrededor del 40% del comercio exterior uruguayo se interrelaciona con el MERCOSUR. Aunque la relación más intensa es con el Brasil, las exportaciones hacia Argentina bordearon los US$ 250 millones el año pasado mientras los uruguayos compraron de Argentina alrededor de US$ 900 millones. Si el segundo socio uruguayo en la región intercambia con su vecino alrededor de US$ 1150 millones anuales de un comercio exterior total de alrededor de US$ 7 mil millones, estamos hablando del compromiso eventual de la sexta parte de ese comercio. Con un agravante, los puentes bloqueados son rutas por las que transita el comercio uruguayo hacia Paraguay y Bolivia.
Pero eso no es todo. En tanto Uruguay es deficitario, los exportadores argentinos son los más perjudicados por el bloqueo de los piqueteros (una señal de política económica que los interesados no podrán leer positivamente) mientras que la industria del turismo estacional (que, en Uruguay, es un fuerte componente del PBI) está seriamente afectada (50% del flujo de turistas argentinos al Uruguay está siendo paralizado). De otro lado, como alternativa (aunque la intención corresponde a las colocaciones que ya realiza Uruguay en el mercado estadounidense), el gobierno del señor Tabaré Vásquez ha actualizado el intento de establecer algún tipo de acuerdo comercial con Estados Unidos. Para ello, sin embargo, no sólo requiere que los miembros del Frente Amplio accedan a revisar su programa de gobierno, sino que el gobierno uruguayo tendrá que pasar sobre los reparos de sus socios argentinos y brasileños que consideran, equivocadamente, que un eventual TLC entre Uruguay y Estados Unidos arruinaría el MERCOSUR. El argumento no sólo es falso (por lo menos Brasil llegará a un entendimiento comercial con la superpotencia en el mediano o largo) sino que implica manifiesto abuso del poder: si Argentina entorpece la inversión extranjera en Uruguay y daña su comercio exterior, no puede, además, trabar la política exterior uruguaya y pretender que esa posición sea considerada como razonable y justa.
La política exterior argentina –y la del MERCOSUR- se verán seriamente afectadas si persisten en este tipo de prácticas coercitivas tanto abiertas como implícitas. El deterioro será mayor si, además, permiten que ambientalistas fundamentalistas ejerzan libremente de “piqueteros” internacionales. En el caso específico, Uruguay debe poder continuar con su proyecto de inversiones y, en la fase preliminar del mismo, evaluar con Argentina la solidez de las medidas ambientales que ha adoptado para el caso en cuestión. El recurso a un mecanismo de solución de controversias que ordene lo que haya que ordenar sin inhibir la inversión es una alternativa razonable.
El proyecto, con los resguardos del caso, debe poder realizarse en tanto no hay impedimento orgánico para ello (la zona no es un santuario ecológico). Especialmente si en el lado argentino ya existe la industria de la pulpa de madera. Al respecto asumimos que los “piqueteros” argentinos no están protegiendo su propia actividad económica. De ser así, el fundamentalismo ecologista habrá encontrado otra razón de ser.
Fuentes: La Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, Cepal.
