10 de agosto de 2005
Si las condiciones políticas y de seguridad de la subregión andina son percibidas como esencialmente inestables, el hecho de que un Estado de esa subregión destaque su situación como “estable, viable y posible” como ocurrió en el mensaje presidencial de 28 de julio, adquiere una dimensión estratégica que es preciso definir.
Si los crecientes desafíos del narcotráfico, de la pobreza mayoritaria o de la precariedad institucional, entre otros, están incorporados en aquella calificación, ciertamente ésta no es plenamente consistente en tanto no refleja una situación consolidada en términos absolutos. Si, a pesar de ello se adopta la calificación, entonces la relevancia de su significado debe buscarse en términos de la relación con los vecinos. Y si ésta dimensión relativa va a acompañada de un rol –el de servir de anclaje subregional y de socio principal en ese ámbito- el valor estratégico del status referido aumenta.
De otro lado, esta condición estratégica definida en términos relativos ayuda a precisar mejor la intención diplomática de establecer relaciones “especiales” con los países vecinos. Especialmente cuando esa vinculación –que es natural- va acompañada de un tipología que no logra especificarse. En efecto, si el Perú ha añadido nuevas categorías diplomáticas, como las denominadas “asociaciones especiales”, a lo que han sido relaciones especiales de facto con los vecinos y, a su vez, éstas evolucionan hacia una categoría distinta, como las “asociaciones estratégicas” como la que se plantea con Brasil (y también con Estados Unidos) cuyos marcos conceptuales tampoco son precisos, la aludida condición estratégica del Estado (“estable, viable, posible”) ayuda a otorgar significado material a un impreciso concepto diplomático. Más aún cuando se considera que las “asociaciones especiales” con los países que limitamos tienen, además, “diferentes intensidades”.
El origen de la indefinida tipología “asociación especial” (o “asociación preferencial”) puede rastrearse a los acuerdos de Ilo establecidos con Bolivia a principios de la década pasada para calificar una relación de vecindad que siempre tuvo para el Perú una especificidad marcada por la asumida (y a veces cuestionada) asociación natural con ese país que se distingue por contraste de las relaciones conflictivas que mantuvimos con los demás vecinos. El sustento de la misma debía fundarse en la integración física (la carretera Ilo-Desaguadero-La Paz) como medio articulador de un centro regional de integración constituido por los dos países. Ciertamente esa aproximación tuvo –y tiene- una categoría geopolítica marcada por nuestra proyección al corazón suramericano. Sin embargo, la escasa interdependencia generada desde esa época y las indefiniciones en el tratamiento del potencial energético boliviano, tendieron a neutralizar la jerarquía diplomática reconocida al vecino.
Una vez creado ese distintivo status diplomático (la “asociación especial”), éste devino en una categoría de aplicación generalizada con los vecinos que evolucionó hasta la definición de “asociaciones estratégicas” como la establecida por este gobierno con el Brasil. Ésta es hoy considerada como el vínculo bilateral medular para articular una mejor inserción suramericana del Perú y consolidar un espacio regional diferente al latinoamericano.
Aunque desde el punto de vista de la práctica de la política exterior, Suramérica siempre fue nuestro espacio de proyección inmediata complementario a Estados Unidos y Europa, en el siglo XXI se decidió organizar institucionalmente ese escenario natural preexistente (éste tuvo un intento similar bajo el gobierno militar en el ámbito de la seguridad). Y al socio principal –el Brasil- se le otorgó la categoría de socio estratégico, revirtiendo, con ello, anteriores condiciones de desconfianza y de parcial distanciamiento.
Pero, de manera paralela, se definieron también “asociaciones estratégicas” (pero, esta vez, con “autonomía”) con Estado Unidos y la Unión Europea que intenaron ser explicadas en torno a un lugar común: la cooperación en función de valores e intereses complementarios. Como se sabe, ese tipo de vínculo es esencial para toda asociación y su ámbito es extremadamente amplio (p.e. con los miembros de la OEA y del Grupo de Río se comparten valores e interes comunes y no por ello se les otorga el status de socios estratégicos).
En este caso, el objetivo implícito en estas definiciones es resaltar un nuevo tipo de inserción económica y política del Perú con una superpotencia y con la mayor agrupación regional del mundo que, siendo los mayores centro de Occidente, involucran decididamente al Perú en esa civilización aunque ello no quiera ser reconocido explícitamente. De otro aldo, la dimensión “autonomía” revela menos la realidad estructural de una interdependencia extrarodinariamente asimétrica con grandes potencias que la voluntad diplomática de preservar un espacio de decisión política.
Es en este marco de relaciones selectivas que el Estado viene desarrollando “asociaciones preferenciales” con Chile –que pronto evolucionarán mediante la negociación de un acuerdo de libre comercio- y con Ecuador y Colombia.
En el extraordinario caso peruano-ecuatoriano, una relación de conflicto ha devenido en una “asociación especial” de interdependencia creciente al punto que, en América, el Perú representa para el Ecuador el principal mercado de exportaciones después de los Estados Unidos en un contexto marcado por la integración fronteriza y la creciente valoración mutua de la paz. En el caso peruano-colombiano, la “asociación especial” se sustenta en los puntales de la convergencia de seguridad y defensa contra el terrorismo y el narcotráfico, el desarrollo social de la frontera y un nivel de intercambio –aunque de balanza desfavorable- sólo superado por el peruano-chileno.
Definir los contenidos de las asociaciones especiales y estratégicas en función de estas realidades específicas –que incluyen la geográfica- es una tarea pendiente de nuestra Cancillería que hoy ésta intenta esclarecer en seminarios de difusión.
