8 de noviembre de 2022
Si los peruanos creemos que hemos llegado a un punto de degradación política insuperable, basta mirar a nuestro alrededor para tomar nota de la asimétrica generalidad de este escenario. La permanente crisis política boliviana, la convulsión social producida por el crimen organizado en Ecuador, el retroceso de gobernabilidad en Chile, los imponderables de seguridad que provienen de Colombia o el agudo conflicto político que podemos esperar en Brasil el próximo año sugerirían la creación de un ránking de desgobierno en el área.
En ese hipotético documento quizás Bolivia ocuparía uno de los primeros lugares desde que el gobierno de Evo Morales y del MAS asumiera el poder en 2006. Hoy su obligado sucesor, Luis Arce, es consecuente con esa trayectoria a propósito de un ejercicio de auscultación de la realidad nacional que debiera beneficiar a todos los bolivianos. Pero eso no parece ser posible en Bolivia donde un censo tiene también extraordinaria carga de conflicto.
En efecto, el censo nacional boliviano que debía llevarse a cabo en 2022 por disposición gubernamental ha sido postergado para el 2024 por la propia autoridad que lo programó. Alegando razones técnicas para justificar la postergación, la decisión el gobierno ha logrado que la oposición (especialmente la afincada en Santa Cruz) sospeche de éstas y arguya importantes razones para oponerse a la dilación.
La oposición, reclama que el censo se realice en el primer trimestre de 2023 y los resultados queden escrutados 120 días después. Las razones del reclamo son esencialmente dos. Primero, a la luz de la evolución económica de Bolivia en la última década el censo debe arrojar cifras que obliguen a una nueva y mejor distribución fiscal entre los diferentes departamentos. Segundo, la alteración de las localidades de residencia ciudadana durante la década ha sido inmensa en Bolivia, realidad que debe expresarse en nuevas cuotas de representación en el Congreso y otras entidades.
Sobre el particular es pertinente señalar que, según estimaciones del Instituto Boliviano de Comercio Exterior Santa Cruz representa hoy cerca del 30% del PBI boliviano (vs 10% en 1950), 29% de la población (vs 9% en ese año) y 76% de sus exportaciones totales del país añadiendo un peso económico mayor al que se le atribuía en el censo de 2012. Esa realidad indica que Santa Cruz merece la superior distribución presupuestaria correspondiente.
De otro lado, el fuerte incremento de la densidad demográfica de ese departamento está correlacionada con la intensísima migración del campo a la ciudad generalizada en Bolivia durante más de medio siglo. Así, si en 1950 el 74% de la población boliviana era rural hoy el 75% es urbana. Esas tasas de migración interna han superado a la que ocurrió en El Alto (mientras que en la década de los 60 El Alto era casi un páramo en el altiplano boliviano, hoy es una muy importante ciudad boliviana aunque su capacidad de recepción parece haberse estabilizado).
Como Santa Cruz ha sido un importante polo de atracción poblacional en esos años, debiera tener hoy una mayor cantidad de escaños en las elecciones de 2025 (más o menos correspondientes al mencionado estimado de 29% de la población).
A los cruceños les preocupa que esa realidad no sea reconocida adecuadamente con anterioridad a esas elecciones considerando que el censo es el instrumento principal para la conformación del padrón electoral. Los antecedentes están a la vista: el referéndum de 2016 sobre la eventual reelección de Evo Morales (que éste perdió no obstante lo cual persistió en su empeño) no se realizó con los resultados del censo de 2012 sino con los del 2001.
A mayor abundamiento, el censo del 2012 también presentó problemas en tanto no recogió adecuadamente la identidad de la población boliviana. En efecto, en él se preguntó a los ciudadanos si éstos pertenecían a algún “pueblo indígena originario campesino o afroboliviano” planteando, al respecto, 40 alternativas entre las que se enumeraban a quechuas y aymaras (Pregunta 29 del Instituto Nacional de Estadística).
La pregunta no tuvo en cuenta que en Bolivia los quechuas y aymaras son poblaciones mayoritarias que se han mezclado entre sí y han conformado un mestizaje creciente, real o perceptivo que, probablemente, constituya la mayor parte de la población. Ese proceso ha sido también estimulado por la migración del campo a la ciudad que genera, en la urbe, un mestizaje aún más intenso. La eventual manipulación etnográfica del censo es, por tanto, también una preocupación cruceña.
Esta discusión no es trivial si se tiene en cuenta que Evo Morales “fundó” el Estado Plurinacional de Bolivia sobre la base de una Constitución adoptada de manera sui generis en 2007. Si la densidad demográfica de esas poblaciones “originarias” se debilita (como lo demostraría el censo en cuestión), uno de los pilares del poder del MAS también merma.
De ello están al tanto los militantes del MAS que han cercado Santa Cruz (una recurrente táctica coercitiva de ese movimiento) impidiendo el tránsito de combustibles y alimentos incrementando los precios en momentos de inflación y con el riesgo de generar hambruna en el país.
Esta situación, en que la base de la contabilidad demográfica de un país -que debiera ser un emprendimiento técnico pero que termina en un renovado conflicto interno entre regiones que no han resuelto sus vínculos identitarios-, es extraordinariamente peligrosa en el área.
En consecuencia, los vecinos de Bolivia -que son también Estados débiles- debiera dar a conocer al gobierno de ese país su preocupación por este conflicto y sus eventuales implicancias (de las que no está ausente el RUNASUR, un foro de movimientos sociales del área con bases étnicas recientemente replanteado por Evo Morales).
