9 de marzo de 2005
En medio de graves problemas de viabilidad nacional, Bolivia empieza a superar una crisis de viabilidad estatal agudizada por la renuncia revocable del presidente Mesa.
Siguiendo su propia evaluación –pero quizás también procedimientos negociadores que sugieren el escalamiento del conflicto cuando el proceso de su solución está estancado por rigidez de las partes- el Presidente llevó a su país a un punto de quiebre político intuyendo las probables exitosas consecuencias. Al hacerlo el señor Mesa confirmó ser un hombre virtuoso e ilustrado.....pero también uno que juega fuerte.
En efecto, el Presidente planteó al Congreso que optara en definitiva por él o por el caos luego de estimar que no podía seguir gobernando, o intentar hacerlo, bajo condiciones de sistemático bloqueo institucional (el Congreso), político (los partidos) y social (las regiones, gremios y sindicatos). Y el precio que estuvo dispuesto a pagar para salir del impasse fue el sacrificio previo de dos atributos fundamentales de todo Estado: el uso legítimo de la fuerza en resguardo del orden interno y, luego, su propia Jefatura.
Si ello fue o no una decisión sabia es un interrogante que aún no puede responderse teniendo en cuenta la remanencia radicalizada de las fuerzas de fragmentación bolivianas (de las que las lideradas por Evo Morales son sólo una de las más visibles) y la ausencia de más cartas negociadores en la mano presidencial salvo las que emerjan de la ampliación del espacio conseguido. Pero a la luz de los resultados de corto plazo que se reflejan en el fortalecimiento de la autoridad del Presidente, el consenso interinstitucional ad hoc, la aprobación de la mayoría ciudadana y el apoyo internacional, el señor Mesa merece el mayor reconocimiento como antes mereció mejor sustento del que tuvo.
Sin embargo, no es sólo reconocimiento lo que debe otorgarse ahora al presidente de Bolivia. Lo que se espera es el éxito de los acuerdos logrados entre el Ejecutivo y el Congreso especialmente cuando el éxito equivale literalmente a la sobrevivencia de la entidad política. Los bolivianos están obligados a lograrlo y la comunidad internacional, que no puede arriesgar la consolidación del vacío de poder en el corazón suramericano, a contribuir efectivamente a que así ocurra.
La tarea no será fácil si el 75% de lo acordado consiste en superar diferencias que constituyen el núcleo de los temas que dividen a la sociedad boliviana desde que asumió el actual gobierno y 25% a lo que podría lograrse más expeditivamente mediante la legítima acción coercitiva del Estado antes que con manifestaciones y contramanifestaciones públicas (el desbloqueo de carreteras y la prevención de futuras acciones de similar ilegalidad). En efecto, el acuerdo para aprobar una ley de hidrocarburos “razonable” seguirá topándose con las diferentes interpretaciones sobre el referendum de 18 de julio: los “duros” insistirán en el establecimiento de 50% de regalías y la adecuación inmediata y coercitiva de los actuales contratos a la eventual legislación, mientras que los “pragmáticos” defenderán el 18% existente, una aplicación gradual de impuestos complementarios al valor de producción hasta llegar a una carga impositiva de 50% y la adecuación negociada con las empresas a la nueva situación. Es posible que, bajo la presión del momento, se hayan concordado criterios al respecto, pero la naturaleza de la materia augura un desenlace complejo teniendo en cuenta que el manejo del gas y su dimensión nacionalista fue la causa principal de la inducida renuncia del ex -presidente Sánchez de Lozada.
En relación al acuerdo para normar la convocatoria a un referendum autonómico (la reivindicanción sustantiva de los “regionalistas” cruceños y de los que siguieron su ejemplo) y a la Asamblea Constituyente (la causa inmediata de los “nacionalistas” y compromiso original del señor Mesa) deberá establecerse no sólo la precedencia temporal del primero, que se considerará vinculante, sino la aceptación ciudadana de que efectivamente la declaración de autonomía regional puede realizarse al margen de la opinión nacional. Esa tarea está hoy lejos del alcance del Legislativo y del Ejecutivo.
El tercer acuerdo que concierne a la concertación de un pacto nacional parece, por su latitud y su dimensión patriótica, menos complicado. Pero éste deberá ser producto no sólo de partidos o de gremios que, por tradición institucional, focalizan mejor sus intereses y tienen vocación negociadora, sino también de las fuerzas sociales irracionales que fragmentan hoy a Bolivia. Los nacionalista, estatistas y racialmente concientes “aymaras” y “quechuas” altiplánicos deberán entenderse, en plazos no muy extensos, con regionalistas liberales y también racialmente concientes habitantes de las tierras bajas sin que esos estereoptipos –y las animosidades históricas preexistentes- puedan disolverse con facilidad.
Finalmente, el acuerdo para lograr el desbloqueo de las vías de comunicación y el compromiso para que éstas se mantengan libres en el futuro, reclamará no sólo de la manifestación pública de los que estén a favor de esa elemental libertad sino de la acción preventiva y punitiva de las fuerzas del orden. Aquí el gobierno del señor Mesa deberá cambiar su posición sobre la materia y mostrar su disposición a emplear la fuerza frente al primer desafío si se lo van a tomar en serio.
Para facilitar el procesamiento de estos acuerdos, la Iglesia (últimamente tan ausente del escenario boliviano) y la Defenoría del Pueblo ya han ofrecido su participación. Pero, a la luz de la complejidad de la materia y la debilidad institucional y financiera boliviana, no será raro que éstas instituciones deban concurrir a fuentes extranjeras que deberán estar prestas a brindar su concurso. Éstas, sin embargo, no han sido aludidas en el anuncio oficial de los acuerdos entre el Ejecutivo y el Congreso.
Y ello a pesar de que la comunidad internacional, aunque in extremis, ha manifestado su disposición a cooperar con Bolivia. La más amplia proviene del Grupo de Apoyo para el Diálogo Pacífico y Democrático en Bolivia de 19 países y 7 organizaciones coliderado por Estados Unidos y México. Entre los primeros destacan, Argentina, Brasil y México (y también la ausencia de los países andinos). Entre los segundos están todos los grupos competentes (desde la ONU hasta la CAF) pero no aparece la Comunidad Andina ni la OEA. La CAN ha preferido expresarse a través de su Secretario General y la OEA a través del presidente del Consejo Permanente. Ello contrasta con los pronunciamiento de los países miembros del MERCOSUR y de la Comuniad Suramericana de Naciones (que, sin embargo, no ha suscrito la cáusula democrática aún).
Salvo por la ausencia institucional de los países de la región que han suscrito regímenes formales de defensa colectiva de la democracia representativa, la comunidad internacional ha brindado su amplio apoyo a Bolivia y al gobierno del presidente Mesa poniendo un marco indispensable al proceso de concertación en ese país. Si los requerimientos de seguridad consecuentes queda así más o menos formalizados, ahora falta que se concrete la forma de su asistencia teniendo en cuenta las dificultades que se presentan a los actores internos. Entre ellos los ganadores son, obviamente, el Presidente de la República cuya autoridad ha crecido pero que tiene aún que demostrarse en su gestión; el Congreso que ha recuperado rol pero que debe adquirir todavía legitimidad; los partidos políticos que habían caido en el mayor desprestigio pero que, a la luz de sus divisiones internas, todavía deben adquir ascendencia ciudadana; y los gremios y asociaciones civiles que deberán demostrar en el proceso de consenso que pueden superar sus diferencias. El gran perdedor es el MAS de los cocaleros y la izquierda radicalizada, el indigensimo de Quispe, los termocéfalos representantes de sindicatos regionales y representaciones civiles de ciertas ciudades “movilizadas” (como El Alto). La beligerancia subsistente entre ganadores y perdedores, la fuertes diferencias entre los que hoy acuerdan pero que volverán a discrepar mañana y la presencia manifiesta de las fuerzas de fragmentación permiten cloncluir que ni el conflicto interno ha sido superado ni la viabilidad boliviana ha sido aún asegurada. Éste será un largo y complicado proceso de incumbencia interna boliviana y también internacional.
