21 de diciembre de 2021
No hubo necesidad de terminar en los tribunales, como alguna vez insinuó el Sr. Gabriel Boric rumbo a la segunda vuelta electoral chilena. Un 12% de ventaja sobre su rival José Antonio Kast (55.7% vs 44.13%), el rápido conteo de votos, la aceptación inmediata de la derrota por quien ganó la primera vuelta y las seguridades del presidente Piñera de que Boric sería el presidente de todos los chilenos fueron factores de imbatible seguridad sobre los resultados de los comicios presidenciales.
Ni siquiera el ausentismo de alrededor del 45% (menor que en la primera vuelta) en un país donde la concurrencia electoral es facultativa desde 2012, puso en duda el resultado de una elección entre alternativas extremadamente polarizadas (los candidatos debieron movilizarse hacia el centro para asegurar respaldo decisivo de un espacio inicialmente perdido por ambos).
Sin embargo, con 17 senadores (de un total de 50 a partir de 2022) y 37 diputados (de 155) de Apruebo Dignidad (vs 1 y 15, respectivamente del Partido Republicano del Sr. Kast), el partido del Sr. Boric carece de presencia suficiente en un Congreso repartido por mitades organizadas por alianzas de no muy sólida consistencia. Esta realidad parlamentaria reforzó la disposición del Sr. Boric a consolidar su conglomerado político y a tender puentes al oponente después de conocerse los resultados (aunque fue el Sr. Kast el que tomó la iniciativa).
Esa decisión fue reforzada por la reacción negativa de los mercados. En el mercado cambiario la moneda se devaluó entre viernes y lunes de 847 a 869 pesos por dólar (esperándose una fluctuación negativa inmediata de entre -3.5% y -4.5% según La Tercera). Y en e mercado bursátil el índice IPSA de la Bolsa de Santiago cayó, en ese lapso, -7.45% (EP) en un marco de volatilidad global generada por el impacto de la variante del COVID 19 (Ómicron), el cambio de perspectiva del FED hacia una mayor consolidación y la generalización de presiones inflacionarias en el sistema (PNC Insights).
Tales desarrollos se añadieron a la desconfianza que la candidatura del Sr. Boric generó en el sector empresarial como consecuencia de su participación en las protestas estudiantiles de 2011 y la revuelta de 2019 y sus particulares convicciones sobre el Estado de bienestar. A ello se agrega la incertidumbre que genera la Convención Constituyente (integrada por una mayoría de independientes y de representantes de izquierda) cuyos resultados deberán ser sometidos el próximo año a un plebiscito implicando una eventual intensificación del cambio de las reglas de juego.
Por convicción y necesidad, entonces, presidente electo anunció que su propósito era, efectivamente, ser el mandatario de todos los chilenos y que, para serlo, no olvidaría la historia política de su Estado-Nación (una posición distinta a la de las pretensiones refundadoras de Evo Morales y hasta de Pedro Castillo). En ese marco procuraría un crecimiento con desarrollo social, respetaría la democracia y sus instituciones, buscaría amplios acuerdos para procurar reformas inclusivas de desarrollo progresivo y no declinaría en el esfuerzo de hacer respetar los derechos humanos (incluso en asuntos del pasado chileno). En este punto, Boric prefirió no hacer mención a sus planteamientos programáticos sobre plurinacionalidad y trato a la minoría mapuche.
Es también en ese marco que el presidente electo deberá llevar a cabo, inicialmente, su muy complejo programa de 53 “cambios concretos” basado en cuatro reformas estructurales: acceso garantizado universal a la salud, pensiones dignas sin AFP, un sistema educativo público, gratuito y de calidad, y la conformación del primer gobierno ecologista (y feminista) de la historia de Chile según el plan de gobierno de Apruebo Dignidad.
Es en el capítulo 4 de esa programa en que se trazan los lineamientos de la nueva política exterior chilena que consta también de cuatro prioridades. Primero, el multilateralismo que se basará en el latinoamericanismo y el “sur global”, la integración flexible y una cooperación sustentada en la reciprocidad y la solidaridad. Segundo, el “emprendedurismo” que implique coordinación de estrategias externas con el desarrollo local entendiendo que si bien Chile no puede actuar aislado de la región, debe preservar “los espacios de autonomía estratégica del país”. Tercero, el feminismo entendiendo que “ningún asunto internacional…se puede resolver sin una perspectiva de género” al tiempo que se reformará la Cancillería en esa perspectiva. Cuarto, el ambientalismo “turquesa” derivado de la lucha contra la crisis climática (“el componente verde”) y de la protección de los océanos (“el “componente azul”). La “actualización y modernización” de los acuerdos comerciales culmina el planteamiento externo de Apruebo Dignidad.
Como puede verse, en este planteamiento no aparece el trato con los países vecinos. El hecho de que esa prioridad de la política exterior chilena sea definida hoy por la Cancillería chilena como la necesidad de fortalecer ese vínculo en un escenario regional desde el que se proyecta la “identidad nacional” y la agenda internacional, no implica que el interés nacional o la permeabilidad al diálogo (energía, comercio, defensa, educación, cultura y migraciones) descarte la afinidad ideológica con los gobiernos vecinos. Menos ahora cuando el conjunto de ellos está gobernados por la izquierda.
Ello, sin embargo, puede no ser un determinante siempre positivo si se tiene en cuenta asuntos como el de la mediterraneidad boliviana que motivó a Evo Morales a llevar a Chile a la Corte Internacional de Justicia (aunque sólo para perder el caso de manera estrepitosa como muchos anticipamos).
En lo que toca al Perú, la Cancillería chilena reporta que, luego de solucionada en 2014 la controversia marítima, se inició a partir del 2016 una “profundización progresiva” de la relación bilateral (reuniones de gabinetes binacionales, de consulta y coordinación y de integración fronteriza) mientras la dinámica económica consolidaba al Perú como tercer socio comercial de Chile en la región y onceavo en el mundo. Y , como se sabe, el Perú es un destino principal de la inversión chilena en el exterior.
Esas realidades no debieran cambiar a menos que la fuerte desaceleración económica que se avecina en Suramérica y el impacto generalizado de la desconfianza de los agentes económicos debiliten los fundamentos del mercado regional.
Pero ésta es nuestra opinión. No necesariamente la de Apruebo Dignidad que, además, no ha logrado consensos específicos sobre política exterior en un marco más amplio. Al respecto sólo consta el apoyo general del Foro Permanente de Política Exterior que integran prominentes excancilleres y académicos de la izquierda chilena a la agenda del Sr. Boric. De los demás agentes no se tiene noticia.
Como tampoco se tiene noticia de la reacción de la Cancillería peruana mientras que el presidente Castillo se ha limitado a expresarse con cortedad en Twitter. En ese materia hay mucho qué desarrollar y resolver.
Ejes: derechos humanos, inclusión, promoción de derechos y y erradicación de la violencia; justicia, un “nuevo Estado democrático”.
