La destitución de la señora Dilma Rousseff se ha realizado, en apariencia, dentro del marco constitucional brasileño y como resultado de causales previstas que implican responsabilidad presidencial (artículo 85 de la Constitución). Al respecto se han observado las formalidades procesales establecidas en la propia Carta Magna (artículo 86 de la Constitución) y en las leyes correspondientes. En consecuencia, la destitución no ha sido producto de un golpe de Estado.
Sin embargo ese proceso está fuertemente ensombrecido por cuestiones que restan legitimidad a los que propiciaron la destitución y que crean la impresión de que lo actuado por la señora Rousseff sólo ha sido práctica común en el ejercicio del gobierno.
La primera afirmación concierne a la intensidad con que la corrupción contamina a la clase política brasileña. Pero sobre la materia no es adecuado generalizar. Menos cuando la participación, eventual o efectiva, en el mal uso de recursos públicos por políticos que actuaron decisivamente en el proceso ha sido establecida. Es claro que una pátina de ilegitimidad ha cubierto la revocación del mandato de la señora Rousseff (como la hubo en las investigaciones sobre Petrobras que dirigió también la ex -presidenta).
La segunda cuestión se refiere a la afirmación de la señora Rousseff de que la falta o el delito de responsabilidad fiscal que se le ha imputado sólo corresponden a una práctica usual del Ejecutivo brasileño y no una infracción constitucional.
Si esa práctica se ha ejercido, ello no implica que la falta o el delito tipificados en la legislación no hayan sido efectivos. La existencia de la práctica aludida parece indicar más bien la vulneración sistemática de la normatividad brasileña sobre responsabilidad fiscal que nadie ha cuestionado.
Y si quedaran dudas al respecto (que las hay) el hecho es que el Supremo Tribunal Federal ha supervisado el proceso y ha resumido su resultado en un contexto de sustantivo incremento de la legitimidad de los órganos del Poder Judicial. Esta valoración deriva de la tenacidad con que éste, a través de sus instituciones especializadas, está investigando casos específicos de corrupción de extraordinario impacto político y estableciendo las sentencias pertinentes.
Como resultado (y al margen de las imputaciones de desgobierno que se han multiplicado en la segunda administración de la señora Rousseff al haberse complicado severamente las medidas de lucha contra la gravísima recesión brasileña), no sólo el aliado del gobierno -el PMDB- se alejó de ese compromiso y del PT sino que el PSDB, tenaz contrincante del Partido de los Trabajadores, devino en sustento principal de la actual coalición de gobierno y ha llevado a algunos de sus más destacados miembros a funciones ejecutivas de altísima responsabilidad.
Entre ellos se encuentra el Ministro de Relaciones Exteriores, el señor José Serra, ex -candidato a la presidencia el PSDB en contienda directa con los ex -presidentes Lula y Rousseff. Ello implica que la política exterior brasileña habrá de cambiar sustantivamente (en realidad ya cambió desde que el señor Serra asumiera transitoriamente al cargo en mayo pasado) a pesar de la mitología de infalibilidad de la diplomacia brasileña y de las garantías de continuidad que ésta presta a la política exterior.
Ese cambio ha empezado por la crítica sustantiva a la conducción ideologizada de esa política, por el reconocimiento de un nivel sustantivo de discriminación política que ella trajo a la Cancillería y por un llamado de atención sobre el olvido, según el Canciller Serra, de los valores e intereses nacionales primarios (especialmente económicos) que orientaron la conducta de los cancilleres del gobierno del PT. El término "gobierno" está aquí bien empleado porque el Canciller Serra indicó en su discurso de toma de posesión del cargo que la política que recusaba era de "gobierno" en la que los representantes del PT se habían excedido.
La manipulación ideológica de esa política exterior hacia la América Latina no es, sin embargo, un descubrimiento del Canciller Serra. En efecto, para pocos es desconocido el rol que desempeñó al respecto un asesor de Planalto, el señor Marco Aurelio García (un cuadro del PT). Ese consejero presidencial antes que de Itamaraty, contribuyó sustancialmente a trastocar el rol de Brasil en el área desde que el Presidente Lula asumió el poder. En resumidas cuentas, Brasil dejó de desempeñar el rol de gran articulador y componedor regional que se atribuyó desde principios del siglo XX cuando el Barón de Rio Branco señaló esa función.
Es más, durante el período en cuestión (2003-2016) Brasil contribuyó a la fractura ideológica y geopolítica de Suramérica. En el proceso fortaleció el rol de los países del ALBA (especialmente de Venezuela a la que ayudó, con la Argentina gobernada por la señora Fernández, a incorporarse como miembro pleno de MERCOSUR) quebrando así el consenso liberal alcanzado en la región durante la década anterior.
Sobre esa base, los cancilleres del PT promovieron una cuestionable inserción de Brasil en el mundo prefiriendo insistir, prescindiendo de la alternativa que brindaban los acuerdos de libre comercio, en el multilateralismo comercial cuando éste se atollaba en la ronda Doha. En ese empeño, la política exterior brasileña no atinó en disminuir la vulnerabilidad de su economía a la crisis de 2008 -origen de la actual gran recesión- y tampoco logró la reestructuración de las instancias políticas de la gobernanza global que se había propuesto.
Todo esto ocurría cuando el comercio mundial caía por debajo del crecimiento económico global complicando adicionalmente la integración suramericana. Ésta, lejos de generar convergencia debido a la posición antiliberal de Bolivia, Ecuador y Venezuela, contribuyó a debilitar al MERCOSUR en el curso de las pugnas proteccionistas con Argentina.
Estos graves problemas regionales ocurrieron en un marco de decadencia relativa de una supuesta nueva estructura de poder (los BRICS) que Brasil atendió con interés especial y una cierta laxitud en el trato con las potencias mayores (cuya relevancia hemisférica se reflejó en una fuerte caída del interamericanismo).
El Canciller Serra pretende hoy reorientar esas anomalías a través de diez directivas explicadas sumariamente en su discurso inicial. Sin embargo, estas intenciones seguramente no podrán concretarse durante los dos años que restan al Presidente Temer para la conclusión del período de gobierno que inició la señora Rousseff.
Y no sólo porque ese plazo es muy corto para tamaña agenda sino porque puede serlo aún más si el nuevo gobierno es atrapado por el malestar ciudadano cuando las duras medidas de combate de la crisis empiecen a morder la esperanza de los brasileños.
En efecto, si el presidente Temer piensa que podrá estabilizar la economía con inversiones derivadas de concesiones y privatizaciones (la agenda que llevó a la cumbre del G20 en China) deberá consultar mejor la experiencia del ex -Ministro de Finanzas brasileño José Levy y la de su colega argentino Mauricio Macri (cuya energía reformista no logra aún dominar la inflación ni el desempleo en su país) en el intento de lograr el equilibrio macroeconómico mediante medidas que, en buena cuenta, no pueden evitar su inicial sesgo contractivo.
La ventaja brasileña es que los pronósticos para el próximo año son relativamente optimistas (un crecimiento de 0.5% luego de una contracción este año de -3.3%, una inflación cayendo de 10.7% en 2015 a 8.7% en julio y una corrección del déficit fiscal planteada en un plazo largo, implicando gradualidad). Pero si el desempleo sigue alto (9%) el malestar político puede cebarse con el gobierno que pasará a depender del poder convocatoria del PSDB.
Al tanto de la gravedad de la situación, el Canciller Serra se propone llevar a cabo una política exterior que coadyuve a salir de la crisis procurando realizar, a través del trato pragmático con sus interlocutores principales, el interés económico brasileño que pasa hoy por cuestiones básicas como el incremento de la productividad y de la competitividad.
No sabemos si eso será suficiente hoy para el Brasil y para aliviar el peso de su contracción en el ámbito regional. Pero ciertamente es mejor que el errado fundamento ideológico que, aún en crisis, proyectaba al sector externo el PT.
En ese marco el retiro de embajadores por Venezuela, Ecuador y Bolivia de Brasilia es un problema menor.
