31 de marzo de 2006
Los motivos de la renuncia del Ministro de Hacienda brasileño Antonio Palocci y los métodos empleados por el gobierno argentino para controlar la inflación muestran la preocupante vigencia de viejas prácticas económicas en la región. En efecto, en el primer caso la corrupción que aflige a los gobiernos brasileños se reitera como un vicio influyente en la forma de hacer política al tiempo que su penalización (la renuncia de los principales gestores económicos) produce incertidumbre en la principal economía latinoamericana.
Y, en el segundo caso, la prohibición de la exportación de carne por el gobierno argentino como una forma de forzar la reducción del precio interno de ese producto ratifica la disposición de la segunda economía regional a emplear medidas coactivas antes que reguladoras o de mercado para satisfacer al consumidor nacional. Agréguese a ello la ilimitada arbitrariedad con que Venezuela hace uso de la renta petrolera, la decisión del gobierno boliviano de erradicar un tipo de manejo económico sin tener un instrumental de reemplazo o la revisión de los contratos petroleros ecuatorianos bajo presión social y el resultado no es otro que el de creciente incertidumbre en la región.
Felizmente para los suramericanos esto ocurre en medio de un ciclo expansivo de la economía global que permite sufragar el costo de las nuevas medidas con mayores ingresos por exportaciones. Pero cuando el ciclo se debilite sea por las causas conocidas (los fuertes desequilibrios económicos internacionales o el incremento de los precios del petróleo) o la contracción de los generadores de crecimiento (China crecerá este año por debajo del 9% esperado), el costo de esas medidas (incremento del riesgo, complicación en el acceso al financiamiento externo, menores precios de las materias primas) se incrementará. Entonces ¿podrá la región crecer por lo menos a los insuficientes niveles de 4.3% proyectados para este año (CEPAL)?
El tema es además preocupante por el arraigo de la fenomenología que altera la perfomance económica regional. En efecto en el Brasil la corrupción es un vicio que, a pesar de que atenta contra su seguridad y estabilidad, no ha podido ser controlado. La lección que quiso darse con la deposición del presidente Collor de Melho en 1992 no sólo no ha sido aprendida sino que se pudre en las proclamas de honestidad del Partido de los Trabajadores. Así, a la renuncia del supeministro José Dirceu, siguieron luego los problemas del ministro de Defensa, José Alencar y ahora ha tocado el turno al Ministro de Hacienda Antonio Palocci. El costo directo de este pernicioso encadenamiento se expresa en la complicación de la candidatura del Presidente Lula para un segundo período presidencial y en el cuestionamiento de la proyección de la economía brasileña.
En efecto, si bien en Brasil no se esperan efectos de corto plazo que alteren una política fiscal austera y una política monteraria restrictiva que han permitido rebajar la inflación al 6%, recuperar el valor del Real, reducir las altísimas tasas de interés (ahora en las proximidades del 16%), anunciar el pago adelantado de la deuda al FMI (US$ 15 mil millones), el riesgo de la economía se ha incrementado y el Real se ha devaluado. Aunque ese efecto no es sustantivo (y, por tanto no se espera que disminuya mucho la proyección de crecimiento de 3.5% mientras las exportaciones se mantegan altas –más de US$ 133,831 millones el 2005- ), sí arroja dudas sobre el manejo económico en el largo plazo si el Presidente Lula es reelecto (El Mercurio). A ello contribuye la predisposición “estimuladora” del ministro reemplazante, el señor Guido Mantega (un viejo acompañante del excandidato Lula) que contradice su declaración de continuidad política y de comportamiento austero en la actual coyuntura (que requiere recorte de impuestos y de reformas institucionales) en tanto que ello es una decisión de autorestricción antes que de convicción. En épocas electorales, ésta puede ser fácilmente alterada. Pero aquí no se cuestiona tanto esa conducta sino la reiteración de una disfuncionalidad latinoamericana en el manejo económico: la total divergencia entre la prédica y la práctica. Si ésta persiste, en algún momento el frágil acomodo resultante se quebrará. Es muy preocupante que la doble cara de la gestión económica en el Brasil se dé en un marco de corrupción que tolera, aplaude y retroalimenta esa práctica. : En el caso argentino, el otro vicio latinoamericano –la abrumadora influencia del Estado en el mercado- se manifiesta de manera creciente en la coacción económica. La primera evidencia de ello fue la peculiar negociación de cancelación de bonos argentinos a precios extraordinariamente castigados. Si la negociación fue exitosa y justificada en las altas ganancias especulativas que los tenedores de bonos ya habían logrado, el costo fue la desconfianza de los mercados. El acceso al crédito externo por la segunda economía suramericana se enturbió (y quizás dure por un buen rato).
Esta disposición coactiva se expresa ahora en el control de precios. Este mecanismo ya fue empleado para reducir las tarifas públicas para favorecer el consumo local en contradicción con los requerimientos de las empresas. Es probable que la razón de la medida también haya sido justa. Pero la manera de implantarla, que marginó el uso de políticas más sensatas, la regulación racional y la negociación tradicional, llevó a la paralización de inversiones privadas en el sector servicios y ello, a su vez, a un déficit en el sector hidrocarburos.
Como resultado Argentina creó un problema internacional mayor (el corte súbito de aprovisionamiento de gas a Chile, lo que puso presión en la búsqueda de alternativas en Perú y Bolivia) y otro menor (la fricción con los gobiernos de origen de las empresas afectadas). Cualquiera que haya sido la motivación de la medida el hecho es que ésta fue extraordinariamente costosa para propios y extraños. Sin embargo la mano dura del gobierno argentino se siguió aplicando expresándose luego en el cuestionamiento de la inversión privada (US$ 1200 millones de dólares de empresas de Finlandia y España ) en un vecino (Uruguay), alegando un daño ambiental que no se ha producido. Para ello se toleró la violentación del orden interno (el cierre de puentes y caminos por organizaciones y autoridades provinciales) y del derecho internacional (el bloqueo del transporte externo uruguayo).
Y ahora, para asegurar la oferta interna y la reducción de la inflación, el gobierno ha vuelto ejercer la coacción prohibiendo la exportación de carne en una economía cuyos ingresos por exportaciones pecuarias son vitales para la estabilidad del sector externo de la economía nacional.
Si los ganaderos argentinos han hecho abuso de las reglas de mercado, su corrección debiera haber dependido de la adecuada aplicación de los mecanismos reguladores y de los tribunales. En lugar de ello, el gobierno ha optado nuevamente por la mano fuerte. El resultado: la relación del gobierno argentino con el sector financiero, con el inversionista extranjero, con el sector exportador agropecuario y con dos Estados vecinos está afectada.
Independientemente del impacto regional que genera el desorden en la gestión económica de otros países suramericanos, los problemas que plantean Brasil y Argentina en la materia afectan al conjunto regional. Su primer impacto se reflejará en el incremento de las dificultades para coordinar políticas económicas requeridas por la convergencia suramericana y la sobreestimada Comunidad Suramericana de Naciones. El segundo resultado será el incremento del riesgo regional. Es claro que los inversionistas tienen hoy una visión más fragmentada (es decir, más específica) de la realidad suramericana. Pero también es evidente que la imagen económica regional sigue vinculada a la de sus economías más fuertes. Y éstas no están dando signos de comportamiento racional.
Por lo demás quizás estas prácticas estén produciendo un tercer efecto: la quiebra del consenso neoliberal en la región está siendo reemplazado por prácticas inconducentes antes que por algún sensato modelo económico alternativo. Ciertamente es éste un factor de riesgo adicional.
