2 de marzo de 2006
Entre los resultados perversos de la cooptación del Servicio Diplomático por Fujimori destacaron, entre otros, el sobredimensionamiento de la diplomacia presidencial y la concentración del proceso decisorio en la Alta Dirección de la Cancillería.
Hoy la inevitable diplomacia presidencial ha menguado pero el proceso decisorio se mantiene concentrado con un agravante: el supuesto de que la política externa es una función de la interna ha devenido en patológica norma de conducta.
En consecuencia se podría concluir que, desde el punto de vista de la gestión institucional, no mucho ha cambiado en Torre Tagle si se pudiera marginar el hecho de que la naturaleza del régimen ha mutado sustantivamente.
En efecto, aunque con atenuada intensidad, la división entre los miembros del Servicio Diplomático se mantiene como resultado de la inercia de las fricciones de la década pasada y de la indecisión de la autoridad para resolverlas. Y la instancia de admisión al Servicio no ha adquirido aún la autonomía necesaria (lo que implica la influencia latente del Ministro); y la participación de las instancias intermedias sigue pareciendo marginal (el desplazamiento de Planeamiento es un buen ejemplo al respecto); y si bien éstas no están políticamente amenazadas, registran problemas profesionales (,p.e., en la regularidad de los ascensos); y las instancias de coordinación (como la nueva Dirección de Política Exterior) parecen más preocupadas por servir a la superioridad que en lograr una adecuada distribución de funciones. Como consecuencia, la acumulación de atribuciones en la Alta Dirección se ha consolidado. Este problema se complica con la proximidad de la misma a Palacio de Gobierno que, en muchos casos, parece ir más allá de los requerimientos de lealtad que debe la autoridad diplomática al Presidente .
Esta situación indica que la premisa que sostiene que la política exterior es una función de la política interna también sirve para justificar la incorporación de los miembros de la Alta Dirección al círculo político de Palacio de Gobierno. Ésta ya no es cooptada sino que participa excesivamente de esa instancia de manera voluntaria Esta filiación podría tener resultados positivos si el Canciller fuera un “político”. Pero éste no será necesariamente el caso si el Canciller es un funcionario diplomático que no puede separar la función política de la institucional.
En todo caso, el más visible resultado de esta situación es el incremento del poder personal del Canciller o, lo que es peor, de la ilusión de que efectivamente lo posee.
Esta condición puede resultar, sin embargo, en mayor eficiencia siempre que el Canciller controle racionalmente el proceso decisorio. Pero también puede generar serios problemas de gestión si el Canciller es ganado por una excesiva discrecionalidad en el uso del poder político (lo que, a su vez, afectará la cohesión institucional). Si el segundo caso prevalece, la tendencia a la ineficiencia en la gestión será acompañada con manifiesta pérdida de autoridad . Y si las características personales del Canciller -y la de los miembros de la Alta Dirección- contribuyen a ello a esa erosión se agregará una peligrosa pérdida de legitimidad. Una muestra de estos problemas se encuentran, p.e, en la constitución de círculos cerrados de laxa disciplina en esa instancia superior, la tendencia del Canciller a obtener resultados inmediatos y/o en una alta propensión a la crisis.
El primer caso puede ilustrase en el libre juego político de diplomáticos de alto rango en épocas electorales (la Cancillería no se presenta a los candidatos como una institución que ofrece, de manera colegiada, información de política exterior sino que los diplomáticos establecen lazos personales con los candidato de manera indiscriminada). El segundo se muestra en la tendencia al lucimiento político del Canciller que, en no pocos casos, concreta compromisos que no tienen la sostenibilidad adecuada (p.e. la jerarquización arbitaria de las relaciones bilaterales). Y el tercero, se evidencia en la sobrexposición pública de algún Canciller que no distingue bien entre la necesidad de lograr consenso interno para políticas de Estado y el requerimiento personal de obtener reconocimiento mediático. Es en este caso cuando la emergencia de una crisis golpea más fuertemente al gestor de la política exterior. Su imperfecta evaluación del contexto, su deteriorada relación institucional y sus defectos personales se tornan entonces más visibles. A inhibir el control de daños requerido no concurre la inflexibilidad de los procesos decisorios creados por la Alta Dirección y la laxitud del entorno ministerial. Entonces el sobredimensionamiento del poder del Canciller muestra toda su vulnerabilidad. En Torre Tagle estos problemas se han incrementado desde hace unos tres años. La situación debe ser corregida.
