28 de marzo de 2023
El incremento contemporáneo de la conflictividad entre estados y las tendencias a la fragmentación global no son los únicos factores que actualizan hoy viejas controversias internacionales. En efecto, el arraigo nacionalista, justificado o no, de reivindicaciones insatisfechas y el sentido de oportunidad para replantearlas forma parte también de esa fenomenología. Especialmente cuando los estados reclamantes son gobernados por dirigencias populistas con serios problemas de legitimación interna.
Éste parece ser el marco de la reciente presentación boliviana a Chile de una “nueva agenda” bilateral desgranada en siete puntos, la mayoría de los cuales se refieren a su aspiración marítima. La “agenda” se hizo pública durante la 28ª Cumbre Iberoamericana realizada en República Dominicana en las proximidades de la celebración del muy sensible “Día del Mar” que anualmente conmueve a la ciudadanía boliviana.
Si bien el presidente Arce está en todo su derecho al renovar ese planteamiento a Chile, debe recordarse que lo hace en momentos de gran inestabilidad económica, social y política en su país cuya intensidad tiende debilitar progresivamente a su gobierno. Al tanto de la gran capacidad cohesiva interna que conlleva la causa marítima boliviana, el presidente Arce parece haber recurrido a esa fibra psicológica ciudadana para canalizar, de nuevo, el malestar local hacia los vecinos.
El plural se emplea aquí porque, si bien la “nueva agenda” para una “nueva era” en la relación con Chile es nominalmente bilateral, la ramificación de su dimensión operativa puede terminar involucrando al Perú si la aspiración marítima boliviana se plantea nuevamente a través de Arica.
Como se sabe, el Protocolo Complementario del Tratado de 1929 (que consagró la adjudicación de Arica a Chile mientras que el Perú confirmó su plena soberanía sobre Tacna) establece que Chile no podrá ceder a un tercero “la totalidad o parte de los territorios” de Arica sin “previo acuerdo” con el Perú (art 1º del Protocolo).
Y, como es también sabido, Chile ha indicado que no permitirá la división de su territorio para facilitar una salida soberana boliviana por Atacama (el territorio conquistado por Chile en la Guerra del Pacífico y formalmente incorporado a la soberanía chilena en el Tratado de 1904 suscrito entre esos vecinos).
En consecuencia, Bolivia y Chile sólo podrían acceder a conversaciones referidas al “más amplio y libre derecho de tránsito comercial” por los territorios que fueron bolivianos (art 6 del referido Tratado de 1904) sin quebrar la continuidad territorial chilena.
Al respecto debe recordarse que, en 2018, la Corte Internacional de Justicia sentenció, contrariando la demanda boliviana, que Chile no está obligado a negociar aunque sí apto para entablar diálogos con Bolivia “en espíritu de buena vecindad” sobre asuntos que conciernan a la situación de mediterraneidad de ese país.
Habiendo perdido Bolivia también la controversia con Chile sobre las aguas del Silala (que fueron declaradas por la Corte como “un curso de agua internacional” y no local -aunque Bolivia podría desmantelar su canalización-), el vecino no sólo ha mermado fundamentos jurídicos sino canales jurisdiccionales para sostener sus requerimientos. Ello indica que, sobre el problema de su mediterraneidad, Bolivia sólo mantiene el instrumento de las conversaciones.
Tradicionalmente, el Perú ha considerado el requerimiento boliviano como una aspiración y ha facilitado al respecto dos alternativas para aliviar la problemática del vecino. La primera fue la propuesta de una zona de soberanía compartida entre el norte de Arica y la línea de frontera peruano-chilena que facilitase el acceso boliviano al mar (1976). Esa alternativa, que se produjo como respuesta a una consulta chilena luego de negociaciones con Bolivia, no mereció la aprobación chilena.
La segunda alternativa fue una facilidad a ser implementada a través de zona francas de carácter industrial y de turismo en Ilo (1992) que no fueron adecuadamente implementados por Bolivia.
Posteriormente, Evo Morales planteó en 2006 a la presidente Bachelet una agenda de 13 puntos en los que el tema central fue nuevamente el marítimo (punto 6) que no logró mayores éxitos.
En tanto el Perú no puede facilitar a Bolivia más concesiones de las que ya ha otorgado sin implicar cesión territorial de alguna especie, su opinión y acuerdo deberá procurarse en el caso de que Chile intente otorgar a Bolivia nuevas facilidades en Arica. Especialmente, cuando el caso del “triángulo terrestre”, creado por expresidente Piñera, al norte de la frontera peruana sigue irresuelto y fuera de agenda.
Y, en el improbable caso de que se inicien ahora conversaciones chileno-bolivianas sobre la mediterraneidad boliviana, siendo éstas política antes que jurídicamente motivadas, ello requerirá, en relación al Perú, de un clima de cooperación y de entendimiento que los recientes presidentes bolivianos no sólo han desdeñado en relación con nuestro país sino que han procurado abiertamente su perjuicio.
En efecto, Morales ha vulnerado la soberanía peruana al intervenir directamente en asuntos internos del Perú y ha promovido una causa étnica de carácter plurinacional que ha engendrado fractura regional y tendencias separatistas en el sur del Perú. Y Arce no ha realizado esfuerzos visibles en procura de la contención de los agentes bolivianos que han intervenido en las recientes protestas sociales que han dañado la cohesión nacional y perjudicado la economía peruana.
En consecuencia, el Perú no debe expresar al gobierno del MAS ninguna simpatía por la reactivación de las aspiraciones históricas de su país tan calculadamente replanteadas hoy. Y menos cuando las autoridades chilenas han guardado silencio en la reunión iberoamericana y dejado en claro que no desea más controversias con el vecino.
Sin embargo, la solución rápida del problema del “triángulo terrestre” creado por Chile, el advenimiento de un nuevo gobierno plenamente democrático en Bolivia y la generación de una auténtica y moderna tendencia cooperativa en la relación peruano-boliviana (seguridad, integración, nuevas tecnologías, medio ambiente, agricultura, minería del litio) puede cambiar la atención peruana en lo que sea procedente.
En todo caso, nuestras autoridades deben estar alertas a esta problemática para reaccionar adecuadamente más allá de los justificados discursos defensivos que hoy concentran su actividad en los foros multilaterales.
