Más allá del interés por el crecimiento económico de sus miembros no hay nada que, en principio, asemeje a la CEPAL con la OECD. En efecto, mientras la primera se constituyó en el marco de la ONU y se propuso luego como una entidad orientadora de políticas de desarrollo con un enfoque histórico-estructuralista de la problemática latinoamericana, la segunda se enmarcó en el entorno del Plan Marshall con el propósito de promover el crecimiento de los países desarrollados con un enfoque liberal.
Sin embargo, en muestra de convergencia pragmática quizás derivada de la complicada tarea de cooperación económica dentro de grupos asimétricos como el G20, ambas entidades acaban de producir un informe conjunto y coincidente sobre la situación latinoamericana y sus requerimientos de políticas públicas de corto y largo plazo.
Pero no es ésta la única sorpresa que, de manera conjunta, presentan tan disímiles instituciones. La siguiente radica en su coincidencia sobre el rol que el Estado debe cumplir en América Latina para superar la crisis primero y estimular el desarrollo después aprovechando el momento de oportunidad que se abre a la región. Tan asombrosa convergencia de criterios parece producto de una revisión parcial de las convicciones sobre el Estado y el mercado de cada institución y también deriva de la evidencia del protagonismo estatal que, en forma de intervención directa, se muestra en Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y América Latina.
Pero más allá de ese dato de la realidad, el patrocinio de la CEPAL y de la OECD de políticas orientadas al fortalecimiento de capacidades estatales con el propósito de recuperar el espacio fiscal necesario para contrarrestar los riesgos de la crisis (corto plazo) y superar las restricciones estructurales al desarrollo (largo plazo) no presenta resquicios ni de diseño ni de diagnóstico. Esto sigue siendo asombroso.
En efecto ambas instituciones coinciden en que tales políticas se fundamentan en los beneficios de un crecimiento regional de 5% en la última década, en una mejora de 15% en la relación deuda pública/PBI de los países del área y de una posición fiscal que evolución de un déficit de -2.4% a un superávit promedio de 0.4% entre principios de siglo y el 2007.
Estas ganancias macroeconómicas, cuya capacidad de sustento fiscal se ha venido reduciendo sin embargo, deben resguardarse frente a riesgos manifiestos como el influjo súbito de capitales y las presiones inflacionarias y revaluatorias ocurridas en el primer semestre del año y frente a los desafíos estructurales que presenta la crisis hoy.
El primero de estos desafíos es el debilitamiento del sistema financiero internacional que, agravado por la erosión del euro, impacta a los mercados emergentes y puede revertir los flujos generadores de riqueza. El segundo consiste en la vulnerabilidad que radica en una excesiva dependencia de la demanda china aún aceptando los grandes beneficios de su reciente incremento (300% entre el 2000 y el 2009). El tercero implica a la magnitud de inversión extranjera que, a pesar de su utilidad, puede generar volatilidad de los tipos de cambio (por variación de flujos), enfermedad holandesa expresada en concentración de recursos en un sector (el minero, p.e.), debilitamiento consecuente de la competitividad de otras exportaciones y un incremento insostenible del crédito.
En tanto afronte estos riesgos, América Latina se encontrará frente a la gran oportunidad de generar desarrollo a condición de que avance sustantivamente en el combate de la pobreza (padecida por un tercio de los latinoamericanos), reduzca la desigualdad (la región alberga a diez de los quince países más desiguales del mundo según el informe en cuestión) e incremente de cobertura de las redes de protección social.
Que la CEPAL patrocine la potenciación de las políticas sociales es casi un lugar común, pero que lo haga la OECD es una novedad que se explica menos por el liderazgo del mexicano Miguel Ángel Gurría (tan valioso como sustantivo) que por el evidente riesgo de inestabilidad social en el área que la OECD desea contrarrestar por mero sentido común.
Y es en función de ese sentido común, tan ausente hace poco, que la OECD coincide en la necesidad de que el Estado diseñe políticas que contribuyan al incremento de la productividad, de la diversificación productiva y de la competitividad. Este recetario no se aleja mucho de las políticas de transformación productiva con equidad que patrocinaba la CEPAL a en la última década del siglo pasado como última evolución del proceso de industrialización que trató de inducir en el área hace sesenta años.
Para lograr tal resultado, el enfoque histórico-estructuralista de la CEPAL ha suavizado considerablemente su proclividad inicial por el modelo de sustitución de importaciones mientras que el escenario liberal de la OECD ha hecho sitio a una cierta forma de dirigismo.
En el marco de esta simbiosis producto de la situación de crisis sistémica cuyo impacto quisiera expandirse (el “contagio”), los países desarrollados y los latinoamericanos podremos cooperar sin necesidad de atrincherarnos ideológicamente. En ese contexto quizás la OECD desee admitir en su seno a más países de la región y la CEPAL desee proponer mayor coordinación con los países que integran ese club de países desarrollados. Con los gruesos matices del caso, la agenda de Prebisch se estaría realizando.
