19 de octubre de 2022
Pocas veces un evento de política interna como el 20º Congreso del Partido Comunista chino, ha sido tan pesimistamente esperado por Occidente y por el vecindario del Estado que lo realiza. Salvo que alguna sorpresa cooperativa o de mantenimiento del actual orden mundial conmueva a la comunidad internacional, lo que se espera de ese evento es el aumento de la fragmentación global, de la competencia sistémica y de la tendencia reversiva del orden liberal internacional.
Para empezar, el camino de retorno al autoritarismo que hoy se afirma en China se consolidará con la extensión del liderazgo de Xi Jingping por un tercer período tal como fue previsto desde su reelección como presidente de la República Popular en 2018. Al quebrarse la norma que establecía dos mandatos consecutivos para el cargo procurando cierta rotación él, se afianzará el completo dominio del Partido Comunista por Xi quien será también confirmado también como Secretario General de esa entidad.
En tanto el PC es el núcleo político de la República Popular, Xi no sólo será su autoridad central sino que ejercerá el comando del Ejército Popular de Liberación (la fuerza armada china) que depende del Partido). De esta forma, el presidente quedará libre de ataduras para consolidar la contrarreforma china (que revierte parcialmente la “apertura” iniciada en la década de los 70s del siglo pasado) y procurar el “rejuvenecimiento” del Partido.
Ese “rejuvenecimiento” abarcará toda la estructura del PC subordinado adicionalmente sus 90 millones de integrantes, a los 370 miembros del Comité Central (que decide los cambios a realizarse) y al Politburó (5-7 miembros) (CFR). Al respecto sería interesante ver (si la opacidad del régimen lo permitiera) qué grupos de poder sobreviviente podrán resistir, además, el requerimiento de lealtad a Xi.
Con el Partido bajo su pleno control, el presidente Xi estará más cerca de la dictadura de Mao (no deseamos recurrir aún al término totalitario en este caso) que de cualquier otro líder chino posterior al reformista Deng Ziaoping. Sus límites provendrán, quizás, menos de los disidentes partidarios que de los gobiernos locales de mayor autonomía y de la sociedad tan golpeada por las persistentes medidas de estricto confinamiento anti-pandemia y por la crisis económica y social.
La crisis económica se resume en el fin de la era de muy alto crecimiento chino ahora reducida a tasas de bastante menor perfomance este año y el próximo (3.2% y 4.4% FMI). Ello se debe, en parte, a la crisis del sector inmobiliario (la explosión de la burbuja sectorial ha generado un fuerte descenso de la demanda y de las ventas mientras que la reducción de los ingresos impide el pago de hipotecas).
Como es evidente, el deterioro de la capacidad económica ciudadana se refleja también en menor producción causada, en buena cuenta, por la política de confinamientos sistemáticos en el contexto de una crisis económica global.
Y aunque la producción de manufacturas se ha recuperado, lo ha hecho luego de una recesión del sector (dos trimestres consecutivos a la baja) en el marco de un incremento del control estatal de las empresas (especialmente de las tecnológicas) con serias consecuencias de desempleo.
Esta situación es acompañada por la afectación de las importaciones de materias primas y un descenso de la inversión y del financiamiento externo chinos (especialmente de los vinculados a la estrategia de la Franja y la Ruta ahora vulnerable a la incapacidad de pago de buena parte de los beneficiados). Esa incapacidad es parte del stress financiero en una gran cantidad de países en desarrollo diagnosticado por el FMI. En lo que concierne a China, la deuda afectada sería del orden US$ 120 mil millones colocados por el Banco Chino Desarrollo y el Banco de China-(Bruegel).
Ello revela, a su vez, parte de los problemas actuales del sistema bancario chino en tanto el problema financiero es agudizado por una fuerte salida de capitales (alrededor de US$ 1 millón de millones) que ha afectado a las reservas chinas (Bruegel).
Si éste es el marco que promueve políticas económicas de mayor control, éste no está desacoplado de una importante reorientación económica para lograr el desarrollo en 2049. Xi no verá ese resultado. Pero su trayectoria será medida por el rasero de dominación estatal que marca la “nueva era”.
Ese camino se complicará, sin embargo, por el descontento urbano y rural (TE) (situación que, a su vez, retroalimenta la política de mayor control estatal). Aquél se manifiesta en un rango que va desde el malestar que produce las políticas represivas sobre la etnia uigur en Xinyiang (forzada a políticas de “reeducación” de millones de personas) hasta una fuerte desigualdad social y económica, entre otros factores.
En el ámbito urbano la desigualdad está vinculada a los cambios del mercado laboral que requiere, como en todos lados, de trabajadores con habilidades tecnológicas superiores a cuya forja no todos acceden. La consecuente marginalidad y la temporalidad del empleo genera mayor informalidad (CSIS) que no contribuye a la cohesión social en un mercado de crecientes costos laborales (la “mano de obra barata” está dejando de ser una característica de la economía china).
Si, por tanto, el Partido Comunista no puede universalizar plenamente lo que predica, el antiguo nacionalismo chino es ciertamente un elemento cohesivo y de control que Xi (como sus antecesores) sabe promover. Éste será especialmente recurrido en épocas de confrontación externa como las que se viven.
Si bien la política exterior china prioriza la estabilidad como escenario de crecimiento, su vocación de superpotencia económica y tecnológica (Chatham), que debe consolidarse en 2049, va acompañada del fortalecimiento de sus capacidades militares. En ese proceso China procurará intensificar su influencia en un contexto occidental que la percibe como su principal desafío estratégico (Estados Unidos) y, en el mejor de los casos, como un interlocutor multifacético con el que se puede cooperar sectorialmente, se debe competir y se debe confrontar como rival sistémico (Unión Europea).
Por lo demás, China aspira a resolver sus controversias marítimas con Japón, Corea del Sur y otros Estados del sudeste asiático en el marco de un proceso de rearme que no sugiere el largo plazo. Ese plazo tampoco acomoda a la consolidación de Taiwán en el ámbito de la plena soberanía china hacia mediados de siglo (quizás mucho antes). Esa decisión será costosa en tanto Estados Unidos sigue comprometido con la defensa de la isla si China emplea usa la fuerza para subordinarla al tiempo que la política de “un Estado dos sistemas” (Deng Ziaoping) es cuestionada y el trato prospectivo se parece más al ejemplo de Hong Kong.
Por lo demás, China intentará superar los mecanismos de prevención de su influencia en la cuenca del Pacífico (el escenario Indo-Pacífico es ya uno que refleja militarmente la política de contención norteamericana y de sus aliados occidentales o pro-occidentales en el área con la expectativa de que ésta evite tanto el conflicto como el predominio chino).
De otro lado, si bien la vocación por la estabilidad no llevará a China a desligarse de la declaración de “amistad infinita” con Rusia (2022), la moderación de ese escenario tendrá un extraordinario componente estratégico vinculado al redireccionamiento de los vínculos económicos rusos en marcha, a la cooperación militar (incluso en las zonas de influencia de ambas potencias) y a una relación en la que China se asegure de mantener superioridad en Eurasia e influir sobre Rusia en niveles por lo menos equivalentes a los actuales. Esa influencia, sin embargo, no será decisiva como la que podría tener sobre Corea del Norte si China lo deseara.
Aunque al término del 20º Congreso del Partido Comunista se aclararán estas perspectivas, el Perú debe retomar precauciones frente al nuevo escenario que mostrará a una superpotencia asiática con vocación de predominio global. Esas precauciones deben anclarse en la relación histórica con Occidente y en una vinculación con China que no sea de carácter estructural como la que hoy se viene forjando.
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