Las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC no tienen el respaldo pleno de los ciudadanos según lo muestra el triunfo parlamentario del ex –presidente Álvaro Uribe (el gran opositor) y la victoria estrechamente lograda, en primera vuelta, en los comicios presidenciales por el candidato de su partido Centro Democrático Óscar Iván Zuloaga (29.5% contra 25.69% del Presidente Santos).
Si bien el programa de gobierno del Sr. Zuloaga no dice que se opone al proceso de paz (la materia es tratada en el punto 4 que se denomina “por una paz justa, verdadera y duradera donde no quepa la impunidad”), él, pero muy especialmente el ex -presidente Uribe, han expresado su oposición a la negociación con las FARC bajo los términos actuales.
Es más, ahora el candidato opositor se ha mostrado partidario de un cese de las negociaciones mientras las FARC no procedan a un alto el fuego (marco que el gobierno del Presidente Santos negó para proceder a negociar con el propósito de impedir el fortalecimiento de las FARC como antes ha ocurrido).
De otro lado, una encuesta Gallup muestra que una gran mayoría de colombianos no desean la participación de miembros de la FARC en política (uno de los puntos importantes de la negociación) bajo condiciones de impunidad.
Sin embargo, para lograr el apoyo de la candidata conservadora Marta Lucía Ramírez (15.5% en la primera vuelta en la que logró el tercer puesto), Zuloaga ha modificado su opinión sugiriendo la continuidad de las negociaciones siempre que se produzca un cese al fuego de las FARC y el establecimiento de carcelería de seis años para aquellos de sus miembros que hayan cometido delitos graves.
Esta evolución indica que, a pesar de todo, las fuerzas políticas colombianas se acercan a un consenso sobre la necesidad de las negociaciones y que las diferencias están en las condiciones de las mismas.
El proceso que lleva a la segunda vuelta electoral, que se realizará el 15 de junio, puede consolidar ese marco de manera que las negociaciones puedan proseguir, gane quien gane, reduciendo los excesos que pudieran producirse (como la impunidad de quienes han cometido crímenes atroces) por el apuro en concluirlas (el presidente Santos ofreció su término para el 2013 y ahora para este año señalando que el buen estadista, como el soldado, debe saber, cuándo negociar).
Si en la materia cabe recordar la máxima que establece que es mejor la falta de acuerdo que concluir un mal acuerdo, en este caso, es bueno tener en cuenta también que las negociaciones ya han avanzado en tres puntos complejos: la problemática agraria (una “reforma rural” y mejor utilización de la tierra), participación política y apertura democrática (referida a la participación ciudadana y de las propios miembros de las FARC en política) y problema de drogas (con las FARC aceptando su desvinculación con el negocio al que, sin embargo, no se atreven a llamar narcotráfico).
Según el “acuerdo general por la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y democrática” de 26 de agosto de 2012 suscrito en La Habana, todavía falta negociar, entre otros puntos los términos del fin del conflicto, la situación de las víctimas (que incluye eventuales compensaciones) y la implementación de la paz.
En el marco de condiciones externas favorables al incremento de la conflictividad y de condiciones internas que, como las electorales, promueven la tendencia a la polarización del debate, el acercamiento de posiciones marcado por el candidato Zuluaga es una buena noticia. Como lo es también la aparente decisión del Presidente Santos de convocar a una Consejo Nacional de Paz.
Esta renovada entidad convoca al gobierno central, a los regionales y locales y a la sociedad civil para informarse de la marcha del proceso y, eventualmente, ofrecerle legitimidad si lo negociado lo merece.
Pero como la negociación se realiza bajo el principio de que nada está negociado mientras todo esté negociado (lo que supone un fuerte dosis de reserva) este principio tendría que superarse o, alternativamente, la información que se proporcione no podría ser demasiado específica.
El punto es que la sociedad colombiana no debe ofrecer al respecto un cheque en blanco sólo para ser convocada, luego de culminada las negociaciones, a refrendarlas o no. Si se ha optado por este camino peligroso -que, en sus inicios, mereció el aval cauteloso de quienes pensamos que valía la pena de cara a la imposibilidad o postergación indeterminada de una victoria militar-, es preciso que se informe adecuadamente a la sociedad colombiana de lo avanzado hasta ahora y que se asegure que no habrá impunidad para los miembros de las FARC que hayan cometido crímenes mayores.
Aunque las fuerzas de esta agrupación terrorista se ha reducido a 8 mil hombres y sus líderes históricos han muerto por causas natural (Manuel Marulanda, “Tirofijo”) o han sido abatidos por las fuerzas del orden (Raúl Reyes, Alfonso Cano), aún están en capacidad de seguir sometiendo a Colombia en un denso clima de violencia (cuya dimensión política ha retroalimentado la criminalidad organizada que hoy produce gran inseguridad ciudadana).
Si las negociaciones deben proseguir, las fuerzas del orden deben seguir apremiando militarmente a las FARC con el propósito de asegurar un término de negociaciones adecuado y luego, una implementación que no implique la simple mutación del problema.
En tanto que en las negociaciones han participado como “garantes” Cuba y Noruega y como “acompañantes” Venezuela y Chile, se entiende que ese conflicto no incumbe sólo a Colombia. Su buen o mal resultado afectará al conjunto de la región mientras que sus elementos remanentes impactarán sobre la situación de seguridad del Perú.
Al respecto, los Estados afectados no sólo deben ser escuchados sino que éstos deben aportar iniciativas para una conclusión definitiva de ese conflicto que, iniciado en 1964, se ha cobrado ya cientos de miles vidas y que puede seguir arrasando con ellas. Lo prudente para el gobierno colombiano es mantener todas opciones en la mesa. Y así hay que hacérselo saber.
