El gobierno de Bolivia ha tenido hasta, hace poco, un asesor presidencial de origen peruano solicitado por el Ministerio Público del Perú por la comisión de actos terroristas.
El gobierno de Bolivia tiene el derecho a la duda sobre la materialización del delito por el imputado asesor. Pero lo que no puede hacer es poner en tela de juicio los indicios que han motivado, de parte peruana, una orden de captura de ese agente que puede evolucionar a una solicitud de extradición. Ni los tratados bilaterales ni la relación de integración profunda admitirían una denegación boliviana sobre esa eventual solicitud con la excusa de que el denunciado es un refugiado político. Pero, al margen del desenlace de estos hechos, lo que el caso muestra no se reduce a la vulnerabilidad del gobierno boliviano a influencias originadas en lo que normalmente se define como amenazas globales. Lo que muestra es el resultado de políticas de denegación de presencia terrorista en territorio boliviano cuando el terrorismo campeaba en el Perú.
En efecto, durante el apogeo de la lucha antiterrorista en el Perú el gobierno de Bolivia negó sistemáticamente la presencia de terroristas del MRTA y de Sendero Luminoso en su territorio (especialmente en El Alto). Esa política de denegación de una realidad patente se basó en el intento de no complicar al gobierno boliviano en el conflicto interno peruano y, probablemente también, en la necesidad boliviana de no ser identificado como un Estado que brindaba protección a agrupaciones terroristas.
Si el gobierno boliviano hubiera tomado las acciones preventivas contra esos grupos la política denegatoria de su presencia habría tenido sentido y relevancia. Lamentablemente esas acciones no se llevaron a cabo o, si se realizaron, fueron extremadamente débiles. Como consecuencia de ello, los terroristas que buscaban refugio en El Alto no sólo se mimetizaron con la población local sino que algunos de sus miembros se organizaron luego en bandas criminales que perpetraron delitos armados de gran escala en La Paz. El crimen organizado y violento se arraigó en Bolivia para luego transnacionalizarse.
Esta debilidad es la misma que el Perú pudiera estar mostrando hoy en la frontera con Colombia. Así, mientras autoridades loretanas aseguran que hay presencia de las FARC en esa parte del Perú, el gobierno lo niega otorgándole a esa afirmación una dimensión menor y a los hechos, una recurrencia no sistemática. Las consecuencias de esa política son, hasta hoy, motivo de una buena relación bilateral de seguridad peruano-colombiana que implican a las fuerzas armadas y policiales de ambos lados de la frontera. Ello, sin embargo, puede cambiar en el futuro si se comprueba la hipótesis de una presencia más sostenida de las FARC en territorio peruano dinamizada por los vínculos que establece el narcotráfico en la zona. Más aún cuando la hipótesis incorpora un amplio escenario de realización que, proyectándose a lo largo de la ceja de selva peruana, llega hasta el valle del Huallaga y el VRAE (es más, algunos estiman que la presencia de agentes del narcotráfico colombiano protegido por las FARC se extiende hasta Bolivia).
El Perú no debiera seguir el ejemplo boliviano en esta materia si no desea toparse con una realidad de desborde o spillover manifiesto en alguna localidad peruana favorecida por el proceso de descentralización (especialmente en aquellas zonas, como en el VRAE, donde la autoridad política se sustenta en el movimiento cocalero que, ciertamente, tiene contacto con agentes del narcotráfico).
