La coincidencia en el tiempo de una protesta social de gran escala y de heterogénea cobertura regional y sectorial como la producida en el Perú recientemente autoriza a indagar por los mecanismos de coordinación de la misma e identificar a sus titulares. Pero a pesar de la sospecha de la participación de actores externos, otros factores aparecen como más claros motivadores.
Ciertamente la magnitud de la movilización requirió de importante financiamiento (que alguien tuvo que proveer) y de logística sofisticada (que requirió de expertos organizadores). Estas respuestas deben ser encontradas a la brevedad en tanto la estabilidad del país pudiera estar en cuestión si estas movilizaciones se repiten y porque el proceso de formación de la protesta presentó considerable opacidad. Es más, su aparente espontaneidad ha sido una de sus características más saltantes.
Sin embargo, a la vista están varios factores de malestar que es necesario atender y atenuar con eficacia y rapidez. Entre ellos destacan tres: la inequidad en la distribución de la riqueza en un marco de pobreza de muy lenta atenuación, la resistencia social a reformas de nueva generación y los problemas que presenta un proceso de descentralización relativamente rápido.
En relación al primer factor los indicadores sobre sueldos y salarios publicados recientemente por el Ministerio de Trabajo muestran la escasa participación en el mercado de empleados y obreros en un marco de gran dinamismo económico y de contrastante postración social.
En efecto, el bajo crecimiento de la capacidad adquisitiva de buena parte de la población se evidencia en el escaso crecimiento de los sueldos de los empleados en el primer semestre (apenas 0.5%) y en un decrecimiento de los salarios de los obreros (-3.89%).
Esta situación encaja, contradictoriamente, en un escenario de extraordinarios indicadores de progreso macroeconómico (7.5% de PBI como crecimiento proyectado para el año y más de 70 meses de expansión contínua) y microeconómico (un primer semestre que, al ritmo de 32%, ha batido el récord de rentabilidad empresarial). Ello contrasta fuertemente con la realidad de niveles de pobreza del 48% de lentísima atenuación.
Aunque el progreso económico sea la resultante prevaleciente entre esos vectores contrarios, el nivel de contrastes estimula la reacción social con una intensidad potencial que puede descarrilar la tendencia. Más aún cuando el entorno externo inmediato la estimula.
Frente a este fenómeno, como es evidente, el gobierno debe reaccionar con eficacia redistributiva (por ejemplo, a través de una sensata reforma tributaria) al tiempo que asume su obligación moral (el progreso a cualquier costo no es tolerable ni para los que se benefician temporalmente del mismo, porque puede estancarse, ni para los postergados). La atención eficaz de este problema debe generar un crecimiento de mejorada sostenibilidad.
El segundo factor visible en la protesta es el rechazo de los grandes sindicatos nacionales -la CGTP y el SUTEP- a la flexibilidad del mercado laboral y a la reforma educativa, parte de la cual es la evaluación del magisterio. Para un país que no se desarrolla al ritmo que debiera, que requiere de altos niveles de inversión y de acceso calificado al mercado, los obreros no debieran bloquear las posibilidades de generación de empleo y los maestros ciertamente no tienen el derecho de impedir a los futuros ciudadanos la adquisición de conocimientos necesarios para incorporarse a la sociedad y a la economía formal.
Para destrabar esos obstáculos sin generar mayor desequilibrio ciertamente se requiere orden estatal, pero también mayor cohesión social. Esto último reclama menos filantropía que implementación de mecanismos que atenúen la gran incertidumbre a que se ve sometida la población cuando la reforma económica y social se pone en marcha (CEPAL).
Si, al respecto, el Estado no cuenta con medios suficientes para generar mecanismos de protección social que no sean los de intentar satisfacer necesidades básicas, bien podría ofrecer mecanismos de inserción que se deriven de la propia reforma (en el caso de los maestros, p.e.. además de exigir preparación para actualizar conocimientos pedagógicos, proporcionar educación técnica que contribuya a que los maestros compensen sus bajos ingresos estatales con mejor participación en el mercado laboral).
El tercer factor evidente en la protesta colectiva ha sido, salvo en los casos extremamente politizados como el de Puno, los múltiples requerimientos de obras y de medidas económicas del gobierno central en beneficio de las regiones. Si ello contrasta con la extraordinaria transferencia de recursos a estas circunscripciones por concepto de canon y regalías (el Ministerio de Economía proyecta para el 2008 transferencias de US$ 1655 millones además de las ya realizadas), es evidente que las regiones en el Perú se encuentran frente a un serísimo problema de gestión de recursos que el gobierno central debe ayudar a resolver a la brevedad.
Aquí la sugerencia de reemplazo de la inversión pública por la privada puede producir mejoras pero no contribuye a solucionar el problema. En efecto, una nueva etapa de concesiones en provincias y de inversión estimulada por la rebaja de impuestos (Dubois) es atractiva, pero deja al margen el necesario rol del Estado (por los demás, no pocas de las concesiones probablemente serían resistidas mientras que el crédito tributario seguiría manteniendo la recaudación por debajo del promedio latinoamericano).
En tanto el problema de la deficiente gestión de los recursos excepcionales ya ha sido identificado por el Estado, lo que resta es resolverlo con asistencia gerencial del gobierno central y hasta externa si fuera necesario de acuerdo con la urgencia del problema. La mera reforma de las instituciones reguladores (el SNIP) no bastará.
Pero quizás a esta alternativa debería agregarse un nuevo enfoque: el del gradualismo prudente en la adicional transferencia de recursos, derechos y obligaciones. En efecto, las muestras de incapacidad regional de gasto y de absorción no es sino la consecuencia de un proceso de descentralización quizás demasiado apresurado. Es más, la versión política de ese apresuramiento se revela en la elección de autoridades regionales con mínimo soporte electoral (el 20% en el caso de Puno). La complementación de la incapacidad económica y política de no pocos gobiernos regionales está mostrando serios problemas de gobernabilidad que debilitan tanto a las regiones y como al Estado.
Si para atenuar este problema se requiere mejorar las capacidades de gestión de las regiones, también es necesario fortalecer las competencias reguladoras y asistenciales del gobierno central antes de que el problema regional se escale generando anarquía (especialmente en el sur, donde ésta es retroalimentada por la influencia de ciertos vecinos).
Al respecto el Estado tiene responsabilidades que se derivan tanto de la Constitución como de la tradición: habiendo sido el peruano un Estado centralista, la prudencia aconseja a partir de ahora gestionar la descentralización cediendo atribuciones y recursos de acuerdo a los requerimientos de control central aún requeridos y a la capacidad real de los gobiernos regionales de cumplir con sus obligaciones gerenciales y políticas.
En este marco será menos oneroso desactivar a los actores desestabilizadores que, con certeza, querrán aprovechar la actual de crisis de crecimiento y de progreso para reorientarla hacia el estancamiento, el atraso y el desorden.
