20 de diciembre de 2022
La vulnerabilidad de las economías de América Latina a la inestabilidad externa pareció haber desarrollado mecanismos contingentes de resistencia. Tal capacidad apareció durante el primer shock de impacto global del siglo: la crisis de 2008-2009.
En efecto, si en 2009 la región sufrió una contracción de -2.5% su recuperación comenzó a mostrarse a finales de ese año y durante el 2010 gracias a la solidez fiscal construida con los ingresos previos a la crisis derivados de la fuerte demanda externa de materias primas.
Sin embargo, la resiliencia no acarreó fortaleza suficiente: la región aún debía preparase para futuros shocks mediante el fortalecimiento de políticas fiscales, mejor regulación financiera y alerta constante (FMI). Éstas no eran políticas de circunstancias sino de origen sistémico: la crisis había generado el cambio del ciclo económico y el fin de las altas tasas de crecimiento.
Pero en lugar de atender en todos los ámbitos esa realidad emergente, el Perú, inauguró un ciclo de inédita inestabilidad desde el 2016 que hasta hoy padecemos. Seis presidentes se sucedieron desde entonces (si se incluye a Kuczynski) erosionando progresivamente la capacidad de gobierno, la institucionalidad del Estado y afectando los fundamentos económicos que, manteniéndose, evolucionaron a la baja.
Luego, aunque América Latina representa sólo el 8% de la población mundial, la región generó uno de los niveles de mayor mortandad durante la pandemia de 2019-2020 (el segundo shock global). En este marco, el shock económico del 2020 contrajo el producto regional en -6.8% (-11% en el caso del Perú). La recuperación “en V” del 2021 (5.2%) tuvo mucho de ilusoria: ésta no sólo fue producto del extraordinario gasto público (una reacción global) sino que evidenció extraordinarias asimetrías como consecuencia de las grandes dispersiones en el acceso a las vacunas y a las diferentes capacidades de la erogación requerida y del complemento de políticas fiscales (CEPAL). La cooperación regional no protagonizó la respuesta a la emergencia.
Las consecuencias inflacionarias del mayor gasto a escala global se dejaron sentir en el 2021 con el inicio de políticas de ajuste de las que la región no pudo ni deseó exonerarse. Ello debió haber ocurrido teniendo en cuenta la necesidad de forjar nuevos consensos globales, regionales y nacionales para afrontar los estragos económicos y sociales de la pandemia que requerían sustanciales mejoras en la gobernanza global y nacional.
En lugar de ello la elección de Castillo en ese año incrementó los defectos del mal gobierno: su informalidad, falta de escrúpulos, opacidad y la desinstitucionalización del Estado se hicieron evidentes cuando se requería su mejoría . El progresivo debilitamiento interno se arraigó. En consecuencia, la perfomance interna decayó por debajo de la regional (2.7% vs 3.7% regional, CEPAL) por debajo de Argentina ( 4.9%), Brasil (5.5%), México 2.9%), Bolivia (4.9%), Colombia (8%) y Uruguay (5.4%) (CEPAL).
El tercer schock global (la invasión rusa de Ucrania, la guerra consecuente y la política china de COVID 0), intensificó esos requerimientos. La inflación, potenciada por la volatilidad de los precios del petróleo y del gas (especialmente de origen ruso), la sustancial alteración de los mercados (especialmente el europeo), la complicación de las cadenas de suministro, la inaccesibilidad a insumos básicos para la agricultura (fertilizantes), las secuelas de las sanciones financieras a Rusia y la considerable reducción de la demanda china alteraron sustancialmente los mercados financieros, energéticos, tecnológicos y el intercambios de bienes y servicios.
Peor aún, la perfomance económica del Perú, en situación extraordinariamente atípica, se sitúa hoy por debajo del crecimiento global del año (2.7% vs 2.8%), la inversión privada es nula (y la del próximo año estará por debajo del crecimiento del producto) y el consumo seguirá superándola a pesar de su muy leve recuperación en 2023. Mientras tanto las expectativas empresariales a 12 meses reiteran su pesimismo, el empleo formal decrece (y aumenta el informal) y los términos del intercambio se contraen por encima de los 10 puntos y los precios del cobre también (Reporte de Inflación, BCRP).
A pesar de ello, el Banco Central ha logrado mantener el más alto nivel de reservas internacionales de la región (30% del PBI aunque por debajo del 36.3% del 2020), mientras la inflación empezó a reducirse en junio (8.2% a diciembre) con una proyección de 4.4% para el 2023 (por encima del rango 1%/3% establecido), la deuda bruta (34.1% del PBI, menor en relación a los vecinos, se mantiene manejable), el rendimiento de los bonos soberanos ha decrecido (como también su tenencia), las tasas de interés continúan al alza (pero en menores niveles que en Brasil, Chile, Colombia y México) y el sol ha logrado una pequeña apreciación frente al dólar en los últimos meses en un contexto de mayoritarias depreciaciones.
El gobierno de transición debe complementar la eficiente perfomance del Banco Central con políticas de estímulo ordenado. Para ello deberá tener en cuenta que el proteccionismo de los países desarrollados (especialmente el norteamericano), la fragmentación de la globalización y el entorno geopolítico seguirán siendo muy serios problemas. Si bien este año el comercio internacional crecerá este 15% en relación a 2021, UNCTAD) la desaceleración global esperada (2.7%, FMI) probablemente contraiga los intercambios durante 2023.
Esa contracción puede aún puede derivar en recesión en el marco de la respuesta de ajuste colectivo para disminuir la inflación (BM) y de la continuación de la guerra en Ucrania. En un escenario de tendencia contractiva el gobierno debe procurar ciertos estímulos y reanimar la inversión en un marco de orden indispensable.
