Si la inexperiencia del Primer Ministro pudiera ser compensada por otras habilidades y por la permanencia en el gobierno de los titulares de las carteras principales, la capacidad de gestión del gabinete no debiera decaer.
En el ámbito externo la ausencia de nuevos factores contextuales qué confrontar aparece, sin embargo, signada por la intensificación de riesgos que el gobierno deberá gestionar global y regionalmente.
En el ámbito global la gestión de vulnerabilidades cuyas causas son inasibles para países chicos como el Perú deberá mejorarse. De un lado, la desaceleración económica y del comercio mundial advertida por el FMI (2018) y la OMC (2019) se ha incrementado.
Del otro, la conflictividad global sigue escalando si, más allá de su evidencia, ésta se mide por el incremento de capacidades: el volumen de transferencias de armas entre el 2014 y 2018 ha aumentado 7.8% en relación al período 2009-2013 (SIPRI).
Al margen de la existencia de otros factores depresivos de orden global, el hecho es que el gobierno nada podrá hacer para influenciarlos salvo gestionar el debido resguardo. Una alternativa parcial sería mejorar nuestra inserción global adhiriéndonos a regímenes universales esenciales (la Convención del Mar es uno de ellos).
Por su ámbito, la capacidad de acción nacional para tratar de controlar el creciente desorden regional debiera ser más efectiva. Sin embargo, en relación al factor desestabilizador más intenso, la crisis venezolana, el gobierno casi no tiene cartas diplomáticas qué instrumentalizar.
Casi agotado el stock de medidas diplomáticas orientadas al aislamiento de Maduro a través del Grupo de Lima y al apuntalamiento de la legitimidad de Guaidó, se ha abandonado la generación de capacidades de coacción individuales. Ahora el Perú y la región parecen sólo aguardar que la inercia de la catástrofe traiga abajo al dictador frente al riesgo de que, si ello no ocurriera, la desaparición del Estado o la consolidación totalitaria aliada extra regionalmente se consolide en el norte suramericano. El abandono de la alternativa de intervención humanitaria y geopolítica es acá tan irresponsable como demostrativa de una debilidad que el Estado democrático no puede permitirse.
Mientras tanto la erosión institucional en Sudamérica prosigue sin que surjan condiciones suficientes para la generación de entidades ordenadoras. Éste es otro factor de inestabilidad en el área que debe solventarse.
Pero éste no pasa por la propuesta de Prosur debido a su apresuramiento y carencia de consenso (debilidades ambas que contribuyeron a crear el disfuncional Unasur). Identificar el régimen de concertación regional adecuado tomará un tiempo teniendo en cuenta que el cambio de orientación de regímenes nacionales es heterogéneo y el principal (Brasil) no acaba de definir su posición en Sudamérica.
A mayor abundamiento, la gran promesa subregional -la Alianza del Pacífico- ha sido debilitada por la alteración de principios liberales y el desinterés mexicano y la renovada proclividad norteamericana de Colombia. Perú y Chile constituyen ahora el mejor pero insuficiente anclaje de esa entidad subregional.
En cambio, el Perú ha logrado en el ámbito vecinal un escenario estabilizador de gran capacidad cohesiva mediante sistemáticas reuniones presidenciales y de gabinetes binacionales. Concentrados en las regiones fronterizas estas reuniones anuales han ampliado su agenda para incorporar a casi todos los sectores gubernamentales. Aquí la tarea pendiente es el cumplimiento de los compromisos, evitar los que son inviables y no sacrificar intereses esenciales.
