12 de setiembre de 2005
Los procesos de descentralización y el cultivo de coca han encontrado un nefasto vínculo: el progresivo cuestionamiento regional de la autoridad del Estado y del gobierno central como única fuente para legislar en materia de seguridad y la relajación del consenso nacional sobre la lucha contra el narcotráfico.
Esta peligrosa tendencia se expresa en el campo mediante la creciente disposición de las autoridades regionales a “legalizar” los cultivos de coca y en la creciente movilización y organización de productores ilegales de esa planta.
Y, en la ciudad, además del incremento del consumo de drogas, la tendencia se manifiesta en la predisposición a amparar la usurpación legisladora regional por algunos políticos (que incluyen a miembros notorios del Ejecutivo, a sus aliados y hasta a jefes de partidos), a operadores académicos que respaldan movilizaciones cocaleras (que, de paso, intentan nuevas explicaciones ideológicas para cuestionar el combate al narcotráfico) y hasta a funcionarios públicos (que cuestionan abiertamente la dimensión instrumental de las políticas en la materia).
En el agregado, esta situación configura una escalada de la amenaza a la seguridad nacional que plantea el narcotráfico y la erosión consecuente de la capacidad del Estado para hacerle frente impulsada por actores que prefieren aproximaciones más benignas al tema. El ejemplo más reciente de esta creciente sintomatología es la ahora revertida decisión del presidente regional de La Libertad de legalizar el cultivo de coca en ese departamento. Esta acción, ya no contestataria sino cuasi subvsersiva, se suma a similares acciones en Cuzco, Puno y Huánuco. Si cada una de estas iniciativas constituyen un abierto desafío al gobierno central y al Estado de Derecho, en su conjunto el desafío se transforma en amenaza potencial. El Estado y la autoridad central deben, en consecuencia, reaccionar.
Ese emprendimiento ha sido encausado, hasta ahora, a través del Tribunal Constitucional sin la premura del caso (su sentencia en relación a Puno y Cuzco lleva ya un par de meses en trámite y meditación). Mientras tanto, ni la autoridad ejecutiva pertinente –Devida y el Ministerio del Interior-, ni las que deben apoyarla –p.e. el Ministerio de Agricultura- están actuando con la energía que requieren las circunstancias.
En su descargo puede decirse que esa reacción ha sido inhibida por la propia presidencia de la República (que, por proteger a un aliado político, no reaccionó con el rigor necesario en el caso de la “legalizadora” ordenanza cuzqueña) y hasta por el jefe de un partido al que pertenece el presidente de la región La Libertad (que, si bien llamó la atención de su correlegionario sobre la necesidad de la erradicación, lo hizo por no saber administrar las “formas” (1). Esta actitud contrasta con la rápida reacción de los principales medios de comunicación.
Por lo demás, académicos y funcionarios públicos participan directa o indirectamente en el fortalecimiento de esta tendencia que debilita al Estado. En algunos casos aquéllos cuestionan la impropia incidencia de Estados Unidos en esta materia y la actitud imperial de la primera potencia enmarcándola, eventualmente, en los parámetros de la dependencia que siguen padeciendo los países en desarrollo. A estos efectos, estos actores dicen preferir las aproximaciones más benignas de la ONU y de la Unión Europea que priorizan los enfoques desarrollistas sobre los coactivos.
Estos actores no sólo no parecen dar cuenta de que el interés nacional peruano ha sido definido como complementario con el de Estados Unidos y la Unión Europea y que éste se expresa jurídicamente en las convenciones internacionales suscritas por el Perú en el marco de la ONU. Este interés nacional ha sido adoptado por el Estado y consensuado en la política 27ª del Acuerdo Nacional.
En todos los casos, la erradicación de la coca ilegal es un compromiso nacional adoptado en defensa de su seguridad e invocando el principio de responsabilidad compartida en el combate de la amenaza. Así lo establece el marco de la ONU (la Convención de 1961) que obliga no a la mera disminución sino a la erradicación de los cultivos ilegales, las sucesivas políticas nacionales y nuestros compromisos con otros países.
A estos efectos las política integrales combinan elementos de desarrollo y de coacción indispensables para confrontar el problema. Así se ha convenido también en el Acuerdo Nacional que alude a políticas que incluyen la punición tanto como la prevención y el incentivo social para estos efectos.
Si el objetivo de largo plazo es claro –erradicar la coca ilegal y, por tanto, extraer al Perú del circuito del narcotráfico- la dimensión coactiva de las política también lo es. Sin interdicción ni erradicación, la sustitución de cultivos, el desarrollo alternativa o la prevención se convierten en quimeras que conducen a la pérdida de miras y al estímulo destructor del narcotráfico y de sus criminales actividades colaterales.
Para no atascarse en este camino, como hoy ocurre con gran irresponsabilidad nacional e internacional, se requieren recursos en cantidades adecuadas a la magnitud de los objetivos de disminuir sustancialmente la oferta antes de erradicarla y una correspondiente y programada disminución de la demanda. Pero también se requiere claridad sobre lo que es cultivo legal e ilegal en el lado de la oferta. En este campo –y también en otros vinculados al tema- las autoridades regionales han perdido orientación y, con sus actos, están promoviendo la libre acción de agentes del narcotráfico en los departamentos más vulnerables a esa amenaza.
Tales autoridades –y quienes las defienden- no parecen registrar que el incremento del área cocalera se han extendido 30% en los últimos dos años pasando de 40 mil has. en el 2003 a 50300 has en el 2004 con un agravante: el incremento de la productividad ha resultado en una producción 127% mayor (109,900 toneladas métricas). De esa cantidad 91.8% va al narcotráfico mientras que el saldo (8%) se orienta al consumo legal (2). Pero el consumo legal ha devenido también en parte del problema en tanto Enaco no compra de los cocaleros legales sino 1/3 del total mientras que 2/3 de la oferta legal se comercializa informalmente y sin ningún tipo de control. Éste es el caso del Cuzco.
En consecuencia, además de una mayor disposición a cooperar de parte de Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU, el Estado requiere recuperar autoridad, cohesión y orientación para actuar contra esa amenaza y advertir seriamente sobre la ilegalidad en que incurren las autoridades regionales al usurpar funciones legislativas en materias de seguridad nacional. Si, de otro lado, no se desea ilegitimar el proceso de descentralización las medidas respectivas deben adoptarse drásticamente y a la brevedad.
De manera paralela resulta indispensable incrementar la capacidad estatal de interdicción y de erradicación así como la de organización del desarrollo alternativo, la sustitución de cultivos y la prevención. Para ello es indispensable fortalecer las instituciones a cargo incluyendo a Devida y Enaco. No es posible que ésta última, fundada en 1949, no pueda hoy controlar siquiera el escenario legal.
Finalmente, el Ejecutivo debe divulgar nueva, claramente y a la brevedad el interés nacional comprometido por la amenaza del narcotráfico y hacer público que el conflicto con los narcotraficantes debe ser confrontado con el apoyo indispensable de Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU. Aquí no hay imperialismo ni dependencia, sino defensa de la viabilidad un Estado aún débil.
