4 de mayo de 2022
América Latina será este año la región de menor crecimiento en el mundo. Si el FMI no lo dice explícitamente -como tampoco alerta sobre el riesgo de estanflación que ronda el sistema- no oculta su estadística al respecto.
Una tasa de 2.5% para el 2022 bien por debajo del promedio de las economías emergentes (3.8%), del Medio Oriente y Asia Central (4.6%) y del África Subsahariana (3.8%) dice claramente que se diluye la capacidad latinoamericana de competir en un marco global de fragmentación.
Especialmente si el decrecimiento va acompañado de un proceso de desinserción en ciernes: el comercio global cayendo más de la mitad (de 10.8% en 2021 a 4.7% este año, la inversión en el área rezagándose tendencialmente (16.% del PBI vs el 26.8% mundial), una tasa semi-paralítica de creación de empleo (30% de los puestos perdidos en 2020 no se han recuperado) y una inflación ascendente (7.2% el año pasado) (CEPAL) lo confirman.
Ello indica que a la vulnerabilidad estructural del área ha crecido mientras una peligrosísima incapacidad de reacción a choque externos refleja una ineficiencia gubernamental bastante esparcida.
Todo ello ocurre en un escenario de beligerancia con evidente riesgo de escalamiento que compromete a grandes potencias en cuya periferia los grandes países latinoamericanos se comprometen bilateralmente de manera errada mientras se abstienen multilateralmente y los chicos apenas expresan su solidaridad con el agredido con un voto multilateral.
Bajo estas circunstancias, la región requiere urgentemente de Estados con índices de gobernabilidad apropiados para afrontar riesgos y de sociedades con elementales grados de cohesión.
Pero lo contrario ocurre en el área donde, alejado el hegemón, los gobiernos de países de mayor nivel de desarrollo se esmeran en prohijar el cuestionamiento, los medianos cobijan alternativas polarizantes y de desmanejo y los pequeños (salvo una excepción platense) se enrumban al precipicio a paso redoblado.
El Perú, siendo mediano, cultiva los defectos de las tres categorías. En lugar de proponerse como un líder regional en tiempos de urgencias extremas, el gobierno se empeña en hundir la economía (tendencia decreciente de un crecimiento insuficiente de 3%, inversión proyectada de 0%, 78% del empleo en la informalidad, sabotaje de los motores de inserción) mientras incendia el contrato social (una manifiesta degradación de los servicios agudizada por procesos de desinstitucionalización, de descohesión y de perversión del Estado de derecho).
Es en este marco que un Ejecutivo deslegitimado pretende dar la puntada final a su tarea destructiva: ya no se trata sólo de una Asamblea Constituyente sino de despojar plenamente al Estado de seguridad y de soberanía territorial cediéndole al narcoterrorismo su corazón geopolítico: el VRAEM del que proyecta el retiro de 40 bases antisubversivas.
Esperar el “momento reinstituyente” ya no basta. Asegurar supervivencia del Estado y recrear su rol regional es una obligación colectiva.
