Un escenario político de muy dinámica fragmentación ha sido el resultado de las elecciones parlamentarias. Sin fuerza predominante que lo arraigue ni fundamento histórico que lo oriente (salvo en algún caso) la gobernabilidad dependerá de la buena voluntad de las partes que incluyen un partido fascista y otro teocrático.
Si una sociedad desorientada y golpeada por la corrupción ha construido otra caja de Pandora, las instituciones en que ésta se desarrolla han contribuido a su diseño.
Entre aquéllas se encuentra alguna que ha venido impulsando a sus miembros al ejercicio de funciones gubernamentales cuando éstos deben servir fundamentalmente al Estado.
En su versión reciente esta anomalía viene ocurriendo en el Servicio Diplomático desde principios de siglo pero tiene su origen en 1985. Al cumplir funciones ministeriales sin renunciar a sus cargos estos diplomáticos se han hecho responsables directos de decisiones de gobierno con resultados a la vista.
Entre las gestiones exitosas no puede contarse la correspondiente al tránsito democrático luego de la dictadura de Fujimori que estuvo a cargo de un prestigioso funcionario retirado. Otras fueron clamorosamente irracionales (como la que impulsó a un diplomático-ministro a acompañar al presidente a una constatación luctuosa en la isla San Lorenzo). Entre esos extremos se identifican otras tantas que distrajeron la atención del Servicio Diplomático restándole eficiencia.
Una de las disfunciones de esta anomalía radica en que, para no pocos, el rango de Embajador puede ya no ser el más alto en el ejercicio de la función pública. Si el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores está al alcance, por qué no pretenderlo añadiendo el ingrediente partidario a la ambición personal.
Este proceso ya sistematizado abandona la tradición de autonomía sin agregar arraigo social ni buenas decisiones de gobierno. Entre otros pasivos se cuenta la pérdida de pensamiento crítico en tanto la línea de mando obliga al “pensamiento grupal”. Ello genera desatención a todo lo que no sea de interés del canciller-diplomático aunque esté equivocado. El proceso decisorio se empobrece entonces empujado por el temor a plantear alternativas contrarias al pequeño grupo del gabinete. La participación diplomática en la crisis política cuyo desenlace atestiguamos evidencia el costo de estos errores de juicio.
Y si el “pensamiento grupal” es premiado (ascensos, destaques p.e.), el círculo de la irracionalidad decisoria se completa. Mientras el costo político para el país se incrementa con la propensión al error funcional, al culto al líder y a la generación de intocables que a veces ejercen funciones para las que no están preparados.
Ahora que el Perú ingresa a un escenario político interno de tendencia centrífuga, las instituciones públicas adquieren una responsabilidad mayor en el buen funcionamiento del Estado. Para contribuir a ello el Servicio Diplomático debe volver a ocuparse de lo suyo y atenuar las ilusiones de poder personal en el escenario interno.
