En épocas de supuesta globalización y de fortalecimiento del núcleo liberal de países que sostienen ese proceso, el principio del realismo clásico que establece que la moral nacional (o la de un grupo de Estados) no es universalisable parecía a muchos un anacronismo. Sin embargo, a raíz de varios acontecimientos, como los serios obstáculos que sufre el proceso democratizador desde Venezuela hasta Irak por las razones que fueren, pareciera emerger en América Latina un consenso de rescate de ese anacronismo en sus vertientes política y económica.
En el lado político, ese consenso se ha reactualizado crudamente con el fracaso del régimen de protección colectiva de la democracia representativa en el sistema interamericano. En efecto, luego de los golpes de Estado no militares ocurridos en Bolivia (2003) y en Ecuador (2005) y de la concentración autoritaria en Venezuela, ese régimen quedó seriamente mediatizado.
Éste podría quedar destruido hoy cuando en Ecuador se disuelve el Estado de derecho, componente esencial del régimen democrático representativo, al tiempo que la entidad comunitaria encargada de velar por su defensa aplicando la Carta Democrática (la OEA) no sólo no se manifiesta sino que hasta voceros la primera potencia afirman que lo que ocurre en ese vecino es "un problema interno".
Si esa declaración se oficializa y la OEA sigue paralizada, la "claúsula democrática" habrá caducado en tanto ésta se define exactamente por lo contrario a la noción del "problema interno". Esto es, la "cláusula" se afirma en el convencimiento hoy deteriorado de que la preocupación colectiva por la erosión de la democracia representativa de un Estado suscriptor del sistema interamericano (y del andino y del MERCOSUR) no implica violación del principio de no intervención.
Como es de conocimiento público, la construcción del régimen interamericano que debía cautelar la salud de la democracia representativa en América, fue un proceso que luego de algo más de una década, concluyó el 2001 con la suscripción de la Carta Democrática. La "cláusula democrática" fue recogida además por la CAN y el MERCOSUR como condición de membresía. En muestra de su vitalidad, la aplicación del principio de la "cláusula democrática" no tuvo que esperar el perfeccionamiento del régimen para que aquélla mostrara su vigencia.
Como en el caso de la reforma económica, aquél fue aplicado con excepcional rigor inicial para dejar sentado el compromiso colectivo con la subordinación a su influencia. El Perú fue el campo de prueba. Así, luego del golpe de 1992, la comunidad hemisférica se empeñó en comprometer al gobierno peruano a establecer un marco jurídico que remedara un Estado de derecho. Si el concepto tradicional de soberanía nacional había sido cuestionado colectivamente, el resultado fue la Asamblea Constituyente que resultó en la Constitución de1993.
Ello no obstante, el gobierno de Fujimori continuó bajo observación externa. Los campos humanitario, económico y político fueron influyente y colectivamente observados. Ello ocurrió hasta finales del gobierno autoritario. Sin embargo, luego el populismo del régimen chavista, basado en la simple matemática electoral, inició el fraccionamiento del régimen. Éste fue adicionalmente debilitado cuando los miembros del sistema interamericano no se pronunciaron sobre la renuncia obligada de los presidentes Sánchez de Lozada (Bolivia) y Gutiérrez (Ecuador) por sendos movimientos de masas.
Como consecuencia de ello, hoy la región convive con el creciente autoritarismo del presidente Chávez, con el gobierno escasamente cohesivo del señor Morales y, nuevamente, con la quiebra del Estado de derecho en Ecuador.
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En efecto mientras la democracia representativa se disuelve en ese país para ser substituida por una aparente democracia participativa mediante la quiebra del régimen republicano liberal, la comunidad interamericana guarda silencio. Y lo hace frente a un proceso de escandalosa confrontación de poderes en el que el Ejecutivo confronta el Legislativo por la imposición de una Asamblea Constituyente, el Legislativo confronta al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por convocarla sin su autorización específica, el Legislativo retruca destituyendo al presidente del TSE el que, a su vez, procede ilegalmente a destituir a 57 congresistas electos.
Así, mientras la esencia del sistema democrático (la división de poderes regulados por la ley) se disuelve en Ecuador, se incumplen las obligaciones del Secretario General y del Consejo Permanente de la OEA de atender ese proceso con urgencia sea por pedido expreso de la autoridad nacional (art. 18 de la Carta que, por el compromiso de la autoridad ecuatoriana, no es aplicable) sea de oficio en tanto allí se está quebrado el orden democrático y alterando gravemente el orden constitucional (art. 19 de la Carta, que sí es aplicable).
El incumplimiento es mayor aún cuando la dimensión de esa obligación se mide por la consecuencia más grave: la eventual suspensión de la participación del Estado violentador en las decisiones de la OEA (que nadie desea). Si esto es lo que dice la Carta Democrática suscrita por la totalidad del los miembros del sistema interamericano no hay un ápice de dramatización en su señalamiento y, por lo tanto, nada que "desdramatizar".
Si el orden interno ecuatoriano debe ser refundado por decisión de los ecuatorianos, los procesos establecidos para hacerlo deben se respetados. De lo contrario se afecta a la propia ciudadanía, se genera incertidumbre en los vecinos, se erosiona la comunidad interamericana y, con el pretexto socialista, se regresa a la versión más contenciosamente tradicional de la relación entre los Estados.
