Una inmensa mayoría de ecuatorianos (entre 70% y 80% según las primeras encuestas) se han pronunciado por el cambio del orden interno en el Estado vecino. Si la elección del Presidente Correa indicaba esa preferencia en noviembre pasado cuando alrededor del 56% eligió un Jefe de Estado que patrocinaba una revolución pacífica, el referéndum que debía facilitarlo ha ampliado el apoyo ciudadano a ese compromiso presidencial.
De esta manera, Ecuador inicia una nueva etapa de transición luego de una década de inestabilidad en la que los presidentes Bucaram, Alarcón, Mahuad, Noboa, Gutiérrez y Palacio fracasaron o no terminaron sus mandatos. Esperamos, por el bien del Ecuador y de la subregión andina, que esta nueva etapa concluya en la estabilidad requerida cuando la nueva constitución que producirá la asamblea correspondiente sea aprobada por otra consulta popular.
Ello debiera implicar el atemperamiento de la fricción interna, la orientación hacia un crecimiento estable y justo y una relación pacífica y de creciente interdependencia con los vecinos. Tal objetivo, sin embargo, no está garantizado si nos atenemos a la forma contenciosa que adquirió la convocatoria al referéndum que buscaba la aprobación de la convocatoria de la Asamblea.
En efecto, si a la luz de la decisión popular y del nuevo liderazgo político, aquél era políticamente imprescindible, la contienda entre el Legislativo, el Tribunal Supremo Electoral (que se tradujo en cuestionables destituciones mutuas) y el apremio del Ejecutivo tradujo lo que debía ser un esfuerzo en busca del consenso nacional en una nueva alteración del Estado de Derecho en el vecino.
La animosidad con que éste hecho se produjo ha generado enconos que ni los partidos de oposición ni el gobierno se han apresurado a deponer. La superación de aquéllos por una convocatoria amplia a una Constituyente cuyos mínimos requisitos electorales (20 años de edad para los candidatos de las circunscripciones provincial y nacional) y un proceso decisorio que no requiere de mayorías calificadas (el 50% más uno) no está, ni de cerca, asegurada.
De otro lado, si el proceso decisorio con que el Estatuto que orientó la convocatoria del referéndum es flexible, éste tampoco asegura que decisiones sobre cuestiones fundamentales recoja realmente el consenso nacional en la nueva constitución.
En efecto, si bien esa flexibilidad asegura que los entrampamientos que padece la Asamblea Constituyente boliviana no se producirán (ésta, habiendo requerido dos tercios del voto constituyente para la aprobación de normas, cambió la disposición a favor de la mayoría simple por decisión oficialista cuando convino al gobierno), las minorías quedarán inermes frente a la orientación política de los seguidores mayoritarios del presidente Correa.
Es más, en tanto la Asamblea ecuatoriana tendrá plenos poderes, la conducción del cambio del orden político interno podría ser comandada por las orientaciones de la gestión política cotidiana. Así, las generalidades de los postulados del "socialismo del siglo XXI" o la convergencia ideológica entre el presidente Correa y el presidente Chávez podrían devenir en probabilidades cuya formalización constitucional, interactuando con la gestión política, produciría resultados influidos por la coyuntura y, eventualmente, no coincidentes con el resto de la región.
Como es evidente, decidir sobre el particular sólo compete a los ecuatorianos (que, además, ya disponen de un texto de referencia). Pero las consecuencias externas de esa decisión, sin embargo, sí concierne a los vecinos del Ecuador. En tanto éstos desean las mejores relaciones fronterizas, un mayor incremento de la interdependencia bilateral y superiores niveles de integración y de estabilidad, la conducción de la política exterior ecuatoriana deberá entonces orientarse a facilitar esos resultados y a prevenir el escalamiento de divergencias sistémicas en los ámbitos vecinal, regional y hemisférico.
Ello requerirá que el gobierno ecuatoriano sostenga, con esfuerzo adicional, los intereses nacionales correspondientes a estos ámbitos. Ciertamente esta observación no proviene de una sugerencia impropia sino de una tendencia constatable: cuando se produce un cambio revolucionario del orden interno de un Estado (una Asamblea Constituyente puede realizarlo pacíficamente) las posibilidades de alteración de los intereses nacionales fundamentales de ese Estado tienden a incrementarse notoriamente.
En consecuencia, si el Ecuador desea relaciones de integración y de buena vecindad con sus vecinos, sus gobernantes podrían reiterar que ése es su propósito. Ello impulsará la reciprocidad correspondiente dentro de un espíritu de cooperación en procura de estabilidad, paz y bienestar compartidos. Ese resultado permitirá gestionar mejor las divergencias que puedan derivar del cambio de orden en el vecino al tiempo de consolidar las imprescindibles convergencias externas que hoy predominan en la relación bilateral.
