20 de abril de 2005
Un encadenamiento de hechos nefastos para el Ecuador ha culminado con la ilegal destitución de un presidente electo. Un golpe de Estado se ha producido en el país vecino que no puede disculparse llamando la atención sobre las irregularidades con las que el presidente Gutiérrez contribuyó a provocarlo. En efecto, el Congreso ecuatoriano ha procedido a la destitución del señor Lucio Gutiérrez reiterando un guión anticonstitucional ya bien aprendido. Según la ley fundamental de 1998, el Presidente del Ecuador sólo puede ser destituido por incapacidad física o mental, como consecuencia de un juicio político o por abandono del cargo. Las otras causales (renuncia o muerte) sólo importan al Jefe de Estado. Nada de esto ha ocurrido en el Ecuador.
Por lo demás, los mecanismos subregionales y hemisféricos de protección colectiva de la democracia representativa tampoco han funcionado a tiempo. La invocación de la Carta Democrática por el Consejo Permanente de la OEA ha ocurrido post facto. Si bien la rapidez con que se han precipitado los hechos en su última etapa no hacía prever una interrupción completa del orden democrático en el vecino, la concentración del poder por el presidente Gutiérrez, la cooptación del Poder Judicial por el Ejecutivo y la instrumentación del Congreso para estos efectos podían haber llamado la atención de las autoridades hemisféricas que debieron advertir al presidente Gutiérrez sobre la consecuencia de sus actos.
Especialmente cuando el mismo Congreso, también a instancias del Ejecutivo, procedió a deshacer lo que ya había convalidado –el impune retorno de Abdalá Bucaram- sin poder disolver sus efectos: la indignación popular en Quito, entre otros lugares, que llevaron al movimiento de masas que la TV propaló a placer.
Si hubieron o no otros agentes en ese movimiento de protesta final no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la desintegración del liderazgo del presidente Gutiérrez sólo retroalimentó la crisis del Estado ecuatoriano desde que Bucaram fue destituido por incapacidad mental en 1997. Desde esa fecha Ecuador ha sido mal gobernado por seis presidentes, ha promulgado una constitución y ha generado dos golpes de Estado (el que echó al señor Mahuad y el actual que ha afectado al señor Gutiérrez).
En lo que hace al liderazgo del Presidente, el cambio de alianzas de gobierno pasando de la filiación con organizaciones emergentes como los movimientos indigentistas (la CONAIE y el movimiento Pachacutik) a la vinculación con el contrincante electoral (el señor Novoa) y el partido que albergó a un expresidente tan excéntrico como corrupto (el señor Bucaram y su Partido Roldosista), reveló serios problemas de conducción en la administración Gutiérrez.
A ello debe agregarse la burla de las expectativas del electorado de un gobernante que prometió luchar contra la corrupción y aplicar políticas económicas que satisfacieran las necesidades básicas de la población para terminar aliado con un exponente de la corrupción oficial y aplicando políticas ortodoxas que, si bien fueron sensatas a la luz de los resultados macroecnómicos, añadieron a la falta de beneficio inmediato de las mayorías la sensación de traición. En un país con un nivel de exclusión del 65% ello fue lapidatorio.
Por lo demás, el señor Gutiérrez no fue precisamente un adalid del entendimiento intrapartidario. Preocupado por obtener un mayoría en el Congreso que no tenía originalmente, prefirió desligarse de los “partidos tradicionales” con maniobras que éstos percibieron no sólo como orientadas a su postergación sino a su abierta hostilización. Ello quedó en evidencia desde que el inicio de la gestión gubernamental cuando los “partidos tradicionales” fueron –o se sintieron- postergados de la convocatoria inicial de un acuerdo nacional siguiendo quizás la experiencia peruana. A limpiar esa imagen “antipartidista” no contribuyeron las simpatías chavistas del señor Gutiérrez.
Como resultado tenemos un escenario en que el Vicepresidente alejado juramenta hoy un cargo que los hechos le imponen y pretenderá dirigir un Estado desinstitucionalizado y de cuestionable viabilidad. Su capacidad de interlocución se verá mermada en la relación con los vecinos andinos y la comunidad internacional.
Por lo demás, la inestabilidad interna del Ecuador, aunada a la boliviana, tenderá a consolidar en la percepción ajena y propia la sensación de que efectivamente nos encontramos en la subregión más inestable de América y que no estamos haciendo mucho por cambiar esa realidad.
Para corregir de alguna manera esa percepción, que ya va pareciendo una condición estructural, los países que pueden dar muestra de solvencia política y económica deben procurar aplicar la Carta Democrática para fortalecer al Estado ecuatoriano -y para sancionar a su gobierno se hubiera razón-, vigorizar sus instituciones y convocar a la cohesión nacional. Es más, los gobiernos suramericanos y andinos –tan preocupados de la arquitectura regional- deben llamar la atención a aquellos gobiernos y organizaciones que estimulan fuerzas de fragmentación en la región y dentro de sus propios Estados como en el caso del señor Chávez en Venezuela y del señor Morales en Bolivia.
Por lo demás, el Perú, aun en el improbable caso de que el gobierno del Ecuador fuera sancionado, debe mantener con ese país la más amplia y fluida comunicación. Nuestra relación, a la luz de los tratados de paz 1998 y de la creciente integración bilateral no puede arriesgarse más de lo que lo ya han logrado las inconsistencias institucionales y de liderazgo del vecino.
