El Brasil, una de las potencias emergentes por excelencia y cuya economía representa el 60% de la producción suramericana, ha sido atrapado por una poderosa ola de malestar social, el descrédito del liderazgo político y una situación económica cuyo remedio produciría una contracción este año de -0.6% (-1.7% según el FMI).
Esta es la lamentable realidad de la mayor potencia regional luego de transcurridos apenas tres meses de la inauguración del segundo mandato de la Presidenta Rousseff y cinco desde su reelección.
La letal interacción de un programa de ajuste a cargo del neoliberal ministro de Hacienda Joaquim Levy, el impacto político-judicial del escándalo de corrupción de la empresa insignia brasileña y el inmenso disgusto de las clases medias a las que se suman los estratos más empobrecidas que votaron por la Sra. Rousseff (cuando ésta prometía apoyos económicos en lugar de los sacrificios que se venían), ha explotado con resultados que algunos insinuamos en el 2013.
Así lo evidencian las manifestaciones de protestas de dos millones de personas en casi todo el país hartas, además, del mayor deterioro de los servicios básicos que sustentaron las protestas de hace dos años (pero especialmente de la carencia de agua en el sur cuando Brasil cuenta con uno de los mayores acuíferos del mundo); el fuerte debilitamiento de la alianza oficialista PT-PMDB a propósito de la imputación de los presidentes de las cámaras de Senadores y de Diputados (PMDB) como beneficiarios eventuales de la desviación de parte del 3% de los gastos de Petrobras destinados a los bolsillos de políticos y empresarios cercanos; y el aumento de impuestos, el recorte del gasto público, el incremento de la inflación (más del 7%) y una deseperanzada recuperación para el próximo año que no superaría el 1% (FMI).
A ello debe sumarse la primera crisis de gabinete del actual gobierno (la renuncia del ministro de Educación Cid Gomes que acusó a ciertos miembros del Congreso de “chantajistas” por condicionar su apoyo, lo que puede tener consecuencias mayores), los reclamos de cuotas de poder del PMDB (para compensar por lo que éste percibe como marginación en el proceso decisorio) y el silencio que guarda hasta ahora el expresidente Luis Inacio Lula da Silva a quien “Dilma” debe su reelección.
Entre esta suma de males destaca la extraordinaria caída de la aprobación de la gestión de la Presidenta. Según Datafolha, ésta es de apenas 13% luego de haber ganado las elecciones con 51.3% de los votos. Peor aún, el 62% de los encuestados considera que su gestión es “pésima” y 24% que es “regular”.
Por lo demás, a pesar de que la Presidenta exclama que “se debe escuchar a la calle”, ella afirma que continuará con las medidas de ajuste, aunque éstas podrían ser menores a lo necesario si nos guiamos por su diagnóstico de hace una semana. En ese momento la Sra. Rousseff atribuyó a la crisis internacional la exclusiva responsabilidad de la situación actual sin decir una palabra sobre la corrupción (aunque el 16 de marzo anunciara un paquete de medidas al respecto) ni sobre las deficiencias de su propia gestión.
A esta situación de fuerte inestabilidad se suma el creciente reclamo de destitución de la Presidenta (hoy poco factible pero no imposible) basado en la sospecha de que ella estuvo al tanto de los hechos de corrupción en Petrobras cuando fue ministra de Energía durante el gobierno de Lula y cuando una persona cercana a ella, la renunciante Graca Foster, fue directora general de esa empresa. Por lo demás, el propio Tesorero del PT se encuentra entre los acusados en el escándalo complicando aún más el entorno de Lula y de la Presidenta.
Para darnos una idea cuantitativa de la magnitud de la crisis, aunque en un escenario extremo, sólo el escándalo de Petrobras podría costarle a Brasil 5% de su PBI, según Moody’s, si la fuerte pérdida de valor de la empresa obligara a un salvataje (Gestión). Y si esa situación llevase de la mano una degradación crediticia del Brasil (situación que no podemos predecir), ciertamente ello afectaría el nivel del riesgo regional crediticio que ya se encuentra en 528 puntos básicos (vs los 185 puntos básicos del Perú) (BCR).
Sin embargo, si ello no ocurriese, la degradación de la imagen del Brasil y el deterioro de su status como potencia emergente no golpeará sólo a los BRICS (Suráfrica y Rusia, especialmente, ya están bastante castigados) sino a la percepción externa de la región como destino de inversiones cuyo escenario estratégico regional se hundirá aún más.
Ello, sin embargo, sólo agregaría lastre a una situación regional ya deteriorada (Suramérica es la región que menos crecerá este año en patética tendencia que implica una perfomance menor a la de los convulsionados Medio Oriente y África Subsahariana –FMI-). Por lo demás, el requerimiento local de que los terceros distingan entre la calidad económica de los distintos miembros suramericanos será bastante menos efectiva que en tiempos en que el crecimiento de estos países era excepcional (el caso del Perú, que crecía al 7%).
El escenario se agrava frente al incremento de salida de capitales que experimentará la región cuando el FED empiece a subir este año sus tasas de interés y China tenga dificultades con alcanzar el 7% de crecimiento anunciado (un factor ya considerado como riesgo). Si esta fenomenología está más allá de lo que Brasil pueda hacer, el impacto se sentirá en el área con la primera potencia regional por delante.
Ese escenario externo, complicado adicionalmente por la volatilidad cambiaria y las perfomances asincrónicas de los países desarrollados, no implica que el deterioro de la situación brasileña no tenga impacto específico en la región. Ese impacto ya se produce aunque de manera bien desigual desfavoreciendo a los países del MERCOSUR (especialmente a Argentina, Uruguay y Paraguay con los que la economía brasileña está más correlacionada –FMI-).
Ello ocurre menos con los países andinos que exportan a Brasil en conjunto alrededor del 3% del total de sus colocaciones globales (IMF), salvo Bolivia que vende la mayoría de su principal oferta exportadora -gas- a Brasil.
En ese marco disminuido, el Perú, que vende al Brasil sólo alrededor del 4% de sus exportaciones y ubica a ese país como 5º destino comercial, no debiera estar muy preocupado. Pero en un contexto de fuerte caída de precios de commodities (que dominan las ventas peruanas al Brasil) y de la demanda agregada externa, un eventual deterioro de las ventas peruanas a ese país se sumaría a las que ya genera Ecuador con la reiteración de su política de imposición de medidas de salvaguardia. Si este fenómeno se extiende, los niveles del débil comercio intrarregional bajarán todavía más perjudicando el bienestar de los consumidores suramericanos y el status de sus países.
Es evidente, entonces, que al Perú le interesa que el Brasil pueda salir de su crisis económica lo más pronto posible y que sus empresas, tan ligadas acá a muy importantes obras de infraestructura, aseguren pautas de comportamiento bien distintas a las que algunas de sus matrices practicaron hasta hace poco.
