La relación entre ciencia y política es una “realidad histórica” que la política ha sabido aprovechar mejor que la ciencia. Y cuando la ciencia ha querido hacer política para dar a conocer sus conclusiones de manera influyente, muchas veces los resultados no sólo no han sido buenos sino que han sido eventualmente descalificadores para la ciencia.
Esto es lo que ha ocurrido, en no escasa medida, con las denominadas ciencias ambientales cuando, en su afán de llamar la atención sobre un peligro real, han divulgado proyecciones catastróficas sea por cuenta propia sea a través de activistas muchas veces radicales. El sobredimensionamiento del riesgo ecológico por los activistas ambientales no sólo le ha generado a la disciplina ecológica pérdida de credibilidad pública sino que la tendencia social a la autoprotección (no ver, no oir, no hacer) ha impedido que el mensaje llegue a destino. A su vez, ese doble obstáculo antiecológico ha sido bien aprovechado por agentes políticos y económicos afectados por la alerta científica fortaleciendo, por tanto, el statu quo y la pasividad.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente, ello debiera concluir a partir de hoy cuando de la propuesta debiéramos pasar a la acción a propósito de las conclusiones sobre el calentamiento global publicadas por el panel de científicos que, en el marco de la ONU, siguen el problema desde 1988.
Como es de conocimiento público (en buena cuenta estimulado por happenings ambientalistas como los apagones suscitados en múltiples capitales para llamar la atención), este grupo de científicos ha considerado de manera “inequívoca” que el calentamiento global efectivamente existe y que éste se origina “muy probablemente” menos en la naturaleza que en la “causa humana”.
La consecuencias de esta certeza (que, según el índice de los miembros del panel, es superior al 90%) se expresaría, según ellos, en elevamiento de la temperatura global en rangos que pueden ser restringidos (entre 1.8 y 4 grados Celsius) o más amplios (entre 1.1 y 6.4 grados Celsius). El resultado de no hacer nada supondría un incremento del nivel de los mares de entre 28 y 43 cms. en el primer caso en un plazo de 50 años y de hasta de 7 metros, en el segundo en el muy largo plazo. Ello vendrá acompañado del incremento sustantivo de lluvias en zonas altas y de sequías e inundaciones en las zonas bajas.
Como es de conocimiento público, este reporte sucede a otros (como el reciente informe Stern producido en el Reino Unido) y a llamados de atención que dentro y fuera de la ONU se han venido produciendo desde la década de los 60 del siglo pasado.
Si en el peor escenario de incredulidad, la prevención al respecto debiera ser la actitud colectiva más razonable, la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático de 1992 brinda el foro apropiado y el protocolo de Kyoto de 1997, que perfecciona instrumentalmente a la Convención Marco, señala el curso de acción (aunque las metas de reducción de emisiones que contribuyen al calentamiento global hayan sido puestas en cuestión por algunos de los suscriptores de Kyoto y por potencias que no lo son, como Estados Unidos).
Sin embargo, sobre este punto no sólo hay discusión entre quién reduce más y a qué costo (los países industrializados) sino sobre el rol de los que, en general, no reducen emisiones (los países en desarrollo). En este último caso las prioridades se concentran más bien en el logro del desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza.
En lo que respecta al Perú, ésta es la posición que sustenta la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAM). Si, con matices, ésta fuera la posición de todos los países en desarrollo la contribución de éstos a minimizar los efectos del calentamiento global o adaptarse a sus consecuencias, no sólo no será más ineficiente de lo ya es sino que generará muy poca influencia en los contaminadores de mayor escala para inducirlos a asumir sus responsabilidades.
En efecto, una posición tan pasiva como la que señala CONAM no sólo no contribuye a que el Perú asuma el rol en el ámbito de la seguridad colectiva y de la gobernabilidad global que le corresponde, sino que deja por fuera el trato de problemas que, teniendo proyección global, son suficientemente específicos como para actuar decisivamente sobre ellos.
Enumeremos sólo tres: el narcotráfico (que genera contaminación y deforestación no sólo por el uso de insumos sino por el desborde las plantaciones de coca que empobrecen la tierra extrayéndole nutrientes), la deforestación (que elimina de la cuenca amazónica la capacidad de producción de oxígeno y que, con la extraordinaria proliferación de incendios, emite gases de efecto invernadero en cantidades abrumadoras) o las migraciones internas (que incrementan en las grandes ciudades la demanda empleo contaminante y generan actividades económicas nocivas al tiempo que incrementan la presión sobre los recursos para satisfacer necesidades básicas). A ellos podría agregarse la disposición a vender “derechos de contaminación” en un nuevo mercado en el que si los contaminadores adquieren los derechos de los que no contaminan terminarán contaminando más, como parece evidente (aunque la lógica del mercado no es siempre evidente).
Países “de mediano desarrollo” como el Perú ciertamente pueden contribuir a atenuar los problemas del calentamiento global. Y si, por su incipiente industria y capacidad de consumo, su participación en este empeño fuera insignificante, pues por lo menos sus gobiernos estarán sirviendo mejor a sus ciudadanos y adquirirán mayor influencia para afrontar colectivamente este problema global. La política acá ciertamente puede hacer mejor uso de la ciencia.
