La renuncia del Canciller Roncagliolo se produce en un contexto de cambio del ciclo económico internacional, de deterioro de la legitimidad del UNASUR y a pocos meses del pronunciamiento de la sentencia que debe solucionar la controversia marítima con Chile.
Entre estos escenarios el último ha comandado las prioridades de Cancillería mediante una gestión de continuidad. Así, la fase oral del proceso, a cargo de representantes de la más alta competencia, culminó en cotas superiores de calidad.
Ello consolidó la confianza pública en esa gestión. Pero no en las demás. La confianza en la gestión del Canciller terminó disolviéndose en el manejo de la reciente crisis diplomática con Ecuador y de la crisis política en Venezuela culminando una serie de errores puntuales (desde la mala evaluación del rol de Estados Unidos hasta el incidente de la fragata británica).
En el ámbito bilateral la prioridad de la relación con Chile se midió en términos de preparación del escenario en que se dará la sentencia y de la agenda post-Haya. Su mejor expresión se constató con la recuperación de ese foro estratégico bilateral que es el 2+2.
Pero a ese ámbito no corresponde plenamente el incremento de la relación económica con ese país ni con los demás en tanto el Canciller hizo abandono del área de promoción comercial (una competencia tradicional) para entregarla de manera desordenada al Mincetur.
Con ello se rebajó aún más la gestión económica de Cancillería cuando el Perú requiere de mayor influencia en foros relevantes (cuestión diferente a ser sede de reuniones) en tiempos de crisis sistémica que cambia los términos de inserción y de crecimiento del país.
La aversión económica en la gestión se expresó en el hecho de que a las negociaciones de integración mayores (el acuerdo transpacífico y la Alianza del Pacífico) la Cancillería concurriera con un perfil menor.
Ello no fue compensado por la preferencia política en el enfoque de la integración porque se la confundió con el consenso. Su inconsistencia impidió que se tomaran nuevas iniciativas relevantes en el área y su irracionalidad en un escenario fracturado terminó avalando un fraude electoral en Venezuela y la deposición de la defensa colectiva de la democracia sin que fuera evidente cuál es el interés superior que ameritara ese abandono.
Estos defectos deben ser corregidos.
