19 de agosto de 2005
La visita oficial del Secretario de Defensa Donald Rumsfeld al Perú no ha sido sólo un gesto diplomático de los Estados Unidos ni supone un ofrecimiento de entendimiento mayor en el área de seguridad. Pero sí expresa una preocupación singular norteamericana por la región (se trata de la cuarta visita a Latinoamérica del Secretario del DoD) manifiesta en el requerimiento de mayor cooperación para confrontar amenazas a la estabilidad democrática de nuestros países y al desafío del narcotráfico y del narcoterrorismo.
El hecho de que la visita no concluyera en una propuesta concreta de asociación o de mayor ofrecimiento de asistencia de seguridad no impide considerar que ésta, por su carácter estimulador y sistemático (salvo por Venezuela y Uruguay, el señor Rumsfeld culmina en el Perú y Paraguay un periplo suramericano iniciado en el 2002), efectivamente expresa un interés norteamericano que enfatiza la acción en su dimensión colectiva antes que el mero diagnóstico de potencial inviabilidad implícito, para el caso andino, en la Estrategia de Seguridad Nacional norteamericana de ese mismo año.
Esta conclusión sugiere que, a pesar de que en el marco de la OEA el momento para la redefinición de la seguridad colectiva hemisférica puede no estar maduro, las específicas acciones de seguridad que se discuten en las conferencias regionales de ministros de defensa pueden pasar a la fase de ejecución en ámbitos más restringidos. Ello implica que, aunque la falta de consenso para la conformación de un nuevo régimen interamericano de seguridad colectiva se haya incrementado (especialmente por la radicalización de la posición venezolana), mecanismos concretos de seguridad sí pueden activarse en acápites específicos como la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo y, quizás en menor medida, en el combate de la pobreza y de otras fuerzas fragmentadoras en tanto constituyen serios factores de inestabilidad.
En nuestra perspectiva, el supuesto nacional de este planteamiento debe consistir en que la aspiración a mayor autonomía regional en la relación con Estados Unidos se fortalecerá en proporción directa a la disposición a cooperar con la superpotencia en tanto ese vínculo importa la disminución o la supresión de las amenazas comunes (que, en este caso, tienen predominante carácter global). Dicho de otro modo, la mayor disposición nacional a cooperar con Estados Unidos supondrá para nuestros países ganancias de poder en tanto ayudará sustancialmente a derrotar al enemigo (los agentes del narcotráfico y el narcoterrorismo) y, por consiguiente, a incrementar la estabilidad nacional. Aunque no se haya expresado así en el Perú, éste es el enfoque que permite considerar mejor la oportunidad que ofrece la visita del Secretario de Defensa norteamericano.
Par lograrlo, nuestra primera reacción debiera ser menos la de reclamar mayor asistencia a la luz de la que se presta a Colombia (el Plan Colombia) y más bien la de indagar sobre formas y vías de intensificación de nuestra cooperación con ese Estado para ayudarlo a derrotar a la fuerzas del narcoterrorismo allá para evitar tener que enfrentarlas acá.
Ello también supone el incremento de la lucha contra el narcotráfico en nuestro territorio haciendo adecuado uso de los instrumentos de interdicción y de erradicación hoy debilitados para privilegiar los de prevención y desarrollo alternativo. En el ámbito andino esa opción asume el incremento de la disposición a emplear instrumentos coactivos en planes que hoy privilegian sólo variables supuestamente desarrollistas. En este acápite, la misma actitud podría adoptarse en la lucha antiterrorista.
De otro lado, la cohesión regional para la cooperación con Estados Unidos requiere que el Perú, los socios andinos y suramericanos, tomen en serio la función disociadora del régimen venezolano en el campo de seguridad teniendo en cuenta la manifiesta divergencia de la opción estratégica de ese Estado. Si Venezuela hoy privilegia la relación con Cuba sobre la asociación con Estados Unidos cuando tres países andinos negocian un acuerdo de libre comercio con la primera potencia cuyos fundamentos son de seguridad, es evidente que la Comunidad Andina tiene un serio problema de cohesión en la interacción externa. Y también de cohesión interna cuando el régimen chavista propone principios y valores (la asociación con una dictadura, la subyugación de las categorías de la democracia representativa, una definición socialista del régimen económico) y visiones divergentes de integración subregional que cuestionan los libremente comprometidos por el resto de países.
Si la vocación disfuncional de Venezuela agrega, además, una vertiente de inseguridad hemisférica (la asociación extraegional con potencias que pretenden adquirir material y armas nucleares) y una andina derivada de la intensa sospecha de su vinculación con movimientos desestabilizadores de los socios subregionales, es claro que la Comunidad está siendo quebrada y que sus socios deben, por lo menos, evaluar el problema.
De otro lado, los planteamientos norteamericanos para que el Perú revise su posición en torno a la cancelación del fuero de la Corte Penal Internacional (art. 98 del Estatuto de Roma) ciertamente son contenciosos. Pero éstos deben ser evaluados teniendo en cuenta el carácter no conminatorio con que han sido planteados. El Perú podrá estudiar el caso, pero debe mantener sus principios en este acápite. Por lo demás, cualquier presión al respecto podrá minimizarse teniendo en cuenta que la Resolución 1442 del Consejo de Seguridad de la ONU permite que los Estados que aporten tropas a operaciones bajo el capítulo VII de la Carta (mantenimiento de la paz, etc) no están sometidos necesariamente al Estatuto por períodos renovables de un año.
Aunque no haya habido propuestas concretas, la visita del Secretario de Estado norteamericano abre al Perú posibilidades de una mayor cooperación de seguridad con Estados Unidos. La oportunidad de atenuar la intensidad de amenazas no convencionales en nuestro país y de incrementar poder y seguridad nacionales en el proceso no debe desperdiciarse.
