Conforme Venezuela progresa en el infierno de los Estados fallidos la amenaza totalitaria se materializa en sus vecinos.
En efecto, su versión migratoria, que marca el inicio de otros procesos desestabilizadores, ya obliga a los gobiernos de Colombia, Ecuador, Brasil y Perú a adoptar medidas de mayor control de migrantes –en realidad, refugiados- por temor al desborde anárquico. Como correlato, el sentimiento de solidaridad popular con los ciudadanos venezolanos se debilita y afloran algunos signos de rechazo en estos países (y hasta de violencia, como en Brasil).
Ello muestra los límites de nuestra capacidad de absorción de extranjeros desesperados y la incapacidad de nuestros gobiernos de plantear soluciones efectivas a la amenaza que fluye desde Caracas.
Tal impotencia, sin embargo, es general abarcando escenarios regionales (la OEA) y globales (la ONU) los que, dando cara al problema de seguridad no logran concertar la respuesta correspondiente.
Ello es aún más grave porque la hora de la respuesta (quizás coactiva) ya se vence mientras que se agotan las alternativas benignas de la diplomacia.
En efecto, ¿qué se hace cuando un gobierno (en este caso una dictadura) no responde a los códigos diplomáticos que implican degradación de la relación bilateral (el retiro de embajadores p.e.) y de la multilateral (los llamados al diálogo por organismos como UNASUR, la OEA o el Grupo de Lima), o cuando las declaraciones extra-regionales de condena emitidas por instancias internacionales de prestigio (el Parlamento Europeo) no penetran el cuero dictatorial.
Es más, ¿qué hacer cuando las sanciones selectivas a agentes de la dictadura por la primera potencia no surten efectos decisivos; o cuando el máximo organismo regional apenas puede acordar considerar la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela cuando ésta anuncia su retiro de la OEA; o cuando el Consejo de Seguridad de la ONU sólo puede reunirse informalmente para evaluar el problema venezolano sin emitir ninguna resolución al respecto?.
Y si se quisiera argumentar que el apoyo del ALBA y de los países del Caribe a Venezuela ha decaído por crisis internas (Nicaragua) o por pérdida de apoyos petroleros, ¿qué hacer cuando Venezuela fue electa al Consejo de Seguridad con 181 votos a favor cuando el dictador era sólo un autócrata?.
Frente a esta situación la afirmación del Grupo de Lima de que la crisis venezolana sólo puede ser resuelta por venezolanos debe interpretarse de una manera que no sea la del diálogo mesero o la de la gran manifestación que sólo produce represión.
Alternativamente, a la luz de la inmensa crisis humanitaria, el Consejo de Seguridad de la ONU podría considerar una intervención en el marco del aceptado principio de Responsabilidad de Proteger (que tiene precedentes pero cuyo riesgo es alto) o que el dictador sea llevado a la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad (para lo cual hay prontuario).
La hora de las protestas diplomáticas ha pasado en Venezuela. Torre Tagle debe saberlo.
