En momentos en que están en juego condiciones básicas de sobrevivencia ciudadana y esfuerzos para impedir que la economía nacional termine absorbida por una crisis sistémica sin precedentes en un siglo, el Canciller acaba de esclarecer los lineamientos de política exterior ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.
El contexto y la sustancia de la presentación debió haber versado, entonces, sobe una agenda de intereses nacionales primarios convocantes de solidaridad y unidad nacionales.
Pero un sorpresivo segundo punto –el Acuerdo de Escazú, cuya prioridad está lejos de corresponder a las circunstancias y que distrajo la atención sobre la seriedad de la materia a tratar- fue presentado para su aprobación por el Congreso luego de una larga descripción de su marco jurídico pero no de su conveniencia.
A falta de explicaciones sobre la urgencia que este cuestionado instrumento podría tener, se hizo más evidente la falta de tacto político de las autoridades y dio lugar a interrogantes sobre las razones que motivaron la presentación de este acápite: ¿presión externa o interna de agentes financieros, ambientalistas u otros desconocidos, simple exceso de inercia burocrática para apurar la aprobación de un tratado de muy discutible contenido o alteraciones perceptivas sobre las prioridades nacionales? Al respecto, la desinformación reina.
Lamentablemente, la Comisión del Congreso no sólo aprobó el trato de esa agenda asimétrica y, en el proceso, concentró buena parte de su atención en el mencionado acuerdo marginando la más seria evaluación que merecían los lineamientos de política exterior presentados y cuyo origen es la catastrófica crisis que afrontamos.
Tamaño desacierto indica que miembros del Ejecutivo y del Legislativo tienen serios problemas para evaluar y tratar el interés nacional en una hora aciaga y que el consenso que se busca para la aprobación del cuestionable acuerdo no tiene conformidad plena en la propia Cancillería.
Esto es tan cierto como la negativa del ex-ministro Meza-Cuadra, a quien el nuevo Canciller reemplaza, a considerar la aprobación de un acuerdo que, según sus propias declaraciones, crea obligaciones innecesarias para el país (involucra un fuero externo en caso de que ambientalistas de cualquier origen otorguen a un eventual reclamo un carácter humanitario judicializable), que son además reiterativas porque el Perú ha suscrito acuerdos internacionales vinculantes sobre medio ambiente y que la ley nacional ya permite, bajo el fuero nacional, los derechos a la información que el acuerdo internacionaliza (Expreso y otros).
El Canciller López no sólo no se ha referido a la opinión de su inmediato antecesor sino que tampoco ha hecho alusión a la falta de consenso intrainstitucional que esa opinión implica mientras sometía el acuerdo al consenso del Congreso.
Tal contradicción y apresuramiento deben explicarse.
Como debe explicarse además por qué el Perú debería firmar un tratado que confunde lo multilateral con lo trasnacional, que obliga a entregar información ambiental de manera imponderada, a procurar la participación en decisiones estatales en áreas sensible a agentes de cualquier naturaleza sin precisión alguna de su origen o calidad y a proteger a ambientalistas como si fueran defensores de derechos humanos. Y que, además, expone al Estado a que cualquiera de esos agentes pudiera llevar al Perú a un procesos de solución de controversia arbitrales (y si éstos lograran el concurso de su Estado de origen, hasta a la Corte de La Haya en asuntos que pueden superar los márgenes de la simple interpretación).
Nada de esto esclareció el Canciller en el Congreso. Como tampoco los riesgos vinculados al acceso de terceros al patrimonio nacional como pueden ser los códigos genéticos de numerosas especies de nuestra Amazonía, el conocimiento, sin compromiso de inversión, de reservas de productos básicos (especialmente mineros e ictiológicos) o el incremento de la capacidad de presión de organizaciones ambientalistas antimineras o la de agentes ilegales que proliferan en nuestra Amazonía y en nuestro territorio minero (territorio que ni siquiera es adecuadamente protegido por el acuerdo que solo hace referencia a la soberanía sobre los recursos).
Como si el Perú no padeciera la amenaza directa al establecimiento del Estado de Derecho en zonas que no tiene bajo control adecuado (y que le son disputadas por actores legales –algunas ONGs- o ilegales -grupos terroristas, narcotraficantes, mineros informales o ilegales taladores de bosques-), se apura la discusión y aprobación de un tratado que, para colmo, ha sido suscrito admitiendo la prohibición de reservas que el tratado establece.
De otro lado, al tiempo que se obvia el hecho de que estas materias ya están mejor normadas en la ley nacional y en acuerdos internacionales suscritos con mejor criterio, la Cancillería prefiere olvidar también la necesidad de suscribir acuerdos de mucha mayor y vital importancia como la Convención del Mar. Esta omisión ocurre en circunstancias en que una flota de alrededor de 250 buques pesqueros chinos se interpone, de manera reiterada, entre la zona económica exclusiva del territorio continental ecuatoriano y la que corresponde a las islas Galápagos y que mañana podrían derivar hacia aguas peruanas.
Al respecto debe recordarse que el Perú tiene una política de captura de embarcaciones que realizan faenas de pesca sin la autorización respectiva en nuestro denominado “dominio marítimo” (un ejemplo relevante es la captura de embarcaciones de la flota Onassis en 1954 en operación que mereció la solidaridad de Ecuador y Chile en base a la Declaración de Santiago que estableció la política marítima conjunta de defensa de las 200 millas). Esa política se enmarca hoy en la Convención del Mar que el Perú, sin embargo, no ha suscrito.
Al tanto de este alarmante incidente de seguridad, nuestra Cancillería prefiere volver a ignorar la necesidad de adherirse a tan importante instrumento internacional prefiriendo tratar un acuerdo que no debió firmarse como está.
Y ni siquiera da cuenta de que, al parecer, las altas instancias de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (que integran Perú, Ecuador, Colombia y Chile) ya ha expresado su respaldo al Ecuador. Esa expresión colectiva de solidaridad con el Ecuador –que es también un acto de defensa de nuestro mar territorial y zona económica exclusiva- no ha sido expresada aún al nivel de cancilleres –o así lo parece- en necesario respaldo al vecino amenazado, ni se ha elevado protesta alguna contra el agresor: China.
El efecto de tal omisión es el nuevo desmerecimiento de la trascendencia global y nacional de la Convemar a la que los jueces que dirimieron nuestro límite marítimo con Chile prestaron especial atención distinguiendo entre quien la había suscrito (Chile) y quien sólo decía que se comportaba bajo sus términos (la referencia al “dominio marítimo”). Sobre el particular, la Corte tomó nota del dicho peruano de manera contrastada con el hecho de que Chile era un suscriptor pleno. Esa situación debió pesar en la aproximación psicológica de los jueces de la Corte al sentenciar de la manera cómo lo hizo.
A pesar de ello, el Canciller prefirió postergar una vez más esta materia que corresponde a un interés nacional primario (y que, al revés del acuerdo de Escazú, sí tiene el consenso interno de Torre Tagle) para distraernos, en estos momentos cruciales, en un tratado inconveniente, riesgoso y desprovisto de urgencia y prioridad.
