El llamado a la insurgencia dirigido por un gobernante a organizaciones sociales que actúan en otro Estado obviamente no deja de serlo por el hecho de que esa acción se realice rutinariamente. El vicepresidente boliviano Álvaro García Linera no lo entiende así cuando reconoce el mensaje que, con contenido subversivo, el presidente Evo Morales dirigió a la cumbre de organizaciones indígenas celebrada en Puno.
En esa oportunidad el vocero del presidente boliviano, luego de alentar a los movimientos indígenas a tomar el poder leyó: “Éste es el momento para que todos sepan que nuestra lucha no termina, que de la resistencia pasamos a la rebelión y de la rebelión a la revolución. Éste es el momento de la segunda y definitiva independencia”.
La disposición insurreccional de esa arenga no deja dudas. Aquélla se multiplica por el carácter del destinatario y el escenario de la reunión (Puno, donde los llamados a la mutación del Estado se hacen al margen de la Constitución). Y se agrava más si se produce en circunstancias en que parte de las organizaciones en cuestión confrontaban al gobierno con las consecuencias conocidas.
Este acto de violenta injerencia no puede ser pasado por alto. Menos aún cuando forma parte del escenario de beligerancia que se ha producido en la Amazonía generando evidente inseguridad nacional.
Por lo demás, miembros del partido oficialista boliviano (el MAS) que presiden la Comisión Especial de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados de Bolivia acaban de reiterar que su objetivo es proyectarse regionalmente para acabar con el “modelo neoliberal” en los Estados done éste impera.
Tal disposición subversiva no puede alegar la protección soberana del Estado del que proviene. Y menos cuando quien la expresa considera que el movimiento indígena tiene dimensión transnacional. Si ese movimiento es considerado como “una sola familia” que actúa sin respetar fronteras, mal pueden sus tutores preocuparse por principios jurídicos como el de la no intervención que, en cambio, sus representantes sí alegan para confrontar cualquier crítica o para oponerse a acuerdos de libre comercio.
Lamentablemente esa actitud no se restrinje a la opinión de un dirigente político. Ella permea la política exterior boliviana desde que ésta se proyecta como la “diplomacia de los pueblos”. Si por definición, ésta cuestiona el rol del Estado en la formulación y conducción de la misma y, por tanto, diluye la noción de interés nacional convencional, lo que emerge es una especie de interés social que la motiva. Y éste es el del movimiento que dirige el presidente Morales cuya identidad no puede desligarse del sindicalista Morales.
Por lo demás, este fenómeno encuentra amparo en la definición plurinacional del Estado boliviano que, en gruesa contradicción, reconoce la Constitución de ese país.
Desaparecida la Guerra Fría, la dirigencia boliviana quiere ir hoy más allá de la lucha de clases y promover el conflicto étnico mediante su política exterior. Ello atenta contra la seguridad regional. Especialmente si encuentra los aliados conocidos. Nuestras autoridades deben denunciar esta peligrosa situación en los foros pertinentes.
