15 de marzo de 2005
La proliferación de nuevas racionalidades que fundamentan la organización de nuevos partidos políticos es ya una tradición contemporánea. Entre la evolución de los parámetros generales preexistentes (de capitalismo/anticapitalismo hacia los de globalización/ antiglobalización) y la formación de coaliciones ad hoc para ganar elecciones ha aparecido en la última década un universo de motivaciones para la organización partidaria. Entre ellas se encuentran la de la “identidad” (nacional o étnica) y la de actividades que son reclamadas como propias (p.e. los cultivos tradicionales). A esa variante huntingtoniana de la política interna en países como los nuestros se adscriben los movimientos cocaleros que, como el MAS boliviano, desean ingresar a la política formal de sus vecinos. Dos cuestiones generales llaman la atención sobre este tipo de movimientos. La primera es su predisposición a adjudicarse la representación de un género (en este caso, el de la “raza indígena”). La segunda, concierne a su tendencia a otorgar legitimidad democrática a una actividad ilegal (la siembra de coca ilícita irremdediablemente ligada al narcotráfico).
La primera pretensión es en el mejor de los casos una aspiración sobredimensionada y de peligrosa generalización. De ella se concluye además que si la condición racial es motivo suficiente para definir la organización partidaria nos encontramos frente a la oficialización del racismo en el ámbito de la democracia liberal.
¿Puede la democracia tolerar estas formas de representación que atentan contra derechos esenciales como la no disrciminación racial? Y si es posible formar partidos “indigenistas” e inscribirlos legalmente ¿podrían hacer lo mismo organizaciones de negros, amarillos, arios, eslavos, judíos y hasta de las diversas tipologías mestizas, convirtiendo a la democracia en una contienda a ser definida según la condición “étnica” antes que según las ideas, propuestas e intereses de sectores políticamente organizados?.
La respuesta debiera ser negativa en ambos casos por razones sociales y de seguridad en tanto la defensa política de la “identidad” –cuestión muy distinta a la de otras generalizaciones, como la de “clase”, que son de carácter funcional- puede ser en este caso la receta perfecta para la destrucción del tejido social, la cancelación del sustento nacional del Estado y la generación de un nuevo tipo de fundamentalismo. Quienes dentro del país y fuera de él –incluyendo a los Estados Unidos- crean que el auspicio de partidos “indígenas” es una forma de mejorar la calidad democrática de un Estado y de promover la inclusión social están creando un problema mayor del que suponen estar resolviendo (el racismo estructural).
Por lo demás, las organizaciones que pretenden la representación de un género tienden a hacerlo de manera omnímoda disputando a otros la representación étnica sin ser tener ellos las caracterísiticas que propugnan. Al respecto basta mirar la subregión andina para constatar esa realidad. Al hacerlo se convendrá que el término partido o movimiento “indigenista” es en esta parte del mundo en extremo laxo y abusivo. En efecto, ni la CONAIE ecuatoriana (el movimiento “indigenista” mejor organizado de la subregión”) ni los movimientos Pachacutik en Ecuador y Bolivia congregan sólo a “indígenas” y sin embargo se adjudican su exclusiva representación. No sólo su militancia es abundamente mestiza, sino que sus líderes llevan nombres castellanos, hablan español y se organizan en instituciones políticas de claro origen occidental.
Una segunda observación sobre este tipo de movimientos, decíamos, radica en su pretensión de otorgar legitimidad democrática a una actividad ilegal como es el cultivo de la coca ilícita que se reclama ligada a su “tradición”. El MAS boliviano es el proptotipo de esta procilividad. Al pretender imponerla enmarca emocionalmente el argumento minimizando principios y patrones de conducta sociales básicos en función de los requerimientos de su militancia. Si éstos son la defensa del cultivo de la coca ilegal, lo que emerge es la radicación de la indiferencia organizada a la legalidad cobijada por la condición racial del partido.
Para consolidar tal indiferencia, el partido incrementa su llamado emocional adoptando posiciones nacionalistas y de filiación regional o de rechazo global compartido por una amplia gama del espectro social. Lo primero les permite convocar un mayor concurso popular al punto de apoderarse de la causa nacional mediante la radicalización de los métodos de su defensa. Lo segundo les concede legitimidad externa entre los partidarios de la causa trasnacional (invocando, p.e., formas radicales de integración endógena o aliándose al sector extremo de los movimientos antiglobalización) expropiando en el proceso la argumentación básica de los que están de acuerdo con los requerimientos de la integración contemporánea y en desacuerdo con las injusticias del sistema internacional.
Este es el caso de los cocaleros bolivianos que, luego de establecer a este contenido de apariencia irracional pasan a la acción utilizando la organización del partido político para vulnerar los debilitados cimientos del Estado. Si en Bolivia, el MAS contribuyó a inducir la renuncia de una presidente legítimamente electo, ahora confronta a su sucesor restándole apoyo según convenga a las circunstancias y utilizando alternativamente la confrontación callejera o el discurso parlamentario. En el interim erosionan al régimen que trata con ellos y que, sin embargo, requiere su apoyo, complican el combate del narcotráfico y logran, en los hechos, la impunidad en la defensa de la coca ilegal (la ley no se les aplica para no agravar el conflicto).
Como resultado, la frontera entre lo ilegal y lo legal tiende a borrarse en sociedades como las andinas cuya debilidad institucional apenas logran establecer esa línea. Ello no sólo pervierte a la sociedad y cuestiona la viabilidad del Estado de derecho, sino que favorece al narcotráfico que se mueve con más facilidad en el mundo de la indefinición legal obtendiendo provecho de ambos lados de esa “frontera”. Si estas son las consecuencias de la emergencia de partidos como el MAS boliviano que desea institucionaliarse en el Perú y en otros países de la región estamos asistiendo entonces a un salto cualitativo en la naturaleza de la corrupción política arraigada en nuestros países.
Ello sería quizás menos preocupante si entre la fundación de la eventual institución y su capacidad de producir efectos políticos mediara un largo plazo que permitiera su más fácil control. Lamentablemente ese plazo no existe en el Perú. Es posible que en nuestro país la organización “indígena” pueda no ser activable de inmediato si las bases son las de las antiguas organizaciones campesinas que tienen otros intereses y filiaciones. Pero la organización cocalera no requerirá de demasiado empeño aglutinador si se toma en cuenta las ya existentes en los diferentes valles donde se siembra coca ilegal, la capacidad de movilización demostrada por las mismas, el activismo del liderazgo local, su acceso a los medios y hasta la disposición de figuras simbólicas.
Por lo demás organizaciones como el “movimiento humalista” –cuya vocación sediciosa se volvió a mostrar a inicios de año- siendo un rival que se disputa la misma clientela, facilitará el proceso de inserción de la organización política del movimiento cocalero mientras que la presencia del senderismo les será también funcional (el MAS se presentará como antisenderista pero las organizaciones cocaleras siguen negociando con la remanencia de esa entidad terrorista). Ambos actores son marginales se dirá, pero cuando pasan a la acción ciertamente son muy efectivos.
Y si la nueva organización política que ayude a formar el MAS no requiere de los largos plazos de afianzamiento local que debe costear todo partido nuevo, no es improbable que esa organización, en un marco de creciente movilización social, esté activa en las elecciones del 2006 si encuentran un líder de nivel nacional.
Éste no es el único riesgo sin embargo. Teneniendo en cuenta que los centros cocaleros ya no son sólo los valles del Alto Huallaga y Monzón o del Apurímac y el Ene sino que se desagregan entre Puno, Pasco, La Libertad, Cajamarca y Amazonas se verá que, de sur a norte, el conjunto de la ceja de selva peruana presenta complicaciones cocaleras aunque el área sembrada sea considerablemente menor (31 mil has. en el 2003 que se han incrementado en el 2004 ). El afianzamiento geográfico de un partido basado en organizaciones cocaleras tiene también esa proyección estratégica.
Ésta se complica por la presencia de 4 mil has. de coca ilegal en Puno (San Gabán) separadas ahora del nuevo centro cocalero boliviano (la región Yungas de La Paz que ha desplazado al Chapare en Cochabamba) sólo por la frontera altiplánica. La conexión entre las fuerzas del narcotráfico boliviano y peruano tendrá ahora una cobertura política que incrementará el progresivo deterioro de la naturaleza del altiplano peruano-boliviano y su vinculación con el Pacífico(Arequipa, Matarani, Ilo y Tacna) y la cuenca amazónica. Si el conjunto de la macroregión Sur puede quedar afectada por la proyección de los cocaleros bolivianos, la interacción de esa macroregión con los estados vecinos brasileños seguirá el mismo camino.
Y si hacia el norte la interacción de las FARC con el narcotráfico tiene el potencial de retroalimentar en el Perú, el vínculo financiero entre los movimientos chavistas venezolanos con el MAS boliviano (hipótesis en la que insisten las autoridades norteamericanas y no terminada de esclarecer por el líder del MAS, el señor Morales) asistirá en ese empeño. Ciertamente el encadenamiento trasnacional de la fundación de una partido cocalero peruano tiene el potencial para superar rápidamente su aparente modestia provinciana.
Si ello ocurriera la seguridad nacional se verá afectada por esta organización retroalimentando la vulnerabilidad de Bolivia. El Estado está en la obligación de tomar todas las medidas limitativas del caso en lugar de ignorar el hecho con el propósito de “no inflar” la figura del señor Morales. Su acceso debe ser restringido si éste viene a hacer proselitismo y a organizar un eslabón trasnacional de la cadena cocalera que desea fortificar.
Y si el señor Morales desea interactuar con organizaciones política legales peruanas éstas están en la obligación de reclamarle su desvinculación de la cadena del narcotráfico, la renuncia al financiamiento externo de fuentes oscuras y asegurar su compromiso con el Estado de derecho y el cumplimiento de la ley.
Las nuevas racionalidades que la modernidad alienta como fundamento de nuevos partidos políticos no pueden propiciar, adicional y solapadamente, la erosión de las precarias bases de Estados como el nuestro ya seriamente afectados por los rápidos cambios del sistema internacional. El MAS boliviano no puede pretender ser el acelerador de esos cambios perversos en nuestro país.
